Septiembre (II)

Cándido Conde-Pumpido, máximo candidato a la presidencia del TC.

EFECándido Conde-Pumpido, máximo candidato a la presidencia del TC.

Septiembre es también el mes en el que política y justicia se golpean con saña para hacer valer sus intereses. En otoño se vuelven a escenificar, con más intensidad si cabe, las ansias de control de los grandes partidos sobre el estamento judicial. Primer asalto: antes de que se vuelva a la carga con la renovación pendiente del Consejo General del Poder Judicial, a la que se niega el PP con excusas un tanto perversas y escasamente democráticas, el Tribunal Constitucional debe elegir nuevo presidente y antes renovar a cuatro de sus miembros, lo que significará el cambio de tendencia de este, de conservador a progresista.

Paradójico resulta, como poco, que el gobierno de los jueces pueda elegir a sus dos candidatos al TC -los otros dos los aporta el Ejecutivo- cuando no está capacitado para cubrir las numerosas vacantes que se acumulan en sedes judiciales de toda España. Y no lo está desde que Sánchez, intentando provocar la rápida renovación del CGPJ, modificó la ley para que este no pudiera hacer nombramientos estando en funciones, como es el caso. Pero ahora resulta necesaria esta bochornosa aportación puntual y exclusiva de los jueces para que el Ejecutivo pueda cambiar el signo del Constitucional y poner al frente del mismo a alguien de su máxima confianza. Veremos que hace Carlos Lesmes este próximo jueves.

Si no hay rebelión, en forma de negativa del CGPJ a elegir a sus dos candidatos, el nuevo presidente del TC será, si se cumplen los designios de Pedro Sánchez, Cándido Conde-Pumpido, ex fiscal general del Estado con Rodríguez Zapatero y autor de aquella celebre máxima de que “a veces es necesario mancharse la toga con el polvo del camino”, mucho más vigente hoy que ayer.

Muy cercano a los socialistas, como quedó demostrado cuando recientemente descalificó jurídicamente a sus compañeros del Constitucional por votar contra el estado de alarma, Moncloa precisa de alguien del perfil de Conde-Pumpido para abordar lo que viene por delante; temas sumamente sensibles, en los que a lo mejor es necesario ensuciarse la toga, como el ingreso o no en prisión de José Antonio Griñán antes de que sea indultado, la Ley Celáa, la ley de la eutanasia, la de la memoria histórica y hasta la del aborto, sin olvidarse del uso del castellano en las escuelas catalanas.

Aunque no parece probable, a Conde-Pumpido sólo le podría arrebatar la presidencia del TC María Luisa Balaguer, progresista también y más del gusto del sector morado del Gobierno por su perfil femenino, mucho más social y menos político que el del favorito. A Balaguer la podrían votar todos aquellos miembros del TC -progresistas y conservadores- que no quieran a alguien tan estrechamente cercano al PSOE en la presidencia.

También el Tribunal Supremo tiene en vilo al Gobierno, en este caso a socialistas y morados por igual, ante la posibilidad, lejana pero posibilidad, de que el Alto Tribunal echara abajo los indultos a los dirigentes independentistas catalanes, lo que supondría un duro contratiempo para los intereses de Pedro Sánchez. El Supremo, también, debe hacer pública en los próximos días la  sentencia completa de los ERE de Andalucía, que ha condenado a dos presidente del PSOE y que como hemos dicho podría llevar a uno de ellos a la cárcel. Muchísimo polvo en esta rentré político-judicial.

En Septiembre vuelve también a escena esa otra política de fosa séptica que vive más en los juzgados que en los parlamentos. Esposados al Código Penal, el otoño vendrá repleto de fulanos que desde el servicio público se acabaron pasando al lado oscuro y han terminado encontrando acomodo en el banquillo de los acusados, bajo esa premisa siniestra de que como el dinero público no es de nadie, puede ser de cualquiera.

Somos un país donde la corrupción ha estado, durante demasiado tiempo, intrínsecamente ligada a la política cotidiana. No hay día, repito, no hay día en el que algún medio de comunicación de cualquier punto de España no publique alguna noticia relacionada con la corrupción de dirigentes -locales, autonómicos, nacionales- de algunos de los partidos que, mayoritariamente, se han sentado permanentemente en el Congreso de los Diputados. Y no hay país de nuestro entorno donde la corrupción política tenga el peso específico que soportamos en este.

Tras haber sido declarado inocente en las nueve piezas anteriores en las que había sido imputado, Francisco Camps volverá a sentarse en el banquillo en el último caso de la trama Gürtel: el del stand de Fitur que la Comunidad Valenciana encargo a las empresas de Francisco Correa. Eduardo Zaplana y el ‘caso Erial’ también están a punto. Como también lo están los papeles de Bárcenas; el caso Púnica y el sorprendente sobreseimiento de Esperanza Aguirre; y el ‘caso Lezo’ con otro expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, acusado de corrupción por saquear esa maquina de expender dinero que ha sido el Canal de Isabel II para muchos dirigentes del Partido Popular.

También está pendiente de juicio Alfredo Prada, que fuera igualmente miembro de uno de los gobiernos de Aguirre, para quien se piden 8 años de cárcel por las adjudicaciones del Campus de la Justicia. Y por supuesto el ‘caso Kitchen’, con Jorge Fernández y Francisco Martínez, ministro y secretario de Estado de Interior, respectivamente, ya procesados pero con la vista puesta ahora en María Dolores de Cospedal, que parecía salvada, a la que unas nuevas y comprometedoras grabaciones del ínclito Pepe Villarejo han vuelto a colocar al borde del banquillo.

Por lo que se ve, y a la espera del indulto del expresidente del PSOE, mucho PP en la temporada judicial otoño-invierno de corrupción política en nuestro país, y con ambos partidos disputándose el control operativo de togas y birretes.