¿Qué hacer con los impuestos?

Al día de hoy, todo hace pensar que si finalmente se forma un gobierno con el PSOE (presidiéndolo sea en solitario o acompañado y con el PP y Ciudadanos en la oposición, la siguiente y central batalla será la de qué reformas hacer en el sistema tributario vigente. Las posiciones iniciales están claras. Mientras esa oposición pide una amplia y generalizada rebaja de impuestos, el PSOE es firme partidario de una reforma del vigente sistema impositivo y con el elemento central de la subida de algunos.

Ambos presentan argumentos para defender sus opciones. Los partidos que buscan esa rebaja emplean argumentos que trasladan aquí y ahora argumentos con un indudable aire de la denominada Escuela de Chicago encabezada por el economista Milton Friedman y discípulos bien conocidos en Estados Unidos (uno de los países más desiguales del mundo) en tiempo de la presidencia de Reagan como también en Chile durante los años de presidencia de Pinochet, tras su golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende en septiembre de 1973. Su argumentario es muy sencillo y atractivo pero su éxito es en la práctica muy, muy limitado. Ese argumentario se resume en un par de frases. Una es “Donde mejor está el dinero es en el bolsillo del contribuyente”. Hace falta mucha conciencia social para contradecir eso, conciencia cada vez más debilitada en el mundo. La segunda frase dice así. “Rebajemos los impuestos a todos y los contribuyentes gastarán ese dinero adicional con lo que la demanda total aumentará y la economía irá para arriba”. Es la llamada “austeridad expansiva”, ya experimentada a veces con nulo éxito. Pero no importa para sus apóstoles, hay que seguir con la misma cantilena. Además la experiencia prueba que cuando se ha afirmado que se rebajan los impuestos a todos eso no es verdad, porque se rebajan solo a los segmentos poblacionales con mayor poder e influencia, o sea a quienes más patrimonio tienen o mayor renta ingresan, sean personas físicas o jurídicas. La mejor prueba de ello es la enorme cantidad de agujeros (exenciones, bonificaciones todas legales) en el sistema, problema que reconocen todos los analistas. Aparte por supuesto del fraude fiscal puro y duro, siempre más al alcance de los más poderosos que de los más débiles. Sin duda que la mercancía de la rebaja que normalmente va sazonada con lemas de desprestigio de lo público, de la inutilidad y gran voracidad del mismo (todo ello repetido y difundido por medios digamos proclives y muy poderosos) tiene mayor atractivo que el mensaje de responsabilidad social del otro bando que, en este caso, juega en terreno contrario y hasta hostil. Un ejemplo actual de esta teoría de la “austeridad expansiva” está en la Comunidad de Madrid. El País (12 marzo 2019) afirma textualmente que “la ampliación de la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones… contribuirá a que la Comunidad deje de ingresar 2.593 millones de euros en 2019 por este tributo según estimaciones oficiales”. El “bendito” sistema autonómico permite estas diferencias entre Comunidades. Veremos si la cosa funciona.

Una valiosa contribución a este debate por venir de quien conoce bien “la otra cara de la moneda”, es decir lo que muchos no ven o no quieren ver es un reciente artículo de José María Vera, Director General de Oxfam Intermon (El País,5 de diciembre de 2018, lectura altamente recomendable). Resumo o transcribo algunas frases. “El sistema fiscal en España juega en contra de quienes sufren la pobreza, cuando debería ser al revés… España recauda poco y mal, lo que tiene un impacto directo en la capacidad del Estado para cumplir su deber constitucional de garantizar los derechos sociales de todos y de la población excluida en especial… “Recauda poco: siete puntos menos del PIB que la media europea. Alcanzar esa media supondría 80.000 millones de euros más… recaudación que se ve erosionada por un fraude fiscal calculado entre 27.000 y 70.000 millones de euros… Recauda mal. Un 83 % recae sobre las familias frente al 74% precrisis… con resultado de incremento en la desigualdad, desbordada en España, el tercer país más desigual de la UE”.

Frente a lo proclamado por dirigentes políticos y “guaicurúes” económicos del PP de “rebajas para todos”, el PSOE mantiene la posición contraria como corresponde a un partido de orientación socialdemócrata. Así según información de El País del reciente 1 de mayo (que firman Sérvulo González y Antonio Maqueda, muy buenos conocedores de estos temas) “el Gobierno en funciones envió ayer a la Comisión Europea el Programa de Estabilidad 2019-2021 que contiene un incremento de impuestos de 5.654 millones de euros para 2020”. Entre ellos se encuentran, los repuntes del IRPF a rentas superiores a 140.000 euros y en sociedades para las grandes empresas”. Respecto de ese repunte del IRPF, es muy recomendable un artículo reciente (“Bajo presión: la exprimida clase media”, El País 12 abril 2019) del embajador español en la OCDE, un buen economista Manuel Escudero que sabe de que habla. Escudero, siguiendo la metodología de la OCDE, escribe que “clase media española es la que percibe una renta anual de entre 12.911 y 34.488 euros, un segmento enorme, si no mayoritario de la población”. No parece que las medidas que se dice propondrá el gobierno socialista confirmen esa escabechina de la clase media, como algunos fundamentalistas pronostican. De mayor impacto parecen ser las pensadas respecto de la tributación, hoy ridícula, de las grandes sociedades. Si eso se confirma ahí estará la mayor resistencia por parte de sus poderosos “lobbies” que seguramente contarán con la comprensión, y quizá ayuda de algunas “viejas glorias” socialistas, todavía activos en esas tareas. Así que atentos a la pantalla.

Sigue la información de El País afirmando que el Ejecutivo socialista en funciones “promete bajar el déficit público este año al 2% del PIB, el 1.1 en 2020 y el 0.4 en 2021”, logrando el equilibrio presupuestario el año siguiente… Para entonces los ingresos habrían subido del 38.9 % del PIB del cierre del 2018 al 40.7% del PIB”, un porcentaje más decentemente “europeo” y no en la cola de esa lista como ahora estamos.

Una política económica sensata debe atender a tratar de armonizar dos objetivos irrenunciables en toda sociedad que busque progreso y estabilidad y disminución de la conflictividad. Esos dos objetivos son eficiencia económica y equidad social, objetivos no opuestos como muchos pretenden sino conciliables y complementarios. Y para ello todo gobierno cuenta con instrumentos y entre ellos de manera destacada las políticas tributarias, tema este siempre conflictivo porque, dicho llanamente, toca el bolsillo del ciudadano. Lo estamos viendo todos los días y más lo veremos los inmediatos. Un organismo prestigioso y nada sospechoso de izquierdismo o aventurerismos, la OCDE en su recientísimo informe anual sobre la economía española alerta que la misma ha vuelto a crecer y crear empleo (otra cosa es su calidad) pero que esa mejora sigue estando muy desigualmente repartida, incluso más que hace cinco años. Y por eso enfatiza en la necesidad de concentrar más el gasto social en las rentas más bajas.

EL aumento de la desigualdad, que se da tanto en resultados como en oportunidades atenta, es bien sabido, contra la paz social, algo que a todo ciudadano responsable (y no digamos a los dirigentes políticos y a los poderes económicos) debe preocupar. Estos días se han publicado noticias (no desmentidas o sea que no deben ser “fake news”) digamos preocupantes o que deberían serlo. Las resumimos. Por ejemplo: “Los miembros de los consejos de administración de las empresas españolas ingresaron 3.151 millones de euros, o sea el doble que en los tiempos de la burbuja inmobiliaria, según cifras de la Agencia Tributaria (El País, 3 de mayo reciente, firma Sérvulo González la información). El suplemento Negocios de ese periódico (14 abril reciente) afirma que “los principales ejecutivos del IBEX ganaron una media de 4.23 millones de euros en 2018, 79 veces más que sus propios empleados”. No dudo, aunque hablo de oído, que su trabajo sea duro y complejo pero esa diferencia parece algo excesiva. ¿No creen? En fin, algunos dirán que es el mercado el que regula mejor estas cosas. También lo dijeron cuando la última crisis financiera en EEUU en 2008 (la de Lehman Brothers) y todavía estamos pagando sus consecuencias. Por supuesto que los mercados son imprescindibles pero los mercados con competencia interna auténtica y bien regulados por los poderes públicos para evitar o, al menos disminuir, las debilidades (que también existen) de los mismos. Y siempre buscando la maximización del bienestar colectivo, no solamente el de unos pocos, los que de verdad mandan. Y en eso el sistema fiscal de todo país es clave, incluyendo el nuestro. Finalmente pero muy importante, vale la pena recordar aquí una frase de un famoso jurista del Tribunal Supremo de EEUU que figura esculpida en sus paredes. Concretamente de Oliver Wendell Holmes: ”Los impuestos son el precio que pagamos por vivir en una sociedad civilizada”. Así de sencillo, así de importante.