¿Cuánto dinero cuesta una violación?

Policía de Estepona

Juan Carlos, Vicente Julián y Celso son los nombres de tres violadores confesos recientemente juzgados que en contra de toda lógica no están en prisión. Sin temor a equivocarnos podemos decir que amparándose en la Ley estos delincuentes están en la calle sin haber cumplido las durísimas penas que exige el Código Penal para sus delitos. Lo han conseguido gracias a sendos acuerdos de conformidad entre las partes, cierta cantidad de dinero, el pago de las costas y la obligatoriedad de asistir a cursos de educación sexual.

Dos de ellos, Juan Carlos y Vicente Julián, eran policías locales en Estepona, Málaga, y cuando sucedieron los hechos estaban de servicio. Y el otro, Celso, encargado de una finca en Archena, Murcia, era el jefe de la agredida.

En 2018, los dos primeros, vestidos con su uniforme, se personaron en casa de su víctima, de 18 años, a la que poco antes habían parado en un control de alcoholemia, la agredieron y la violaron. En 2019, el tercero, subió a su furgoneta a una de sus trabajadoras, la llevó a una de las fincas que estaban recolectando y le dijo que se callara y que hiciera lo que él le pidiera: como ella se negó, la cogió por el pelo, la golpeó reiteradamente y tras arrancarle la ropa la metió a la fuerza en la parte de atrás del vehículo y primero la violó y después la obligó a que le hiciera una felación. Y cómo hables, la amenazó después, tú y tus paisanos -ella es de nacionalidad paraguaya- os vais a quedar sin trabajo.

Todo lo escrito anteriormente está probado. Ellos lo confesaron en sede judicial. Pero sendos acuerdos de conformidad concretados estas últimas semanas los han puesto en la calle gracias, fundamentalmente, a la sorprendente y permisiva actuación del Ministerio Fiscal, que en el caso de Estepona, por ejemplo, llegó incluso a bajar la petición de 30 a sólo dos años de prisión cuando la defensa pidió llegar a un acuerdo. Y otro tanto en el caso de Archena, donde tras aceptar también el acuerdo que le pedía la representación de la víctima y solicitar sólo dos años de cárcel para el encargado, estuvo de acuerdo en que el acusado no ingresara tampoco en prisión porque no tenía antecedentes violentos ni de ningún tipo. En resumen: dos años de condena máxima en ambos casos, porque un tribunal no puede sentenciar jamás a una pena superior a la que pidan la Fiscalía o las acusaciones particulares.

Isabel Tobeña, portavoz adjunta de Juezas y Jueces para la Democracia, declaraba en El País que aunque ve “incomprensibles” estos acuerdos, la realidad es que se producen, pero cuando esto sucede la Fiscalía no sólo puede, sino que "tiene el deber" de seguir adelante, aunque la víctima se retire del proceso, como recoge el propio Código Penal. El artículo 191, añadía Tobeña, señala que "para proceder por los delitos de agresiones, acoso o abusos sexuales, será precisa la denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o la querella del Ministerio Fiscal" y, como señala también el citado artículo, "en los delitos de violencia sexual el perdón del ofendido o del representante legal no extingue la acción penal ni la responsabilidad consiguiente".

Juan Carlos y Vicente Julián, los dos policías de Estepona, fueron condenados a los dos años que pidió el fiscal tras aceptar los hechos y pagarle 80.000 euros a la víctima, aunque realmente se lo pagaron los padres de ambos. Además, no tuvieron que ingresar en prisión porque el Tribunal decidió suspender la pena de dos años por libertad vigilada ya que, podía leerse en la sentencia, no parece probable que vuelvan a reincidir. Pedro Molero, presidente de la Sala que emitió un voto particular contra todo el fallo, señalaba que "no hay dato alguno que permita pronosticar que ninguno de los penados vuelva a cometer hechos de similar naturaleza en el futuro".

A Celso, el encargado de una finca en Archena, la violación le salió aún más barata: apenas 6.000 euros para la víctima, el pago de las costas del juicio y una pena de dos años que también ha sido suspendida por cinco años de libertad vigilada y la promesa del violador de que no volverá a delinquir.

Ambos casos dejan al descubierto la triste realidad de que no siempre la aplicación de la Ley es sinónimo de Justicia. Y aunque resulta comprensible, siempre lo es, la postura de las víctimas de no volver a recordar las vejaciones sufridas, de no estar en boca de todos los medios como en el caso de la manada y de tratar de olvidar lo que resulta tristemente inolvidable, no lo es tanto la de la Fiscalía que, por ejemplo, en el caso de Estepona bien pudo bajar su petición de 30 a 10 o cinco años y no dejarlo en el equivalente a robar en unos grandes almacenes y perdonen por la exageración.

Lo mismo podríamos decir del caso de Archena, donde además hubo violencia, hostias y amenazas contra la víctima por parte del que además era su superior, laboralmente hablando. Pese a la violación y los golpes, a la Fiscalía no le tembló el puso a la hora de pedir para el acusado tan solo dos años de prisión; un acusado que, recalcaba el Ministerio Fiscal en tono comprensivo, no tenía antecedentes violentos antes de estos hechos.

Todo esto nos lleva a la triste conclusión de que violar a una mujer tiene un precio muy bajo y exclusivamente económico. El mensaje que sentencias como estas lanzan a la sociedad y a los futuros violadores es que no es para tanto el delito y que salir bien parado de violar, abusar o golpear brutalmente a una mujer es tan sólo una cuestión crematística. Y para la víctimas, al margen de que prefieran llegar a un acuerdo, decisiones como estas se convierten en una segunda violación: la primera tiene lugar cuando suceden los hechos y la segunda cuando la aplicación de la Ley deja en libertad a sus violadores.

La siniestra pregunta que se hacen muchas asociaciones judiciales y asociaciones de víctimas es la que lleva por título este artículo: ¿Cuánto dinero cuesta una violación? La respuesta, a la vista de los acontecimientos, es tan sencilla como indecente: a Juan Carlos y Vicente Julián les ha salido por 40.000 euros a cada uno y a Celso por 6.000; además de dos años de prisión que no se cumplen, las costas judiciales pertinentes y, por supuesto, un curso de educación sexual para que en el futuro aprendan a comportarse correctamente con las mujeres y no vuelvan a las andadas. No es mucho, la verdad.

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