¿Resolverá el Pacto de Marraquech el conflicto migratorio?

No es preciso estudiar la “Teoría de la resolución de conflictos” para saber que hay tres tipos de conflicto en el plano de los pueblos y las naciones.

De entrada, existen los conflictos que pueden resolverse dentro del ámbito y las posibilidades del mismo Estado que los padece (conflicto “intraestatal”). Por ejemplo, en España podríamos mencionar la necesaria actualización de la Constitución, como se ha puesto de relieve en las recientes celebraciones conmemorativas; o la conveniencia de articular de mejor modo las naciones o nacionalidades que componen España. Si pasamos a Bélgica, se observa que viene preocupando a sus Gobiernos el modo de mantener unidas y vinculadas las dos principales comunidades lingüísticas que la conforman. Podrían añadirse varios ejemplos similares.

El segundo grupo lo conforman los conflictos que implican a más de un Estado (“pluriestatales”). De este tipo es, por ejemplo, el contencioso territorial que implica a Bolivia y Chile respecto a la salida al mar que históricamente añora Bolivia y que Chile no parece estar dispuesto a ceder. También el ya tan popular Brexit, que en un ámbito puramente británico solo podría resolverse mediante el llamado “Brexit duro”, pero que forzosamente implica a los demás Estados de la Unión Europea si se trata de lograr una salida negociada y ordenada.

Por último, el tercer grupo lo constituyen los conflictos que afectan a la mayoría de los seres humanos, por no decir a la humanidad entera: conflictos “universales”. Entre estos hay dos de gran calado:

(1) el cambio climático y sus consecuencias;

(2) los desplazamientos humanos forzados por las condiciones de vida en algunas regiones del planeta y su repercusión en los países de acogida.

El primero es de naturaleza especial, porque requiere el apoyo de la ciencia en muchas de sus ramas, desde la botánica hasta la física de partículas. Se plantea, pues, en un terreno puramente pragmático y objetivamente evaluable, el único en el que puede hallarse el modo de amortiguar sus temibles efectos. Los intereses políticos tienen poco que decir al respecto, salvo embrollar y obstaculizar las necesarias medidas reparadoras.

Por el contrario, el conflicto generado por la emigración/inmigración de seres humanos es un problema con insoslayables raíces morales y humanitarias, en el que la política tiene la última palabra. Para plantearlo es inevitable entrar en los terrenos de la historia, la economía, la estadística, la sociología y hasta la sanidad. Son enormes las posibilidades de enredarse en disputas y enfrentamientos, de recurrir a la mentira y a la difusión de datos falsos, sea por motivos electorales o simplemente por ambición política.

Para resolver o, por lo menos, para plantear los diversos aspectos que presenta este conflicto, se ha aprobado a principios de esta semana en Marraquech, bajo los auspicios de la ONU, el Pacto Mundial para la Migración, adoptado por los representantes de más de 150 Estados, entre los que está España.

El texto consensuado contiene una veintena de principios básicos, de hondo sentido común, que pueden contribuir a resolver el conflicto. Fueron discutidos durante un año y medio de negociaciones entre más de 180 países. Pero están redactados de modo que los Estados firmantes pueden adoptar la decisión que deseen sin verse forzados por el acuerdo, que además no tiene carácter vinculante.

Como era de esperar, los Estados donde dominan los partidos y las políticas de extrema derecha se han negado a firmarlo esgrimiendo a menudo razones que nada tienen que ver con el texto aprobado: EE.UU., Italia, Austria, Polonia, Hungría, Israel o Australia entre otros. En ellos, la xenofobia se ha impuesto al respeto por los derechos humanos de los migrantes. No por huir de la guerra, el hambre, la miseria o la persecución, o simplemente por anhelar una vida más segura en otro país, han de ser privados los emigrantes de sus más elementales derechos. Así lo expone el artículo 13 de la Declaración Universal: “Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país”.

Es de desear que la cumbre de Marraquech no se convierta en otra declaración de buenas intenciones sino que ayude a frenar la permanente sangría de los innumerables seres humanos que trágicamente mueren cada día buscando una vida mejor.