Los drones de Obama, al descubierto

La revista electrónica estadounidense The Intercept (https://theintercept.com), cuya andadura por el espacio internáutico se inició en febrero de 2014, se propone como objetivo informar sobre los documentos revelados por Edward Snowden y publicados en varios medios internacionales desde 2013. Esos documentos sacaron a la luz la vigilancia que los servicios de inteligencia de EE.UU. y otros países aliados mantenían sobre un ingente número de individuos, organizaciones, empresas, dirigentes políticos, etc. También pusieron de manifiesto la estrecha colaboración que dichos servicios mantenían con sus homólogos de otros países, soslayando cualquier mecanismo democrático de control de su funcionamiento.

Además de este objetivo inmediato, la revista aspira, a más largo plazo, a contribuir a la creación de un “periodismo audaz y crítico, que abarque numerosos asuntos, como los abusos y las corrupciones financieras y políticas, además de denunciar las violaciones de los derechos humanos y libertades de la población civil”.

El pasado 15 de octubre esta revista publicó un conjunto de documentos militares secretos bajo el título The Assassination Complex (El sistema de los asesinatos), donde se expone el funcionamiento de las llamadas “guerras de drones de Obama”. Los drones son un instrumento, asegura el autor, pero la política a la que responden tiene un nombre: asesinato. El asesinato fue prohibido como parte de la política exterior de EE.UU. y así lo definía una orden ejecutiva del presidente Reagan en 1981: “Ninguna persona empleada por el Gobierno de EE.UU. o actuando a su servicio organizará o conspirará en ningún asesinato”. Pero el Congreso de EE.UU. no ha legislado sobre el asunto ni ha definido qué se entiende por “asesinato”, de modo que la guerra de los drones utiliza un término más aceptable: targeted killing, algo así como “muerte programada”.

El autor considera que la opinión pública de EE.UU. debe conocer los programas de asesinatos autorizados por dos presidentes en cuatro legislaturas sucesivas, ocultos bajo un exagerado secreto. Tiene derecho a ver esos documentos, no solo para opinar sobre el futuro de las guerras de su país (abiertas o secretas) sino para entender las razones por las que el Gobierno se atribuye la potestad de condenar a muerte a ciertos individuos, sin los habituales procedimientos de detención, juicio justo y derecho a apelación.

He aquí los títulos de algunos de estos documentos, con breves alusiones a su contenido, que cualquier lector puede leer (en inglés) en la página web de la revista.

Cómo designa el Presidente los individuos a asesinar. Cuando los servicios de inteligencia recopilan información sobre una persona a eliminar, crean una ficha que se articula con el programa operativo. En unos 60 días el presidente puede autorizar su ejecución y se otorga un plazo similar para realizar el ataque.

Los asesinatos dependen de informaciones poco fiables y entorpecen las labores de inteligencia. Los datos obtenidos se basan en tecnologías imprecisas, teléfonos móviles y correos electrónicos, lo que a menudo lleva a matar a inocentes. “Meses después advertí que en vez de seguir el teléfono móvil de mi objetivo estaba siguiendo el de su madre”, se lamentó un operador.

Los ataques a menudo producen más muertes que las buscadas. Durante una operación de cinco meses en Afganistán, casi el 90% de las víctimas causadas por drones no eran los objetivos perseguidos. Este porcentaje es aún más desfavorable en países como Yemen o Somalia, donde escasea la información previa.

Los militares clasifican como “enemigo muerto en acción” a todas las víctimas de los drones. Aunque no sean el objetivo de la operación, todos los que mueren por ataque de drones son catalogados como EKIA (enemy killed in action). Lo que contribuye a mejorar las estadísticas aunque sea una burda mentira.

La geografía configura las campañas de asesinatos. Los ataques con drones son más frecuentes y rápidos en los países con bases militares o próximos a ellas, como Afganistán e Irak. En países alejados, como Somalia o Yemen, las trabas burocráticas y las distancias a volar los hacen más lentos y menos eficaces.

Esta nueva guerra desde el aire, manejada a distancia, se desarrolla en la oscuridad, fuera de todo control de los medios de comunicación. Los que trabajan en la cadena operativa, desde la obtención de datos hasta el disparo del misil, desarrollan una mentalidad de desprecio por las víctimas: “Carecen de derechos y de dignidad. Ni siquiera son humanos. Son un código que un analista asigna a un arma. Carecen hasta de nombre”. De ese modo, al deshumanizar al enemigo, se puede abordar sin angustia la cuestión moral básica: ¿Es o no legítimo este tipo de guerra?

La idea básica que reflejan los documentos es: “Esto funciona. Podremos arreglar los fallos, entender los errores, acostumbrarnos a hacerlo mejor y dejar de disculparnos por los inocentes asesinados”. Ahora que muchos países, entre ellos España, se alinean en la carrera de los drones militares, conviene aprender de las experiencias de quienes los han creado y utilizado (a veces perversamente), para no caer en sus mismos errores.