Un diagnóstico de la indignación popular

El impacto de la indignación popular, que se reflejó en alborotos urbanos de distinta naturaleza en varios países europeos, no ha sido el mismo en todos ellos. Si desde Atenas hasta Londres, o desde Madrid y Barcelona hasta París, la voz de los “indignados” se alzó sonoramente con distintas reclamaciones expresadas en varios idiomas, el análisis de este fenómeno social, que con tanta rapidez se propagó, llegando incluso al corazón financiero de EE.UU., se ha ido limitando a círculos más restringidos -académicos, intelectuales, organizaciones juveniles, etc.- cuando no acabó extinguiéndose o siendo acallado por la presión del poder.

Es cierto que las revueltas callejeras que el pasado verano incendiaron -tanto en sentido figurado como abrasadoramente real- la capital del Reino Unido y otras ciudades del país, fueron las que más inquietud causaron en todo el mundo, por la violencia y amplitud de los estallidos populares. Esto fue lo que indujo al Gobierno de Londres a crear una comisión de análisis (Riots Communities and Victims Panel) con la finalidad de “examinar y comprender por qué se produjeron los disturbios populares de agosto de 2011″.

El pasado miércoles vio la luz pública el informe redactado con tal finalidad. Previamente se había elaborado un avance a finales de noviembre pasado, con las medidas más urgentes a adoptar, pero el documento ahora difundido ha sido también puesto en manos del Gobierno y la oposición. Los miembros de la comisión visitaron una veintena de comunidades y entrevistaron a varios miles de personas, para establecer sus conclusiones. Éstas incluyen algunos aspectos peculiares del Reino Unido, pero otros aplicables también a cualquier país.

De un modo general, se atribuyen los disturbios a la falta de participación en la sociedad de muchos ciudadanos, y se señalan aspectos más concretos, como la carencia de oportunidades para los jóvenes, una defectuosa educación familiar, la incapacidad del sistema judicial para rehabilitar a los delincuentes y las desabridas actuaciones policiales para identificar a las personas, entre otros; para todos ellos se ha recomendado al Gobierno la adopción de medidas correctivas.

El coordinador de la comisión declaró: “Cuando la gente no cree que tiene razones para no meterse en líos, las consecuencias que esto trae a las comunidades pueden ser devastadoras, como se vio en agosto pasado”. Y añadió: “Tenemos que dar a cada uno su parte en la sociedad. Hay personas hundidas en el fondo, incapaces de cambiar su vida”. El informe detecta la existencia de medio millón de “familias olvidadas” y distribuye la responsabilidad del fracaso tanto en el ámbito personal y familiar, como en el de los servicios sociales, sean estatales o sean de las organizaciones humanitarias”.

Escuelas y profesores reciben un suave varapalo y amenazas de multa si rechazan alumnos sin causa justificada. Se les urge a formar el “carácter” de los jóvenes para que sean capaces de rechazar las llamadas a la revuelta y “puedan decidir lo mejor en los momentos de tensión”. Para ello se recomienda “autodisciplina, aplicación y fortaleza para posponer el placer personal y recuperarse de los fracasos”.

El informe no vacila en acusar al consumismo desaforado de los numerosos saqueos producidos en establecimientos comerciales “de productos de gama alta, ropas de marca y aparatos electrónicos”, y sugiere “proteger a los jóvenes de la excesiva mercadotecnia (marketing) y enseñarles a defenderse ante la publicidad agresiva”, para lo que se designa un representante oficial que dialogará con las empresas productoras de las marcas más importantes.

Una parlamentaria miembro de la comisión declaró: “Lo que hemos visto refleja el fracaso para mejorar la educación en ciertas zonas. Muchas comunidades ven que no tienen ningún control sobre sus vidas. Viven hostigadas por la policía, marginadas en la búsqueda de trabajo y bombardeadas sin parar con imágenes de un tipo de vida que nunca tendrán”. Observan el despilfarro de los poderosos y de muchos políticos, y no se creen las proclamas oficiales de que “todos estamos embarcados en la misma nave”.

Son muchos en todo el mundo los que opinan que educar el “carácter” juvenil no es el remedio para evitar futuras explosiones de ira callejera. La falta de recursos, el desempleo, la pobreza y la desesperanza son las brasas que incendian las barriadas miserables donde viven los que ya no pueden perder nada, porque carecen de todo.

No todo lo anterior es aplicable a los movimientos de indignados en España, donde la noviolencia ha sido mayoritariamente asumida. Pero conviene tener presente que una indignación inicialmente de tipo político, causada por la sensación de que el poder no tiene en cuenta a muchos ciudadanos y con exigencias de mayor participación democrática, puede propagarse y alcanzar a otros sectores sociales menos preocupados por la democracia, pero donde la miseria y la desesperanza son una vivencia diaria que alimenta el odio difuso, todo lo cual genera una mezcla explosiva de alta peligrosidad social. El Gobierno de Londres ha decidido estudiar en serio este problema, y conviene seguir muy de cerca su evolución.