Ciudadanos del Imperio

La cualidad de “ciudadano estadounidense” es considerada en EE.UU. como un privilegio especial de los allí nacidos y parte importante de esa mitología que les es tan propia, que considera a su nación como elegida por Dios para llevar la libertad y la emancipación a todos los pueblos del planeta. He podido comprobar personalmente, sobre el propio terreno y en diversas ocasiones, que el arraigo de esta convicción es más sólida cuanto menos cultivado está quien la sostiene y cuanto más alejado se halla de las “corrompidas” élites políticas del Este del país o de los enriquecidos y orgullosos californianos del Pacífico. Es decir, cuanto más cerca se encuentra del norteamericano medio, rural, conservador y religioso, el que constituye el “macizo de la raza” en términos sociológicos españoles.

Los antecedentes históricos del privilegio de ciudadanía se hallan en la antigua Roma, donde la frase “Civis romanus sum” (soy ciudadano romano), pronunciada por alguien que tuviera problemas con la justicia, le protegía contra la posible arbitrariedad de los poderes públicos y le garantizaba un juicio debidamente ordenado. Para los lectores cristianos es conocido el hecho de que el propio San Pablo, al ser apresado en Jerusalén, hizo apelación a su ciudadanía romana, lo que le llevó a ser trasladado a la capital del Imperio para ser allí juzgado.

Es, por tanto, una noticia casi revolucionaria saber que el Departamento de Justicia de EE.UU. autorizó, mediante un largo documento de medio centenar de páginas, el asesinato de un ciudadano de EE.UU. Se trata de Anuar el Aulaki, un fanático islamista nacido en Nuevo México (EE.UU.) y del que se sospechaba que había participado en un fallido atentado contra dos aviones de carga el año 2009. Se encontraba refugiado en el Yemen y fue allí donde el pasado 30 de septiembre murió como consecuencia del ataque de un avión no tripulado, de los que viene utilizando la CIA para acciones de esta naturaleza. En la misma operación pereció también otro conciudadano que le acompañaba.

El núcleo de la cuestión no está sólo en el hecho en sí, sino en que un sistema político que se tiene por ejemplarmente democrático autorice a su presidente a realizar una operación de ese tipo en secreto, sin exigirle, ni siquiera a posteriori, una explicación por lo sucedido. Cuando los medios de comunicación se ponen en contacto con la Casa Blanca para requerir los necesarios detalles que el público tiene derecho a conocer, se les informa de que el ataque que mató a El Aulaki fue una operación secreta de la que no se puede hablar oficialmente, aunque el documento presuntamente legal que la autoriza ha sido comentado ya en varios órganos de prensa.

El Gobierno de EE.UU. habrá de explicar por qué se ha violado tan ostensiblemente una de las tradiciones constitucionales de EE.UU., según la cual todos los ciudadanos tienen derecho a ser escuchados por un tribunal. No había sido formulado cargo alguno contra El Aulaki por ningún delito ni era buscado por ningún tribunal. No había sido declarado culpable de nada ni, por tanto, tampoco había sido condenado. Ni siquiera hubo una mínima apariencia de proceso legal: simplemente fue asesinado. Si se le hubiera acusado de pertenecer a Al Qaeda o a los talibanes, hubiera sido legal recurrir a la fuerza militar, como ocurrió con Ben Laden.

Se aduce que se recurrió al ataque aéreo por “la dificultad de apresarlo vivo”, lo mismo que se afirmó cuando Ben Laden fue acribillado a balazos en su refugio pakistaní. Pero esto es ahora mucho menos creíble que en aquel caso, puesto que el atentado se produjo con el apoyo explícito y la aquiescencia del Gobierno yemení, que cooperó con EE.UU. y del que todo hubieran sido facilidades para apresar vivo al presunto terrorista, si esa hubiera sido la verdadera intención de las autoridades estadounidenses.

La opinión pública mundial tiene ahora derecho a saber en qué circunstancias el Gobierno de EE.UU. considera apropiado ejecutar a uno de sus ciudadanos sin abrir un procedimiento legal previo. Porque si un ciudadano estadounidense corre ese peligro, con el beneplácito del máximo organismo jurídico del Estado, ¿a qué riesgos no estará expuesto quien no disfrute de tan privilegiada condición y pueda caer bajo sospecha, por infundada que ésta sea?

A la espera de nuevos datos y justificaciones, hemos de insistir en que no es compatible la alabada democracia norteamericana con un Gobierno que, como el que ahora dirige Obama, autoriza el asesinato de sus propios ciudadanos, basándose en documentos legales secretos y que no han sido públicamente discutidos en los correspondientes órganos parlamentarios. La Casa Blanca no puede seguir ocultando lo ocurrido, basándose en su naturaleza “secreta”, porque con ello está sembrando una duda, muy justificada, sobre la fiabilidad y la autenticidad del concepto que en EE.UU. se tiene de la democracia.