Uruguay: lógica nueva para un viejo problema

A nadie debería extrañar que Uruguay -”el paisito”, como con cariño es llamado por sus gentes, conocido también como “la Suiza de América”- haya sido elegido “País del año” por el prestigioso semanario británico The Economist. Es la primera vez que esta revista utiliza tal designación y, para justificar la elección, en el número del pasado 21 de diciembre se explicaba que “los éxitos dignos de las mayores alabanzas son las reformas innovadoras, que no solo benefician a una nación sino que, si son copiadas, pueden beneficiar al mundo”.

Los citados logros incluyen: el matrimonio homosexual, que “ha acrecentado la felicidad humana global sin costes financieros”; y la ley que legaliza la producción, venta y consumo de cannabis, que desplaza a los maleantes y permite a las autoridades combatir los delitos más graves: “si otros [países] hicieran lo mismo y se incluyeran otras drogas, se reduciría drásticamente el daño que éstas infligen”.

Por último, la revista alaba la personalidad del presidente José Mújica, un hombre comedido y valiente “que vive en una sencilla casa, conduce su propio Volkswagen y vuela en clase turista. Modesto pero audaz, liberal y divertido”.

No hay duda de que entre los logros que premia The Economist, la legalización de la marihuana es el más revolucionario y el que más polémica ha levantado. Por otro lado, es el resultado de aplicar la lógica más convincente. Julio Calzada, secretario general de la Junta Nacional de Drogas uruguaya, ha explicado que durante 50 años se ha intentado resolver el problema con un solo instrumento: la penalización. Esto ha sido un fracaso, ya que ha aumentado el número de consumidores, se han robustecido las organizaciones delictivas, es mayor el blanqueo de dinero y el tráfico de armas, y más dañinos los perjuicios causados con todo ello.

Aunque la respuesta de la ONU ha sido descorazonadora, al limitarse a expresar que la nueva legislación uruguaya “infringe la ley internacional”, no es difícil percibir un movimiento renovador en todo el mundo para abordar de otra forma el problema del narcotráfico. Mújica, desde su experiencia personal, pone el dedo en la llaga al decir que muchos dirigentes políticos, cuando abandonan el poder, están de acuerdo con su decisión, como lo han hecho tres expresidentes latinoamericanos -Cardoso, Zedillo y Gaviria- que han abogado por la despenalización de los mercados de la droga para regular un tráfico en el que las rivalidades asesinas entre cárteles causan miles de muertos cada año.

Uruguay no sufre un problema de narcotráfico tan grave como Colombia o México -solo un 10% de los adultos admiten utilizar marihuana- y su Gobierno recuerda que se trata de una medida experimental. Legalizar no solo el consumo de cannabis, sino también la producción y venta, es una medida más avanzada que las que adoptadas en EE.UU. (Washington y Colorado). Aunque la ley uruguaya no incluye otras drogas, arranca de las manos de los traficantes cerca de un 90% de su negocio y les priva de la posibilidad de inducir a sus clientes al uso de drogas más dañinas.

Aunque en Uruguay se discute ahora sobre si la nueva ley llevará a una nacionalización encubierta, y si un “cártel estatal” será más eficaz que un mercado libre pero regulado, hasta la ONU ha reconocido que medio siglo de lucha contra el narcotráfico ha convertido en usuarios habituales de marihuana a un 4% de la población adulta mundial (162 millones).

El mercado de las drogas solo es superado en el mundo por el de las armas. El Gobierno de Uruguay ha sabido percibir, y denunciar públicamente, que la política de EE.UU., combatiendo la producción de cocaína y opio en América Latina y en Afganistán, es una cortina de humo que oculta el verdadero origen del problema: un consumo doméstico que en EE.UU. y otros países está fuera de control.

El presidente uruguayo ha dejado claro que él es sólo un “legalizador” a regañadientes, pero que está determinado a arrancar a los usuarios de las garras de los traficantes clandestinos; que no defiende la marihuana ni ninguna otra adicción, pero que el tráfico de estupefacientes “es peor y hace mucho más daño que cualquier droga”.

La catastrófica mezcla de muerte, delincuencia y anarquía que la fracasada guerra contra el narcotráfico ha llevado a algunos países -como México o Colombia- fuerza a reconocer que la obsesiva guerra contra el terror en la que EE.UU. está sumido es menos desastrosa que la guerra irracional contra el narcotráfico: ésta es el verdadero enemigo.

Es motivo de reflexión que una solución viable a tan viejo y enquistado problema surja en un pequeño país, dirigido por un tranquilo y sencillo presidente. José Mújica, simplemente, aplica la más elemental lógica para resolver un problema que los más poderosos órganos de pensamiento, reflexión y comunicación de las grandes potencias solo han sabido rodear de fantasmas, tabúes e hipocresía.

¡Bravo por Uruguay! País del año en 2013.