Mónica Oltra no ha dimitido para estar a la altura de las circunstancias o porque crea, como creía antes, que es lo que debe hacer un político cuando se encuentra en una situación tan complicada como la suya. Ni tan siquiera se ha ido por estar imputada por prevaricación, abandono de menores y omisión de la persecución de delitos. Y tampoco coge la puerta por estar acusada de haber orquestado, según el auto del TSJ, una "instrucción paralela" para "o bien proteger a su entonces pareja o bien proteger la carrera política de la aforada".

Oltra se ha ido cuando se ha enterado de que si no lo hacía la echaban, y no porque le haya entrado repentinamente un ataque de ética y estética, un ramalazo de integridad o porque se haya dado un fuerte golpe en la cabeza. El presidente de la Generalitat valenciana ha sido plenamente consciente de que o amenazaba sin ambages a su hasta entonces 'número 2' o corría el riesgo de que el "caso Oltra" acabara convirtiéndose también en el "caso Puig".

La historia, sórdida historia, es de sobra conocida: en 2017, una menor acusó a Luis Eduardo Ramírez Icardi -marido de la ahora dimitida cuando ocurrieron los hechos- de abusar sexualmente de ella en el Centro de Acogida del Niño Jesús, donde él trabajaba, y que dependía orgánicamente de la Consellería que dirigía su entonces esposa. El exmarido fue condenado en 2019 a cinco años de prisión por los abusos y lo que ahora se quiere aclarar es si hubo, además, "una instrucción paralela" desde el departamento que entonces dependía de Oltra para encubrir los hechos, con el grave perjuicio para la víctima que esto suponía, y de paso salvaguardar a la institución, a la Generalitat, al exmarido y a ella misma.

Por mucho que recientemente dijera, con la prepotencia y la chulería que siempre ha caracterizado su deambular político, que "ni hay causa ni la va a haber", el auto de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia es demoledor. En él se acusa a Oltra de que, en contra de lo afirmado por ella, "conoció estos hechos desde el principio, bien por comunicación de alguno de sus subordinados -hay 13 cargos y funcionarios imputados-, bien por sencillamente comentárselo su marido". El escrito destaca que está fuera de toda duda "la pantalla dispuesta con el fin de evitar contribuir a la debida investigación de los hechos y proteger como era su deber a la menor, evitando la victimización secundaria que ha provocado el tratamiento que se dio a su denuncia".

Pese a la rotundidad del auto del TSJ, y a lo que hasta la fecha la ya expresidenta había mantenido sobre los políticos imputados, Mónica Oltra se había negado a dimitir de sus cargos hasta que este martes Ximo Puig lanzó el claro mensaje de que o dimitía o la cesaba.

Parapetada en el acuerdo del Botànic y en lo peligroso que sería para el presidente la ruptura del acuerdo que le llevó al poder, Oltra quiso estirar la cuerda al máximo y hacerse fuerte; se fue de fiesta el fin de semana en busca de abrazos y aliados, saltó y bailó hasta cansarse y echó mano de un sinfín de tópicos y argumentarios de primaría sin contar con que la última palabra de este caso, políticamente hablando, por supuesto, no la iba a tener ella.

La hemeroteca no perdona. Y a la exvicepresidenta bien le podríamos aplicar el cuento ese de que quien a hierro mata, a hierro muere. "Si yo estuviera imputada, en nombre de la política y de la moralidad me iría a casa", le había dicho Oltra a Francisco Camps en sede parlamentaria, cuando el entonces presidente era investigado por el caso de los trajes del que finalmente fue absuelto.

Olvidándose de la moralidad y de la política, de la ética y de la estética, Oltra no quería irse a casa, aunque su desfachatez acabara provocando un terremoto político en Valencia. Como muy bien escribía Elena Valenciano en República, "si algo aleja a la ciudadanía de la política progresista es el escandaloso doble rasero, la incoherencia y la impresión de que, en este caso, Oltra antepone su interés particular al interés común".

Y tiene razón Valenciano cuando afirma que esto va de coherencia y también de integridad, de que si le decimos a los otros lo que tienen que hacer en determinadas circunstancias, no es de recibo democrático cambiar las reglas del partido cuando el afectado es uno de los nuestros. Esto no va de que después sea declarada inocente o culpable, que esa es otra historia que nada tiene que ver con la política sino con el Código Penal; y tampoco va de siglas -no hay ninguna en todo el artículo- sino de valores y de principios; valores y principios que cada vez escasean más en un amplio sector de nuestra clase política -Oltra es un claro ejemplo- para quienes el fin justifica los medios y la verdad sólo es importante cuando ratifica lo que ellos piensan.