USA, deuda y política

El presidente Obama, en su papel y desde sus atribuciones, se ha dirigido “in extremis” a la nación en pos de un pacto sobre la deuda, pues el día 2 expira el plazo para que las Cámaras de Washington aprueben una capacidad estatal añadida de pago: otro tramo de endeudamiento, para poder hacer frente a las obligaciones con sus acreedores.

Aunque no es la primera vez que la Administración norteamericana se encara a una situación de extrema falta de liquidez, tras de la cual el paso que viene es el de la suspensión de pagos pura y dura, sí sucede, en cambio, que nunca como en esta ocasión había, como hay ahora, un asunto político de mayor cuantía.

Es problema de doble proyección y significado. Uno que es de política diríamos que ordinaria, pues lo que está en juego no es otra cosa que el agravado riesgo de que el presidente demócrata pierda las elecciones en noviembre del año que viene. Y otro de proyección y alcance sistémicos en lo social y en lo económico. Es la cuestión fiscal, que tiene atascado el carro, en el seno de la Cámara de Representantes; allí disponen los republicanos disponen de la mayoría. La polémica no es otra que la de si el equilibrio entre ingresos y gastos del Estado debe establecerse por la vía del crecimiento de la presión fiscal, o por la de la disminución del gasto público.

En esto último no hay nada nuevo. Es tan manido y viejo como la propia crónica de la vida parlamentaria moderna desde que se enfrentaron sus paradigmas respectivos el frente liberal y el de las propuestas de las izquierdas. Uno, con la apuesta por el menor Estado posible, porque la manipulación pública de los recursos rinde menos en términos económicos que en manos de la iniciativa privada. Y el otro, desde la socialdemocracia, con el razonamiento de que los Presupuestos del Estado son la herramienta capital para que el Estado subvenga adecuadamente a sus “necesidades” y pueda instrumentar la redistribución de la riqueza…

Cada cual, pues, va a lo suyo. En principio, por la defensa de la racionalidad económica en el manejo de los recursos nacionales, o por la puesta a favor de una dinámica que lleve otro reparto de la renta nacional. Dicho de otra manera, unos operan desde la defensa del principio de libertad individual, de la democracia de las libertades, y los otros desde el paradigma de la democracia para la igualdad.

Nada nuevo bajo el sol en el Washington de ahora mismo, en el que durante la noche del lunes se subió el presidente Obama al púlpito, sabedor de cuánto se juega él mismo más que propiamente la nación norteamericana, si el día 2 del próximo mes de agosto no se ha llegado a un acuerdo en la negociación entre los dos grandes partidos.

Al insistir los republicanos en que el buscado consenso lleve a un acuerdo en dos fases, que permita hacer los pagos del Estado más allá de la fecha tope sin que para ello se eleva la presión fiscal, no hacen éstos otra cosa que escindir en dos mitades el contenido del problema contable, que Obama ha presentado en su discurso como un solo y único asunto: el de las cuentas nacionales. Sin embargo, el meollo estriba en que las cuestiones son dos y no una sola. De una parte, los pagos del Estado, y de otra, los ingresos de votos que tenga la candidatura de Obama en las elecciones presidenciales del mes de noviembre de 2012.

La baza redistributiva de la riqueza, seña de identidad de su izquierdismo, es posiblemente la más importante que le resta a Barack Obama. Lo más probable, por tanto, es que los republicanos no se muevan de su oferta de acuerdo en las dichas dos fases. Fórmula que salvaría de la quiebra al Estado sin aumentar los impuestos; pero no a Obama de su quiebra electoral por esa misma razón. Unos y otros, en las Cámaras de Washington, se las saben todas. Y entre los receptores del mensaje presidencial, posiblemente lo sepa también la mayoría.

El desastre anunciado por Obama en caso de no haber el acuerdo que busca sería, antes que nada un desastre para él.