Inédito conflicto diplomático

No es para menos el estupor del Vaticano por la que han armado las autoridades judiciales belgas con lo que, justamente, la autoridad de Roma denuncia como profanación de las tumbas de dos cardenales de la Iglesia Católica, el allanamiento policial de la morada de otro purpurado y la interrupción, asimismo por la policía, de las sesiones de la Conferencia Episcopal de Bélgica. Todo por el escándalo habido a causa  de los casos de pederastia que se denunciaron, en centros de enseñanza regidos por sacerdotes dependientes de la Iglesia, de la jurisdicción correspondiente al Arzobispado de Malinas-Bruelas, y cuyos responsables, de diverso nivel jerárquico, fueron debidamente sancionados por el Vaticano.

Más allá de los contextos jurídico-formales en que todas estas brutalidades judiciales se han producido con el pretexto de obtener pruebas sobre los referidos casos de pederastia a manos de sacerdotes, llama la atención el tremendismo del formato con que se han llevado a cabo las pesquisas. Y como no podía menos que ocurrir , la respuesta vaticana  cabe entender que ha sido tan proporcionada como atenida a las propias formas que las autoridades belgas han manifiestamente despreciado y arrollado hasta extremos de brutalidad.

La desproporción entre la materia procesal causante de las pesquisas policiales, unas determinadas pruebas cuyo particular no se ha determinado, y los umbrales de actuación a los que se ha llegado, como la apertura de las tumbas (¿qué podría esperarse encontrar dentro de ellas y entre los restos mortales de los dos cardenales muertos?, ¿rastros de ADN de los propios purpurados?); ante lo insólito de ese proceder, en el que es imposible no reconocer reiterados y sistemáticos componentes de saña y sectaria malevolencia anticatólica, se explica de manera muy sobrada la indignada reacción de monseñor Mamberti, secretario o ministro vaticano de Relaciones con los Estados.

Cierto es que al denunciar esta jerarquía de la diplomacia vaticana que se había violado policialmente el derecho a la intimidad, la confidencialidad, de ciertas de las víctimas de la pederastia sacerdotal que denunciaron las prácticas padecidas aunque sin querer llevar sus respectivos casos a los tribunales, se ha venido a plantear una situación tan delicada como conceptualmente imprecisa. Me refiero a si esa diría que reserva de conocimiento, por parte de la jurisdicción eclesiástica, de unos hechos constitutivos de delito, era una reserva improcedente. Tanto como que esa competencia eclesiástica sobre los suyos habría de haberse cedido de inmediato al Estado, como tutor natural y propio del orden público violado por los pederastas.

Sea como fuere, lo cierto es que el modo de operar de la Fiscalía belga no ha sido ni remotamente el propio de una equidad formal, atenida al principio de economía de conflicto que debe regir siempre en la relación entre dos poderes de tan distinta naturaleza, como son, estén concordados o no, los poderes del Estado y de la Iglesia. Pues ésta es, al menos, referente de adhesión y pertenencia afectiva; objeto de fidelidad que mueve a las mayorías sociales en el espacio europeo del orbe católico. Hay la sobrada impresión de que en esta brutalidad procedimental de la policía de Bélgica, y de las instancias que la han activado, pesó infinitamente menos la prudencia del buen gobierno que el sectarismo anticatólico de algunos gobernantes belgas.