Esa persistente afición a la tortura

La tortura que recientemente ha avergonzado al mundo, como consecuencia de la difusión de un informe del Senado de EE.UU., no nació en los oscuros sótanos donde algunos sicarios de la CIA desahogaban sus instintos, sino en los atildados y pulcros despachos de los más refinados políticos con sede oficial en Washington.

Fue un presidente de esta civilizada, avanzada y ejemplar nación el que autorizó expresamente tres abominables actividades:

1) Lo que en EE.UU. se llaman “agujeros negros”, donde sin control alguno se encierra, en cualquier parte del mundo, a los sospechosos de terrorismo;

2) las operaciones de secuestro y transporte necesarias para rellenar esos agujeros con presuntos terroristas, oficialmente llamadas “rendiciones extraordinarias”;

y 3) los procedimientos de “interrogatorio reforzado”, brutal y eficazmente aplicados a las víctimas para extraer de ellas alguna información.

Fueron unos escogidos órganos de asesoramiento judicial (y probablemente también lingüístico) los que idearon las justificaciones legales que, entre otras cosas, borraron del diccionario la palabra “tortura” con unos sutiles sofismas, dignos de los retorcidos personajes ideados por Orwell o Kafka.

El informe en cuestión está al alcance de cualquier lector en internet: Committee Study of the Central Intelligence Agency’s Detention and Interrogation Program (“Estudio del Comité [de inteligencia del Senado] sobre el programa de detención e interrogatorio de la CIA”), un texto de unas 500 páginas, parcialmente censurado.

De su lectura no es difícil extraer conclusiones sobre la terrible realidad que apenas se oculta tras sus páginas. Sin embargo, como opina Rebecca Gordon, profesora de Filosofía en la Universidad de San Francisco y persona bien informada sobre este asunto, lo primero que hay que deducir es que, tras esta contrita confesión de barbaridades ocurridas en el pasado, de las que existen responsables definidos y concretos (personas y organizaciones), no se puede pasar página y olvidarlo todo, como si fuera una pesadilla que se desvanece. Ella sabe de esto porque es la autora de Mainstreaming Torture: Ethical Approaches in the Post-9/11 United States, publicado el pasado mes de mayo, cuyo título podría traducirse como “La tortura dominante: aproximaciones éticas en EE.UU. tras el 11-S”.

El informe debería ser el inicio de una discusión compleja y exhaustiva, y no el cerrojazo que ponga fin a la cuestión. Una cuestión que se aduce a menudo, sobre la que se suele centrar la polémica sobre la tortura, es la de saber si la tortura “funciona”: si tiene efectos positivos, si previene contra futuros riesgos, si aborta actos terroristas y si realmente contribuye a mejorar la tan encarecida seguridad de los Estados.

Según Gordon, el informe muestra que la tortura “produce una enrevesada mezcla de verdades, medias verdades, mentiras, invenciones y confabulaciones enloquecidas, desvaríos psicóticos e intentos desesperados de decir lo que la víctima cree que los torturadores desean escuchar”. ¿Es razonable apoyar sobre este galimatías la política de seguridad de un Estado?

Esto nos lleva obligadamente a otro plano: la tortura puede “funcionar” unas veces y fracasar otras, pero siempre es ilegal, en los Estados y en la comunidad internacional. Así pues, la razón básica para rechazar radicalmente la tortura en un país civilizado es simplemente legal. El artículo 2 de la Convención de la ONU contra la tortura declara: ” En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o de cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura”.

Pero tanto o más importante que el aspecto legal es el moral. En una reunión de la Asociación española contra la tortura, el periodista Javier Ortiz dijo: “La tortura es un viaje moral sin retorno. No cabe atravesar esa frontera con pretensiones de excepcionalidad. Avalar la tortura en algún caso equivale a avalarla en cualquiera”.

¿Quién decide cuándo se debe torturar y cuándo no? ¿Los mismos torturadores? ¿Los que incluyen la tortura entre los instrumentos habituales para garantizar la supuesta seguridad de una sociedad, que ya solo por este motivo entra en el túnel de la degradación moral? Quien justifica la tortura una vez está abriendo una puerta que no podrá cerrar e inicia ese “viaje moral sin retorno” antes citado.

No cabe vacilación alguna: hay que seguir denunciando sin tregua la persistente afición a la tortura que se detecta entre los que se consideran responsables de la seguridad de los ciudadanos y de los Estados, a los que sumen en la más indigna miseria moral al practicarla sistemáticamente en aras de su acendrado patriotismo.