El peso asfixiante de ciertas culturas

Otro caso de asesinato múltiple, esta vez en una escuela primaria de EE.UU., ha vuelto a sacar a la luz el eterno debate -eterno por irresoluble, al menos en ese país- sobre los límites que convendría imponer al derecho constitucional de los ciudadanos a disponer de armas de fuego. Un Obama visiblemente entristecido intervino públicamente para mostrar su preocupación por tan grave y repetido fenómeno, aunque no fue mucho más allá: prometió revisar la legislación sobre tenencia de armas, para prohibir los fusiles de asalto -armas de guerra- con cargadores intercambiables. Dijo además que había llegado el momento de “adoptar medidas significativas para evitar más tragedias como esta”. La prensa estadounidense ha recordado que ha sido la cuarta visita que ha tenido que realizar como presidente a una población enlutada tras una matanza a tiros.

También una vez más los medios de comunicación han insistido en recordarnos los datos sobre la proliferación de armas portátiles en EE.UU. (300 millones), y que desde 1982 se han producido en ese país 62 asesinatos masivos; nos han explicado el texto de la enmienda constitucional que confirma “el derecho del pueblo a poseer y portar armas”, y han discutido sobre su supuesta falta de adaptación a la realidad actual.

En el fondo, la polémica debería centrarse sobre si es o no posible cambiar la base cultural de un pueblo por medio de leyes y reglamentos. La Constitución española de 1812, tan comentada este año con motivo de su aniversario, en su pintoresco artículo 6 establecía como una de las principales obligaciones de todos los españoles la de “ser justos y benéficos”. Poco tiempo tuvo para influir en nuestros cerriles compatriotas de entonces -que acogieron el retorno del abominable Fernando VII alabando las caenas que les envilecían- un texto normativo político que en sus primeras líneas ya definía a “Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo”, como “autor y supremo legislador de la sociedad”, como si de un tratado de teología se tratase. Si esto era así ¿para qué hacía falta la Constitución? Hubiera bastado coronar al Papa como rey absoluto de España y dejarse guiar por él, ya que decía ser el representante en la Tierra de la suprema divinidad.

Pues del mismo modo como el más añejo fondo cultural del pueblo español hunde sus raíces en el catolicismo romano, manejado según sus intereses por las jerarquías eclesiásticas locales -hasta el punto de que ni siquiera la Constitución de 1987 ha podido hacer realidad su expreso propósito de que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”-, de forma no muy distinta el peso que la cultura de las armas de fuego ha ejercido sobre la sociedad estadounidense se ancla en los más remotos tiempos del nacimiento de la nación. Dicho de modo breve y algo humorístico, si los españoles nos fuimos haciendo nación entre incienso y altares, los estadounidenses lo hicieron entre revólveres colt y rifles winchester. Lo que naturalmente no es óbice para que entre ellos haya fanáticos religiosos, como hubo españoles que en nombre de la religión fueron arrasando pueblos y países con picas y arcabuces.

Durante mis años de estancia de EE.UU. pude comprobar que la amistad con una familia recibía plena confirmación cuando el huésped era invitado a penetrar en el salón privado donde se exhibe la panoplia de armas familiares junto con las viejas fotografías de los antepasados, los que “hicieron América” gracias a su destreza con las armas de fuego frente a bandoleros, indios, mexicanos, franceses, o canadienses, antes de matarse entre sí en la Guerra Civil.

Esta cultura de las armas es la que les hace parecer normal el razonamiento de un cargo político local, para quien la directora del colegio atacado hubiera protegido mejor a sus alumnos utilizando con eficacia un buen fusil de asalto y no enfrentándose al asesino con las manos desnudas, lo que la llevó a la muerte. No precisó, sin embargo, qué podría ocurrir si éste hubiera sido más rápido que ella, lo que conduciría el debate por interesantes derroteros, como determinar cuál sería el mejor modelo de rifle para proteger niños y sobre la conveniencia de que los profesores de primaria obtuviesen el título de “tirador de primera”. No es broma: en Virginia, un senador ha propuesto que los profesores y el personal escolar lleven armas ocultas en los centros de enseñanza, lo que hasta ahora está prohibido. El paso siguiente podría ser armar a todos los alumnos y sustituir las sesiones de baloncesto por ejercicios de tiro real contra blancos móviles. No sería muy difícil: algunos padres llevan ya a sus hijos al club de tiro los fines de semana para probar revólveres y ametralladoras; no tienen bastante con los videojuegos bélicos.

No es, pues, con cambios en la legislación como debe afrontarse tan grave problema. Una transformación cultural de tal naturaleza exige un gran esfuerzo de educación que implicaría a las familias y a las escuelas. Requeriría años, si no decenios, y una adecuada disposición de ánimo en los sectores influyentes de la sociedad, lo que hoy día apenas se aprecia por ningún lado. El ciudadano estadounidense habrá de soportar el peso de la cultura de las armas con la esperanza de transformarla poco a poco, así como los españoles seguirán sometidos al peso de una institución eclesiástica incapaz de modificarse por mucho que los textos constitucionales se esfuercen en lograrlo. Solo las revoluciones pueden cambiar las culturas, y el mundo no parece estar hoy para ese tipo de experimentos.