“La izquierda está acabada (...) Matadlos”. Este es el mensaje que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, habría trasladado vía mensaje telefónico a sus 65 diputados a primera hora de este jueves, antes de que se celebrara el pleno de la Asamblea de Madrid, según ha desvelado El País.
A poco más de dos meses de la cita en las urnas del 28-M, la dirigente popular instaba a los suyos a exprimir en los debates todos los temas de actualidad que beneficien a su partido y perjudiquen a la izquierda como la previsible imputación de la alcaldesa de Móstoles, la socialista Noelia Posse, el fin de la huelga sanitaria, la mejora de las indemnizaciones a los afectados por la línea 7B de Metro o el cierre de las investigación a su hermano.
Un bronco Pleno en el que además se ha colado la polémica por el cobro del bono social entre políticos de renta alta, un caso que también ha salpicado a la líder de la oposición, cuyo marido cobro también esta ayuda por familia numerosa.
Durante el Pleno, la presidenta de la Comunidad de Madrid le ha indicado al portavoz del PSOE, Juan Lobato, que solucione antes la situación de Móstoles y Alcorcón si quiere "presentarse limpio" a las próximas elecciones del 28 de mayo.
Ayuso ha lamentado las "lagunas" del PSOE por no hablar de "lo más importante de estas semanas", que "han imputado a su alcaldesa de Móstoles y a siete concejales por indicios de alta criminalidad en un municipio que llueve sobre mojado por nepotismo".
"Proponen para el sur eso; más suciedad, paro, descrédito, inseguridad y, encima, corrupción. Eso es lo que hace en los municipios en los que están gobernando. Solucione primero Móstoles y Alcorcón si quiere presentarse limpio a los ciudadanos ante estas elecciones", ha lanzado la dirigente autonómica.
Bronca por el cobro del bono social térmico
Sobre las críticas de Lobato por el bono social térmico que recibe el vicepresidente, Enrique Ossorio, Ayuso le ha indicado que hasta que el PSOE no enseñe "las facturas del Ramsés en la comisión de investigación en el Congreso, no está para hablar del gasto público ni del dinero de los demás".
La polémica por el cobro del bono social térmico por parte de políticos con poder adquisitivo ha ido en aumento, con un tercer caso confirmado en la Comunidad de Madrid, y ha obligado al Gobierno a rectificar para establecer niveles de renta máximos, que podrían estar entre 25.000-26.000 euros anuales.
El último caso que ha trascendido ha sido el del secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, que ha reconocido que percibe una ayuda de más de 300 euros como "familia vulnerable severa" pese a no serlo. Desconoce cuál es el motivo de esta "anomalía", ya que asegura que solicitó el bono social térmico pero como familia numerosa básica, no como familia vulnerable, y por ello ha pedido que el Ministerio de Hacienda estudie su caso porque él tiene "mucho trabajo para estar atento a estas cuestiones".
La polémica sobre el cobro de este bono ha centrado el pleno de la Asamblea de Madrid justo un día después de conocerse primero el caso del vicepresidente madrileño, Enrique Ossorio, y después el de la líder de Más Madrid, Mónica García, ambos receptores de una ayuda de 195,82 euros por formar parte de familias numerosas. Sin embargo, sus reacciones han sido muy distintas.
Mientras Ossorio ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber hecho estás ayudas "sin límite de renta", García ha pedido disculpas pero ha precisado que ella no había solicitado el bono sino que es un pago "automático" en el caso de las familias numerosas, y ha asegurado que intentará "devolverlo".
"No tengo nada en contra de la riqueza, lo que quiero es que todo el mundo viva como usted", le ha respondido la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ha acusado de "hipócrita" a la portavoz de Más Madrid, formación que al igual que el resto de los partidos de izquierda había pedido la dimisión de Ossorio al publicarse su caso.
El Gobierno rectifica
La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha confirmado que el Ejecutivo estudia establecer límites máximos de rentas para evitar que accedan al bono "personas que no lo precisen" y que, en su opinión, actúan con "ausencia de ética".
Una rectificación que ya había anunciado el miércoles la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que este jueves ha dicho que el límite máximo de renta podría ser ligeramente superior al establecido para las unidades de convivencia de 4 o 5 miembros, que es de alrededor de 25.000-26.000 euros anuales.
En el nuevo cálculo se tendrá en cuenta el número de personas que conforman la unidad de convivencia y el índice IPREM, empleado en España como referencia a la hora de conceder ayudas y que se reforzará a partir del tercer hijo.