¡Que lo resuelva el Apóstol!

Manuel Azaña fue un político criticado con crueldad por la derecha española, que le atribuyó todas las perversidades imaginables y cuya actividad también sirvió como argumento para justificar la rebelión militar de 1936. Su condición de político maldito se mantuvo durante la dictadura, en la que estuvo proscrita su obra política y literaria. Fue necesaria una visita del entonces presidente del PP, José María Aznar, a Barcelona en 1993, en plena campaña electoral, para cambiar las cosas, pues en una rueda de prensa aseguró que tenía “una profunda vocación azañista”, idea que no fue mal acogida por sus seguidores.

Las obras de Azaña se encuentran hoy en las librerías, pero en todo caso cualquier referencia a su pensamiento político debe recordar el poco aprecio que el político complutense mostraba por “sables y casullas”, por la nefasta influencia que atribuía a los ejércitos y a la Iglesia católica en la reciente historia de España. Los sables, felizmente, ya no asustan a los españoles, pues han encontrado un encaje adecuado en la estructura del Estado, del que son su brazo armado a las órdenes del Gobierno, como es usual en las democracias modernas.

Las casullas, por el contrario, siguen flotando fuera de sus ámbitos naturales y extendiendo su sombra sobre espacios políticos, educativos, culturales e incluso económicos (recuérdense los conflictos causados por la titularidad de propiedades inmobiliarias).

Todos los años, con motivo de la llamada “Ofrenda Nacional al Apóstol Santiago” que cada 25 de julio se celebra en la catedral compostelana, se muestra a la vista de los españoles una extraña mezcla de religión y política, una conjunción del Trono (“delegado regio”) y el Altar (jerarquía eclesiástica local) al viejo estilo, algo de muy difícil, si no imposible, articulación en un Estado cuya Constitución establece que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”.

No hay en ella espacio que justifique en España, anualmente y con carácter oficial, una “Ofrenda Nacional” ante un incierto sepulcro -de cuyo contenido existen más que razonables dudas y sobre cuyo origen sólo hay inverosímiles leyendas- en la que se suelen plantear cuestiones políticas que conciernen a los gobernantes democráticamente elegidos.

Hay que reconocer, no obstante, que el arzobispo compostelano tiene pleno derecho a expresarse en su homilía como le venga en gana, pues se halla en terreno propio y nadie está obligado a asistir a la ceremonia contra su voluntad. El que pisa un terreno más resbaladizo es el delegado regio, que a menudo se ve forzado a implorar ante la estatua del Apóstol mercedes o ventajas que dependen exclusivamente de las decisiones políticas que adopte el Gobierno de turno.

En la ceremonia del pasado lunes el delegado regio pidió al Apóstol que los representantes políticos estén “más presentes en la calle” para “ponerse en el lugar de los que viven marginados”; también le solicitó ayuda “para hacer frente al euroescepticismo que tanto nos ocupa y preocupa”, según se leía en los medios locales. Es evidente que ambas son cuestiones que deberían abordarse trabajando tenaz e imaginativamente en los ministerios correspondientes, sin esperar a que la solución venga del Cielo, por cómodo que esto pueda parecer.

La figura del delegado regio no sólo tiene difícil encaje constitucional, sino que carece de lógica. ¿Podrían los españoles de religión hindú solicitar que un delegado regio efectuase análogas peticiones a alguna de sus deidades en un templo propio? Los españoles, sean de religión hindú o católica, tienen constitucionalmente los mismos derechos, así como los musulmanes y los creyentes de otras religiones. Por su parte, los españoles que no profesan religión alguna podrían reclamar que la llamada Ofrenda Nacional se denominase Ofrenda Católica, ya que no todos los individuos de nacionalidad española profesan esta religión.

La memoria de la Historia española parece estar sometida a extraños vaivenes en lo que respecta al Estado, puesto que por una parte éste se empeña en mantener cuidadosamente el recuerdo anual de una tradición instaurada en 1634 por el rey Felipe IV, que apenas tiene ya sentido en la España del siglo XXI, y por otra parte se resiste a recordar otros hechos históricos más recientes, de hace menos de 80 años, que afectan a los españoles, todavía vivos, que se esfuerzan por poner en práctica la Ley de la Memoria Histórica promulgada en 2007.

¿Habrá que pedir al Apóstol que actúe como intermediario entre unos y otros españoles, a los que las consecuencias de nuestra última guerra civil mantienen todavía enfrentados en lo que se refiere al inmediato pasado común? Ya que los responsables gubernamentales parece que no acaban de ponerse de acuerdo en lo que la citada ley exige, habrá que acogerse a los poderes celestiales, esos que no necesitan presentarse a elecciones ni pueden ser revocados por el voto popular si fracasan.