Las “embajadas” catalanas

Al entrar en vigor el artículo 155 de la Constitución, el Gobierno Rajoy cerró varias de las denominadas, pomposa y falazmente, “embajadas” de la Generalidad catalana en el exterior, así como el flamante Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat), consorcio público privado encargado de la proyección internacional de esta Comunidad Autónoma. Obviamente no son Embajadas y de ahí el entrecomillado. Su origen cabe situarlo desde 1987 en la creación del denominado COPCA (Consorcio para la Promoción de Cataluña), entidad con finalidad estrictamente de Promoción comercial e internacionalización de empresas catalanas. Ya en su día esa iniciativa enfrentó objeciones legales y un recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno de Madrid, invocando el artículo 149.1.10 de la Constitución española referido a la competencia exclusiva del Estado, entre otras, en “Régimen aduanero y arancelario: comercio exterior”. El Constitucional rechazó ese planteamiento seguramente entendiendo que ese enunciado incluía lo relativo a legislar en esos temas pero no a todo lo relativo a las materias de Promoción comercial e internacionalización mediante ayudas directas a empresas, actividad en alza en toda la OCDE.

Precisamente el Gobierno de Madrid había creado en 1982 el Instituto Nacional de Fomento de la Exportación (INFE), años después convertido en el ICEX, en cuya estela va o parece ir ese COPCA en clara duplicación con el consiguiente despilfarro de dinero público. Aunque, a decir verdad, hablar de duplicación es excesivo porque se trataba de un intento de clonar un organismo con mucha mayor capacidad y experiencia profesional puesto que el INFE abarcaba en el exterior la totalidad de las Oficinas Comerciales de las Embajadas españolas dirigidas desde muchos años atrás por funcionarios con amplia formación y experiencia comercial y económica por el Cuerpo al que pertenecen (Técnicos Comerciales del Estado). Mucho mayor el número de oficinas y, sobre todo, mucha mayor profesionalidad y experiencia, algo que no se improvisa. Pero es igual porque la Generalidad catalana quería tener su presencia internacional seguramente siguiendo las líneas del plan Pujol de “fer país”. Que lo digan los historiadores. Pero claro, una cosa es tener una red externa de apoyos comerciales a empresas y otra muy distinta convertirla en una red de “agitprop”, o sea de “agitación y propaganda” para apoyo de los objetivos de un Gobierno sectario que representa solo a una parte minoritaria de la ciudadanía catalana, concretamente para el supremo objetivo de la independencia, primero denominada cautamente “derecho a decidir” y luego ya claramente de “independencia”.

Tan claro era eso que hasta el Gobierno de Rajoy lo vio e incluso actuó aplicando muy bien ahí el artículo 155 cerrando oficinas y Diplocat. Decaído ese artículo, el Gobierno catalán por boca de su consejero el exsocialista (sic) Ernest Maragall ha decidido la reapertura de DiploCat y de varias oficinas exteriores a las que seguirán otras y algunas nuevas. O sea que, “vuelta la burra al trigo” y la política de “agitprop” continuará salvo que el Gobierno de Madrid vigile seriamente esas actividades y actúe, algo perfectamente posible en los dos verbos, vigilar y actuar en caso de ilegalidades, sobre todo el primero pues medios para ello tiene de sobra. Veremos. Y esperemos y confiemos en que el Gobierno español sea también capaz de hacer algo no hecho hasta ahora por el Gobierno Rajoy como es desarrollar una política veraz y eficaz de información en el exterior que sea capaz de desmontar las calumnias y las digamos fake news (antes llamadas mentiras) de la “agitprop” indepe.