Democracias en transición

Se habla comúnmente de procesos de transición a la democracia y no se repara en que la democracia, como realidad, puede no ajustarse plenamente, por imperfecciones y deficiencias, a la idea que se tiene de ella si se la entiende conforme el modelo de la democracia parlamentaria occidental. Por eso el título de esta nota. A los comentarios de días anteriores sobre lo que ocurre en la Federación Rusa, 20 años después de la desaparición de la URSS, con la contumacia putiniana en hacer caso omiso de los miles y miles de protestas que siguen cursando contra los resultados electorales de la última votación para la Duma, o contra los amaños establecidos por la pareja gobernante – Vladimir Putin y Dimitrio Medvedev – para seguir enquistados en el poder; al peso de esa inercia de 70 años de dictadura del Partido Comunista Soviético, se viene a sumar ahora el choque de la Comisión Europea con el Gobierno de Hungría – tan conservador, podría decirse, como el ruso – por el despliegue de unas prácticas legislativas de constitucionalidad más que dudosa, a las que se opone el Partido Socialista de allí.

Sobre el papel, cabe hablar en estos dos casos, el ruso y el húngaro, de que son más que sistemas democráticos a los que se ha llegado luego de respectivas transiciones, cabe hablar, digo, de democracias en transición más que de democracias de arribada. De sistemas cabales de libertad, asistidos por todos los correlatos institucionales que se derivan de la plena vigencia y observancia del principio de seguridad jurídica. Ese es el aspecto formal de la cuestión, de tan esencial importancia en el Estado de Derecho, sin el cual toda democracia se reduce a estricta pantomima.

Por eso se impone la conveniencia de comenzar a hablar de “democracias en transición”, ya que por más que teóricamente hayan dejado de ser dictaduras por los Gobiernos de partido único que las regían, unas veces adolecen de insuficiencias funcionales y de prácticas autoritarias, mientras que en otras, como es el caso de la partitocracia vigente en España, se producen extravíos graves del principio de seguridad jurídica que afectan a la independencia operativa de los poderes del Estado. El bloqueo jurisdiccional del Tribunal Supremo mediante el recurso al Tribunal Constitucional por iniciativas de los Gobiernos socialistas, desde la supresión por Felipe González del recurso previo de inconstitucionalidad (origen del gravísimo barullo estatutario actual en Cataluña) a la presión del Gobierno de Zapatero para que el actual Tribunal Constitucional enmendara la plana al Tribunal Supremo en sus resoluciones sobre la Ley de Partidos y de tal modo la nueva Batasuna regresará recrecidamente a las instituciones, al tiempo que los etarras presos rescataran los beneficios docentes para graduarse universitariamente, beneficios que el TS les había cancelado.

Desde esta perspectiva de computación de tan graves desviaciones del principio de seguridad jurídica, con todo lo que suponen de ventana de oportunidad para aventuras totalitarias, por su propia naturaleza y por la condición de sus beneficiarios (nazi/comunistas de libro), el sistema representativo español habría de catalogarse como de “democracia en transición”, de democracia imperfecta, afectada de transición involutiva.

Parece justo y puede ser necesario, en este inicio del nuevo ciclo político español, insistir en la depuración de toda partitocracia además de las urgentes reformas económicas. Todo queda por desandar tras de lo mucho irresponsablemente errado.