Los Mossos, una clave tras el 155 que pocos han leído

Ya llegó el 155. Conviene leerlo, y como va después del 154, leer este también, que dice literalmente: “Un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad”. Después, el 155, que no suspende ninguna autonomía aunque algunos se cansen de repetirlo, establece que “si una Comunidad Autónoma no cumpliere con las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, previo requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma, y en el caso de no ser atendido, con la aprobación por la mayoría absoluta del senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso o para la protección del mencionado interés general. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas”. De la lectura de ambos artículos nadie puede concluir que se suspenda la autonomía. Existe una coerción del Estado, evidentemente, porque previamente, como es el caso, se han producido violaciones de la legislación vigente que atentan contra el interés general de España, y de Cataluña, claro.

El 155 se pone en marcha después de que hoy haya vencido el plazo que le dio el presidente del Gobierno de España, mariano Rajoy, al presidente de la Generalitat para responder nítidamente a la pregunta de si había declarado la independencia de Cataluña el pasado día 10. Curiosamente, la carta remitida hoy por Puigdemont a Rajoy contiene la respuesta más clara dada hasta el momento, y de modo negativo, cuando le dice que aunque el Referéndum del 1-0 decidió la independencia “con un porcentaje superior al que ha permitido al Reino Unido iniciar el proceso del Brexit y con un número de catalanes mayor del que votó el Estatut d’Autonomia de Catalunya”, para añadir que “el 10 de octubre el Parlament celebró una sesión con el objeto de valorar el resultado del referéndum y sus efectos, y donde propuse dejar en suspenso los efectos de aquel mandato popular”, para terminar amenazando con proceder a votar la declaración formal de independencia si el Gobierno “persiste en impedir el diálogo y continuar la represión”.

Como tantos otros artículos de la Constitución, el 155 requiere de una aplicación progresiva, transita un territorio complejo que hasta la fecha no se había dado y solo generará problemas si la Generalitat insiste en la desobediencia permanente, que es más que probable que se produzca. Incluso, Carles Puigdemont ya ha hecho mención, sibilina como todo lo suyo, a una suerte de transferencias de poder a instituciones locales, lo cual recuerda a hechos sucedidos hade dos siglos que pueden tener consecuencias graves.

Una de las claves estará en cómo actúen los Mossos de Esquadra una vez que empiece el Gobierno a tomar decisiones tras la aprobación en el Senado. Si Puigdemont envía a su gente a tratar de impedir que se cumplan las ordenes que lleguen desde Madrid, las Fuerzas de Seguridad tendrán que intervenir seguro, y no con abrazos precisamente, sino con material antidisturbios. Y si los Mossos no acatan esas órdenes tendrán que actuar de nuevo la Policía Nacional o la Guardia Civil. Otra cosa es que una sde las primeras decisiones que se adopten eea la de relevar a los mandos principales de los Mossos, que no es descartable.

Hay una coincidencia general en él a día de hoy el problema tiene dos soluciones. O un Referéndum pactado con el Gobierno de Madrid, que llegados a este punto no parece posible, o la convocatoria de unas elecciones autonómicas. Pero claro, esta última decisión corresponde al presidente de la Generalitat, que no parece por la labor a estas alturas del conflicto. ¿Será relevado Puigdemont para que su sustituto, quizá el delegado del Gobierno, disuelva el Parlament y convoque a las urnas? Es una de las alternativas, para llegar a un final deseado por un camino que no es el idóneo.

La situación es compleja, sin duda. No hay soluciones mágicas. Ha llegado la hora de que los políticos se retraten. En Cataluña no rige la Constitución, no existe seguridad jurídica, y el Gobierno de España no puede permanecer como espectador impasible ante los graves problemas políticos que, además, han generado una fractura social que tardará en repararse. La irresponsabilidad insuperable de los políticos independentistas y quienes les apoyan ha generado una situación que perjudica el crédito político y económico de España y por lo tanto de Cataluña, en todo el mundo. El Parlamento ha sido sustituido irresponsablemente por la agitación dirigida desee asociaciones a las que nadie ha votado. Una situación inédita e insólita que requiere de soluciones urgentes en defensa de la legalidad y de todos los ciudadanos.