Malditos beneficios caídos del cielo

Nadia Calviño en el pleno del Congreso

Congreso. esNadia Calviño

A finales del pasado mes de marzo, con el agua rebasándonos ya el cuello, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, aseguró que el objetivo del Gobierno no solo era reducir los beneficios caídos del cielo de las eléctricas, sino eliminarlos. Contundente, afirmó que no podía permitirse que ese tipo de ganancias estuvieran engordando hasta límites insospechados las cuentas de resultados de las empresas energéticas. Tenía razón, no tanto política como económica. No obstante - esto no lo dijo -, para el gobierno seguía siendo más cómodo apostar únicamente por fijar un tope al precio del gas aprobado por la UE y propuesto de manera conjunta por España y Portugal que tocar las narices al poderoso sector involucrado. Mientras esperábamos la autorización al límite en el precio máximo del gas, otra vicepresidenta, la tercera, y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró que se trataba de evitar rentabilidades para las compañías eléctricas que estuvieran “por encima de aquello que es razonable” y solo podían ser imputadas al desorbitado crecimiento del precio del gas. ¡Qué menos podían esperar las familias, los negocios y las Pymes de un gobierno que presume de progresista!

Sin embargo, ¡qué menos o qué más!, nuestro gobierno continuó echando balones fuera cuando se “sugería” implantar con carácter inmediato la única medida lógica y efectiva para lograr el objetivo proclamado y que otros países europeos hacía semanas que habían implantado: un impuesto especial sobre esos beneficios caídos del cielo o, más bien, del infierno de una guerra, también de la creciente demanda en Asia, y que suponen una carga insoportable para los consumidores. Lo hicieron primero Italia y Reino Unido, con gravámenes específicos sobre los beneficios de las empresas energéticas derivados de la escalada de precios del gas, el petróleo y la electricidad. Después, Hungría, Rumanía y, en el caso más extremo, Grecia, donde dicho impuesto es del 90% y afecta asimismo a empresas de otros sectores en principio menos “sospechosos”, como bancos y aseguradoras.

Y, por favor, que no nos confundan, la medida no va (solo) de progresismo. Gran Bretaña y Grecia están gobernados por partidos conservadores, Hungría por una formación ultraconservadora e Italia tiene al frente al liberal Mario Draghi, cuyo currículo como experto en apagar fuegos económicos es de sobra conocido. Fue él, de hecho, el primero en establecer ese impuesto del 10% sobre el windfall profit, que posteriormente subió al 25%, aplicándose además con carácter retroactivo desde octubre de 2021. No se me ocurre nada más valioso, sobre todo en tiempos tan difíciles, que tener al frente del país a un gestor que establezca medidas sabiendo de antemano el objetivo que persigue y que, en lugar de preocuparse por seguir en el poder, se mueva buscando lo mejor para sus ciudadanos. Draghi hizo números y una vez que tuvo claro el objetivo y lo que necesitaba para llevarlo a cabo, implantó la medida. Calculó que había que recaudar 14.000 millones de euros para financiar el paquete de ayudas destinado a los consumidores y empresas afectadas por la escalada de precios energéticos. Punto. Después lo ejecutó sin que le temblara la mano, a pesar de la soberbia protesta del sector contra una tasa que considera injusta y punitiva, cuando la realidad es que el impacto en sus cuentas es, con perdón, calderilla respecto a sus millonarias ganancias.

En el caso británico… digamos que Boris no es Mario. El premier británico empezó resistiéndose a la medida, pero tuvo reflejos suficientes para recular cuando creció la presión de los laboristas y buena parte de la opinión pública. Bastante tenía ya con el escándalo de las dichosas fiestas. Así que él también hizo cuentas, aunque, al contrario que Draghi, las suyas fueran de votos y de apoyos en su propio partido. Así, bajo la sombra de una indeseada mudanza, acabó dando uno de esos volantazos políticos que evitan in extremis estrellarse en la cuneta. Y al ministro británico de Economía, Rishi Sunak, le tocó salir a escena para interpretar otro baile tan común como el anterior en política, tirar de eufemismo para no reconocer, eso jamás, una marcha atrás. Cualquier cosa, siempre que no suene a rectificación. Bautizaron al nuevo impuesto como “tasa finalista y temporal sobre los beneficios energéticos” y así, tontos todos, nadie se daría cuenta de que se trataba precisamente de la windfall tax, tasa sobre los beneficios caídos del cielo que reclamaba la oposición laborista.

¿Y Aquí? Pues ya lo saben, aquí de momento nada remotamente parecido. Mathias Cormann, máximo responsable de la OCDE, aprovechó su intervención en el foro de Nueva Economía celebrado en Madrid para “recomendar” precisamente eso, un impuesto temporal a las eléctricas que compensara la subida de la factura de la luz a los consumidores y empresas afectadas. Se tomó incluso la “molestia” de justificar lo aparentemente justo: “Dados los beneficios de las empresas energéticas, asociados al fuerte incremento de los precios, hay capacidad para aumentar el nivel de impuestos que están pagando las empresas de este sector y redirigir parte de ese dinero a medidas que amortigüen el impacto”. Parece bastante sensato e incoloro. Porque no se trata de una medida política, es económica y así debería plantearse. Tampoco es sobre todas las ganancias de esas empresas ni para siempre. Igual que a esos beneficios se los considera extraordinarios, o caídos del cielo, la tasa sobre los mismos es puntual y tiene ese mismo carácter de excepcionalidad coyuntural.

Según los expertos, en estas condiciones de mercado los beneficios de las empresas eléctricas pueden llegar a aumentar en 200.000 millones de euros, por lo que una subida de impuestos en estas circunstancias es, más allá de otro tipo de consideraciones, “una medida más que justificada” para ayudar a reducir sin más dilación la carga energética de los consumidores. La quiebra de familias y pequeñas empresas no beneficia a nadie. Tampoco a un gobierno al que, en algún momento, se le acabará la “suerte” si sigue empeñado en caminar por la cuerda floja confiándose solo a la red de la UE. Y si, al final, no podemos evitar traer a colación, en mi opinión resulta además tan lógico como sano, esas otras consideraciones que van más allá de lo estrictamente económico, la situación actual resulta insostenible, injusta, contraria a lo equitativo, a lo correcto, a lo recíproco. Sí, lo justo y su contrario son entes por completo subjetivos, así lo admitían los antiguos juristas romanos, aunque Justiniano se atreviera a definir la justicia como la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno lo que se merece desde un enfoque que abarca la distribución de pérdidas y beneficios. Así se supone que funcionan en Europa los sistemas impositivos de nuestra política basada en el bienestar social. Otro día, si les parece bien, hablaremos de los otros impuestos…

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