Libia: entre la tardanza y el desconcierto

Muchos millones de palabras se han publicado desde que comenzó la intervención militar de ciertos países, tanto occidentales (incluida España) como orientales, en la guerra civil libia. La multiplicidad de puntos de vista aplicados a este conflicto ha generado, además, en nuestro país, duros y variados enfrentamientos de raíz ideológica, suscitados por la participación española y los trámites parlamentarios necesarios para autorizarla. También en Alemania y en otros países se han encrespado los ánimos políticos por motivos parecidos.

Puesto que de intervenir en una guerra se trataba, aunque ésta sólo fuese “civil”, para cualquier mediano conocedor de la historia bélica fue una inquietante sorpresa observar que empezaron a caer sobre Libia las primeras bombas de una coalición que aún no estaba definida, y sin que se hubiera establecido formalmente una autoridad política responsable de la operación. El más elemental manual de teoría de la guerra destaca la necesidad de que, por encima de cualquier mando militar, terrestre, naval o aéreo que la ejecute, haya una dirección política encargada de definir cuál es la finalidad que se pretende alcanzar mediante el recurso a las armas.

Esto es aconsejable, además, porque es la mejor forma de establecer ciertas condiciones, por todos conocidas, que una vez cumplidas permiten vislumbrar el fin de la guerra. Naturalmente, no se debe olvidar el hecho de que se suele saber cuándo y cómo comienzan las guerras, pero siempre se ignora todo sobre su final; esto es aún más inquietante cuando ni siquiera desde el comienzo de la guerra se ha definido bien qué se busca con ella.

Nada de lo anterior fue precisado en la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que dio luz verde a los primeros cazabombarderos -en este caso franceses- que iluminaron la noche libia con las explosiones de sus bombas. Luminarias que en días posteriores fueron reforzadas por los misiles de crucero de EEUU y del Reino Unido lanzados desde el mar. La finalidad expresada en la citada resolución es la de “proteger a los civiles y a las áreas pobladas bajo amenaza de ataques”, pero deja en el aire el modo de conseguirlo, aunque autoriza la creación de una zona de exclusión aérea y prohíbe una invasión terrestre.

No se puede ahora anticipar si habrá o no alguna nueva resolución de la ONU aclarando estos extremos, pero es obligado temer que, ante la incertidumbre reinante al escribir estas líneas sobre la atribución de responsabilidades políticas y militares en la operación, el desconcierto producido por los no siempre coincidentes intereses de los dirigentes políticos implicados en ella conduzca a situaciones complicadas que hubieran podido evitarse con una planificación menos apresurada y más coordinada.

Hay que reconocer que el retardo y las vacilaciones de los mismos países que luego han apoyado la intervención han sido el motivo por el que ésta se haya iniciado de modo tan poco coordinado, lo que no parece un buen comienzo para empeño de tanta envergadura. Aceptar la culpabilidad occidental en el retraso en ayudar a un pueblo que lo venía pidiendo con urgencia no debería llevar a cometer errores en sentido contrario, autorizando actuaciones improvisadas, de cuyos resultados sea luego difícil volverse atrás.

Entre tanta confusión, algunos conceptos siguen estando claros. Al pueblo libio corresponde resolver la situación por sí mismo, aunque los rebeldes necesitarán ayuda exterior para afrontar la brutalidad de la represión gubernamental y poder determinar en libertad su futuro. Una situación de estancamiento, con Gadafi conservando el poder en Trípoli y los rebeldes atrincherados en Bengasi, conduciría probablemente a la división de Libia y a un futuro de peligrosa inestabilidad en el Mediterráneo. En este caso, además, otros dirigentes políticos árabes, que empiezan a padecer los efectos de la onda liberadora que se generó en Túnez y se amplificó en Egipto, podrían sentirse tentados de imitar a Gadafi, al comprobar que la represión violenta de su propio pueblo le permite conservar el poder. Sin embargo, la resolución de la ONU no autoriza ni sugiere un cambio de régimen ni el derrocamiento de Gadafi.

También está claro que la intervención no debería verse, desde África y el mundo árabe, como una nueva operación imperialista para asegurar los hidrocarburos libios, razón por la que deberían participar las respectivas organizaciones interestatales. Por último, no está de más reseñar que en el fondo de tantas dudas e incertidumbres se agitan los fantasmas de Irak y Afganistán, los errores cometidos en ambos países y la difícil situación en que han puesto a los principales Estados ahora dedicados a resolver el conflicto libio. Es cierto que había que proteger a la población sublevada de la crueldad del tirano que la oprimió durante decenios. Pero no hay que olvidar que lo hizo bajo la mirada benevolente, cuando no amistosa, de los mismos dirigentes que ahora apoyan el bombardeo de su país. Hipocresía tan evidente no constituye una inyección moral para una operación militar, sino todo lo contrario. Y no olvidemos que la moral juega un papel determinante en todo conflicto bélico.