Apenas han pasado dos semanas desde la constitución de los ayuntamientos y la huella de Vox en los municipios en los que gobierna, en su mayoría en coalición con el PP, ya empieza a notarse. El partido de Santiago Abascal se ha propuesto llevar a todas las instituciones, consistorios incluidos, su llamada 'batalla cultural', una ofensiva dirigida principalmente contra los derechos LGTBI y los avances feministas y que también incluye, entre otras cosas, más toros, censura cultural e incluso menos carriles bici. Pero que se traduce sobre todo en mucho ruido en forma de exabruptos y declaraciones y gestos cargados de polémica. Eso sí, aunque solo llevan 14 días gobernando la derecha y la extrema derecha han tenido tiempo en algunos municipios para subirse el sueldo como primera medida.
La formación de Abascal amasó en las pasadas elecciones del 28M un gran poder municipal. Cuenta con responsabilidades de gobierno en 140 ayuntamientos, en su mayoría con el PP, de los casi 1.000 en los que logró representación, entre ellos cinco capitales de provincia: Valladolid, Burgos, Guadalajara, Toledo y Ciudad Real, que gobernará con los populares. A todo ello hay que sumarle lo conseguido por ahora a nivel autonómico: la presidencia de tres cámaras -las Cortes valencianas, las de Aragón y el Parlamento de Baleares-, así como un gobierno de coalición con el PP en la Comunidad Valenciana con una vicepresidencia y tres consejerías, y en Extremadura con una cartera.
Todo un escaparate institucional con una visibilidad sin precedentes para difundir sus discursos e ideas que la formación de ultraderecha no piensa dejar escapar. Por ello, no es casual el perfil elegido, "los más cualificados" según Iván Espinosa de los Monteros, de los presidentes de los tres parlamentos autonómicos que controla: machistas, homófobos, racistas, ultracatólicos, negacionistas de la violencia de genero y del cambio climático y antiabortistas. Toda una declaración de intenciones por parte del partido de ultraderecha sobre la 'batalla cultural' que piensa dar volviendo, incluso, a generar debates ya ampliamente y hace tiempo superados socialmente. Una agenda de retrocesos sociales que más allá de las autonomías comienza a plasmarse en los ayuntamientos en los que gobierna o tiene representación.
Un 'estreno' a nivel municipal que ha coincidido con el Día del Orgullo LGTBI, el pasado 28 de junio, una fecha en la que Vox ha aprovechado para reducir, o al menos intentarlo, las banderas arcoíris en señal de apoyo al colectivo en edificios públicos. Las políticas feministas también se han convertido en uno de sus objetivos en sus primeros pasos en los consistorios, en muchos de los cuales han desaparecido las concejalías de Igualdad o han sido sustituidas por otras como la de Familia. La negación de la violencia machista y su invisibilización mediante el término violencia intrafamiliar o la eliminación de puntos violetas son otros retrocesos en los derechos de las mujeres en estos municipios.
La guerra a los carriles bici, la eliminación de restricciones a la circulación a los coches o la paralización de peatonalizaciones son otras medidas que ya empiezan a ponerse en marcha. Al igual que una suerte de 'inquisición' cultural con la censura de obras de teatro como ha ocurrido con una obra de Virginia Woolf en el municipio madrileño de Valdemorillo, al tiempo que en otros se da un impulso a los espectáculos taurinos. Pero dentro de esta guerra cultural, una de las 'sorpresas' que se guardaba la formación de ultraderecha en algunas localidades en las que gobierna junto al PP ha sido aprovechar sus primeros días en el cargo para subirse el sueldo.
A continuación, recogemos el rastro de Vox y las principales polémicas que ha protagonizado estas dos semanas en las decenas de municipios en los que gobierna o tiene representación:
La guerra de las banderas LGTBI
La irrupción de Vox en las instituciones ha llevado al colectivo LGTBI a celebrar este año un Orgullo más necesario que nunca para advertir tanto a la extrema derecha como al socio con el que está condenado a entenderse, el PP, que no piensa consentir ni un paso atrás en sus derechos. Todo ello después de que Vox desplegara una 'lona del odio' en plena calle Alcalá de Madrid,, un cartel, ya retirado por orden de la Junta Electoral Central, que mostraba a una mano, con pulsera de la bandera española incluida, arrojar a la basura la bandera arcoíris entre otros logos como el del movimiento feminista o la Agenda 2030.
Una de las primeras polémicas en torno a la celebración del Orgullo se registró el 20 de junio en la localidad valenciana de Náquera, donde gobierna Vox tras pactar una serie de medidas con el PP, entre las que se incluye la retirada de la bandera LGTBI de los edificios institucionales. Un veto que recibió una fuerte contestación por parte de vecinos que tiñeron de arcoíris sus balcones, además de celebrarse en las calles del pueblo una manifestación en la tarde del miércoles bajo el lema 'Náquera Orgullosa'.
Manifestación de colectivos en defensa de los derechos LGTBI en Náquera en contra de la prohibición de colgar bandera arcoíris en edificios oficiales acordada por PP y Vox. EFE
También el pasado día 20 en Torrijos (Toledo), el equipo municipal, formado por concejales de PP y Vox, retiró la bandera arcoíris de la fachada del Ayuntamiento alegando que ya había otra en la Plaza de España de la localidad, aunque, según diversas entidades del colectivo, siempre ha habido dos banderas.
En Toledo capital, donde gobierna el PP en coalición con los de Abascal, se celebró el pasado domingo el Orgullo sin que la bandera LGTBI ondeara en el Ayuntamiento, después de que los populares no consiguiera un consenso con Vox sobre este tema.
Sin embargo, fue el pasado miércoles, Día del Orgullo LGTBI, cuando esta cruzada contra la bandera del colectivo se hizo más patente, desapareciendo de varios consistorios en los que tiene responsabilidades de gobierno Vox como Valladolid, Burgos, Ciudad Real, Oropesa, Vegas del Genil, Alcalá de Henares, Algete o Boadilla del Monte. En otros municipios donde no gobierna han exigido la retirada del emblema LGTBI en la fachada del Consistorio o de la iluminación con los colores del arcoíris como en Mérida, Badajoz, Santander o Zaragoza y en otros incluso lo ha denunciado ante la Guardia Civil como en los municipios granadinos de La Zubia y Cenes de la Vega.
En esta cruzada contra los símbolos del colectivo, un edil de Vox en Mérida, Francisco Piñol, se ha pasado de frenada y ha llegado a equiparar bandera LGTBI con "la bandera de los pedófilos". Unas declaraciones que ya han sido trasladadas a la Fiscalía de Delitos de Odio por la Fundación Triángulo y que el portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, ha atribuido este "error" a su inexperiencia en el cargo.
Un concejal de Vox en Mérida sobre la 🏳️🌈, un posible delito de odio:
"Cualquier día veremos la bandera de los pedófilos". pic.twitter.com/hMhQKyUNyB
— Diego FS 🌿 (@DiegoFSRB) June 29, 2023
Curiosamente en otros municipios como Puente de Génave, primer municipio gobernado por Vox en Jaén, su alcalde, Francisco García Avilés, ordenó la colocación de la pancarta del colectivo LGTBI ante la incredulidad de muchos de sus vecinos, ya que en los días previos había colgado en las redes sociales mensajes críticos, con insultos incluidos, hacia las personas del colectivo LGTBI. O en Guadalajara, donde el gobierno de PP y Vox ha decidido mantener la bandera arcoíris en el balcón consistorial que había colocado el PSOE el día antes del pleno de investidura donde entregó el bastón de mando.
Más allá de este 'baile de banderas', el colectivo LGTBI ve en el avance de la ultraderecha una amenaza real a conquistas sociales como el matrimonio igualitario o los derechos de las personas trans, una vez que el PP se ha comprometido a derogar o reformar las leyes trans autonómicas allí donde gobiernen, asumiendo una de las exigencias de Vox.
Violencia machista e Igualdad
Otro de los ejes de la 'batalla cultural' de Vox en las instituciones pasa por negar la existencia de la violencia machista, diluyéndola en eso que llaman violencia intrafamiliar, y acabar con todo lo que tenga que ver con políticas feministas, empezando por las concejalías de Igualdad. Así en localidades donde gobierna con el PP, ambos partidos han decidido eliminar esta concejalía -Burgos o Valladolid- o directamente ha sido sustituida por la de Familia en Toledo o se han diluido sus competencias en la de Educación como en Ciudad Real.
En su negación de una lacra como es la violencia machista, algunos ediles de Vox han protagonizado en los últimos días episodios vergonzosos. Es el caso de Sonsoles Palacios, concejala de Vox del área de Servicios Sociales, Familia y Mayores de Torrelodenes (Madrid), quien anunció en un vídeo que el Ejecutivo municipal, conformado por la formación política de extrema derecha y el PP, eliminaría los puntos violetas contra la violencia sexual de las fiestas municipales. Puntos a los que por ignorancia o mala fe la edil llegó a tildar de "podemitas”, ya que la asociación de ese color al movimiento feminista se remonta a mucho antes del nacimiento del partido surgido del 15M, nada más ni nada menos que a las sufragistas de principios del siglo XX. Por si fuera poco, la concejala de extrema derecha también se jactaba de que el Gobierno municipal va a “desechar” folletos en los que se explica qué es la igualdad y como combatir la violencia de género.
Estos son los efectos del pacto PP/VOX: la concejala de servicios sociales anuncia que va a cargarse las políticas de igualdad y contra la violencia de género y que va suprimir los Puntos Violeta que dan seguridad a las mujeres. Nos tendrán enfrente, no tengan duda. pic.twitter.com/H3r1majIEP
— PSOE Torrelodones (@PSOE_Torre) June 27, 2023
Vergonzoso ha sido también lo ocurrido este jueves en el pleno del Ayuntamiento de Albacete, donde los cuatro concejales de la formación de Abascal se ha negado a secundar un minuto de silencio por las víctimas de la violencia machista, quedándose sentados en sus asientos.
Los concejales de Vox en Albacete deciden no levantarse de sus asientos en un minuto de silencio por las víctimas de violencia machista pic.twitter.com/lPQ0Cw1rAe
— Miguel Muñoz✍ (@miguelmunozort) June 29, 2023
En Burgos, Vox sí ha participado este viernes en la apertura del Pleno en un minuto de silencio contra la 'violencia familiar' convocado por la alcaldesa popular Cristina Ayala.
En Náquera no solo han prohibido las banderas LGTBI como hemos mencionado anteriormente, sino que el acuerdo de gobierno entre PP y Vox incluye la obligación de que las protestas contra la violencia de género se limiten al lema "No a la violencia". Un pacto calificado por los socialistas como el de la "vergüenza".
Censura cultural
La localidad madrileña de Valdemorillo se ha convertido en el primer municipio donde Vox ha censurado una obra de teatro, Orlando de Virginia Woolf. La formación de ultraderecha, que gobierna con el PP y dirige la concejalía de Cultura, ha cancelado la representación de esta obra que reflexiona sobre la homosexualidad, la sexualidad femenina y el lugar de la mujer en la historia. Un veto ideológico que el Consistorio ha tratado de justificar por causas económicas y que la compañía de teatro encargada de su representación denuncia que responde a que “el protagonista de la función pasa de ser un hombre a ser una mujer”. Una suerte de 'inquisición' que podría repetirse en otros municipios.
Para evitarlo en Valladolid, el alcalde del PP, Jesús Julio Carnero, ha anunciado que modificará los estatutos de la Semana Internacional de Cine (Seminci) para que pase a depender de la Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, en manos de los populares, y no de la de Cultura, de la que siempre ha estado ligada, que ostenta Vox. El prestigioso festival de cine, uno de los más importantes de nuestro país, nunca ha sido del gusto de la formación de ultraderecha. De hecho, el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, cargó el año pasado contra el certamen tachándolo de "ideológico" por haber apostado "por algunos proyectos puramente ideológicos, dirigidos a proveer una ingeniería social de género y verde".
Más toros
Por el contrario, algunos de los consistorios de la derecha apoyados por la ultraderecha apuestan por el impulso a los toros. Así, Valladolid, por ejemplo, apoyará la creación de una escuela de tauromaquia, en Gijón volverán las corridas después de tres años o en Guadalajara incluso habrá una concejalía solo para asuntos taurinos.
Guerra a los carriles bici
Otro de los cambios en estas dos semanas de ayuntamientos de coalición de PP y Vox tiene que ver con todo lo que afecta a movilidad urbana y al transporte sostenible, focalizado en la política de carriles bici. En ciudades como Elche, Palma de Mallorca, Gijón y Valladolid la derecha y la extrema derecha ya han declarado la guerra a los carriles bici, como si se tratara de una medida de izquierdas o ideológica.
Unido a este asunto, algunos alcaldes de estas localidades como Gijón, Valladolid o Elche también han anunciado la vuelta de los coches al centro, sentenciando de muerte a las peatonalizaciones y las restricciones a los vehículos más contaminantes.
Subidas de sueldo, la gran sorpresa
Lo que pocos esperaban es que algunos de estos nuevos ayuntamientos de PP y Vox lo primero que hicieran es subirse el sueldo nada más llegar al cargo. Uno de los casos más sangrantes ha sido el de Torrelodones, el mismo que ha eliminado los puntos violetas "podemitas". Aunque en campaña ambas formaciones prometieron acabar con los gastos superfluos, aprobaron de urgencia incrementar el gasto en personal y sueldos del equipo de gobierno un 137%: de 484.509 euros a 1,15 millones. La alcaldesa, la popular Almudena Negro, se ha aumentado el salario en casi 6.000 euros brutos anuales y pasará a cobrar 62.000 euros. Para colmo, el Ayuntamiento colocará a siete asesores, puestos que anteriormente no existían, por unos 380.000 euros.
El Ayuntamiento de Náquera suma a las polémicas de prohibir la bandera LGTBI y convertir las manifestaciones contra la violencia machista en protestas contra "la violencia", también una subida de sueldo para el alcalde. Una de las primeras propuestas del regidor de la localidad, Iván Expósito de Vox, ha sido la subirse el sueldo en 13.000 euros pasando de los 31.999 euros anuales que cobraba el anterior alcalde hasta los 45.000 euros. Una decisión que tras el revuelo generado ha dejado, al menos de momento, este viernes en suspenso.
En Yebes (Guadalajara), el alcalde y su teniente alcalde, de PP y Vox respectivamente, se han subidos los sueldos hasta el límite que permite la ley: pasarán a cobrar 46.463,90 euros anuales brutos cada uno.
En el municipio mallorquín de Llucmajor, una de las primeras decisiones que ha adoptado el nuevo Gobierno de PP, Vox y ASI ha sido también aprobar una subida generalizada de los sueldos del 11%, y crear dos nuevos puestos de asesores en materia de urbanismo y medio ambiente y economía y hacienda.