El eje franco-alemán, ante sus límites

El pulso que mantiene el Gobierno francés con los sindicatos ante la resistencia de éstos a la modificación legal en dos años de la edad mínima, de 60 a 62, para acceder a la jubilación, modificación que hoy se habrá de votar en el Senado, ha creado un estado de cosas muy próximo a lo que cabría considerar una emergencia nacional, por la extensión y diversidad de los sectores implicados en la protesta y los paros, especialmente en lo que respecta a los suministros y disponibilidad de combustibles, al encontrarse paralizado este circuito desde el plano básico de las refinerías hasta el nivel último de las gasolineras, al que se debe sumar el de los servicios aeroportuarios para abastecer a los aviones; a estos bloqueos ha de añadirse el de puertos como el de Marsella, en el que se encuentran fondeados numerosos petroleros que llegan desde el norte de África y el Oriente Medio, a su cadencia habitual de arribadas para el abastecimiento de las refinerías.

La tensión es de tal gravedad que el gobierno decidía ayer constituir una célula de crisis para habilitar las respuestas de emergencia que demanda la situación. Pero lo que más llama la atención en ese cuadro que presenta la Francia de ahora mismo, es lo temprano de la edad a que se accede allí al derecho de jubilación, y junto a ello lo modesto del cambio que el Gobierno pretende realizar, no ciertamente por la vía del decreto ley sino a través de las Cámaras que componen el poder Legislativo, al que soportan los votos de los ciudadanos.

Con todo, lo más destacable en tal situación no radica en la legitimidad democrática del Gobierno que procede a realizar ese cambio – legitimidad que se refuerza en el elevado coste electoral que ello habrá de suponer muy probablemente en su día -, sino en la realidad incuestionable del crecimiento del coste económico que supone el mantenimiento de las pensiones, derivado de la ampliación constante de las expectativas de vida y de las débiles tasas de natalidad francesas, como las del promedio europeo, acordes con el nivel de vida alto propio de las naciones ricas. En las antípodas de la mayoría de las europeas, esas a las que se puede aplicar aquello de Lanza del Vasto de que “fecundo es el lecho del pobre”.

Huyendo precisamente de la pobreza han llegado a la Unión Europea en el último medio siglo, masas de emigrantes procedentes de sus propios confines continentales, África y Asia, llevando en sus maletas y en sus almarios equipajes culturales de muy distinta condición, las más de las veces, de los propios y característicos patrones culturales de los países receptores. Descuellan entre todos esos diferenciados equipajes, por su índole y por su número, el que corresponde a los musulmanes. En su paisaje de destino – Suecia, Holanda, Reino Unido, Alemania, Francia y España – suelen no renunciar a su paisaje cultural de origen. Y al cabo, reclaman el multiculturalismo a beneficio de inventario: exigen la igualdad con los anfitriones, cuya identidad nacional menguan; pero, a todo trance, se reservan la propia identidad. Que en lo islámico es, revueltamente, cultural, política y religiosa. Y no regresan a su mundo, a su paisaje originario, porque lo llevan en la maleta y en su almario. Para sí y para sus descendientes y los descendientes de sus descendientes.

Asegura la canciller Merkel que en Alemania el multiculturalismo ha fracasado, entre otras cosas porque no aprenden alemán. Y afirma, al propio tiempo, que los alemanes se equivocaron cuando creyeron que esos emigrantes islámicos regresarían a sus países de origen. Pero ese fracaso del multiculturalismo de que habla la canciller tampoco ha prosperado en ninguna de los otras naciones europeas a donde alcanzó la alargada sombra del Profeta. Su cultura no se disuelve ni se mezcla con la propia de los lugares de acogida.

En Europa, más allá de Alemania y Francia, digerir el impacto islámico, define un límite para la política; y armonizar demografía y pensiones, es un límite para la economía.