¿Giro social en la Unión Europea?

Corría el año 1995 y en abril la Comisión Europea decidió la creación de un denominado Comité de Sabios con el objetivo de presentar a la misma una serie de medidas relacionadas con “el déficit social que se observa” en la construcción europea. Ese comité presidido por la exprimera ministro de Portugal María de Lourdes Pintasilgo se forma inmediatamente y en febrero de 1996 entrega su informe precisamente titulado “Por un Europa de los derechos cívicos y sociales”, texto que finaliza con veintisiete propuestas para lograr ese objetivo que se concreta, textualmente, en la consecución de un “Bill of Rights” con dimensión europea.

Para ello se parte, como afirma el informe, del hecho de que “Europa es un estado social” a través de la realidad a esa fecha de sus Estados miembros, base para un espacio común para esa dimensión social. Se habla de una unión social para “hacer progresar la construcción de la Unión”, una unión ya avanzada en los aspectos económicos y financieros. Se insiste en que esto es “una necesidad urgente” ya que “los derechos cívicos y los derechos sociales son ahora interdependientes”. En resumen, el objetivo es superar el desequilibrio entre lo económico y lo social ya que los países miembros y la unión se presentan siempre al mundo como baluartes y símbolos de la “economía social de mercado”. Estamos en 1996.

No hubo mucho más tras la presentación de este informe hace ya poco más de veinte años. Y sin embargo hasta el inicio de la llamada Gran Recesión hace una década, hubo tiempo y oportunidades para avanzar en esa ambiciosa agenda social articulando políticas comunitarias. No fue posible, por falta de voluntad política, superar las discrepancias internas y por ello la mayoría de los escasos avances producidos lo fueron individualmente. A partir de 2007-08 las urgencias, como es bien sabido y sufrido, fueron otras. La austeridad a ultranza, traducida sobre todo en recortes presupuestarios y salariales, lo preside todo. Esta política trae como resultado un crecimiento menor o, incluso muchas veces y en muchos países miembros, un decrecimiento de la riqueza y del bienestar colectivo, un aumento del paro y de la precariedad laboral así como de las desigualdades, tanto de resultados como de oportunidades. En suma, una muy grave crisis social especialmente en ciertos países entre ellos España. Todo ello con el correlativo y lógico incremento del malestar y del descontento social con su inevitable corolario de aumento de los populismos y movimientos xenófobos. Lo que era una crisis económica en su origen va mutando y hoy, cuando la economía parece que inicia una tímida y frágil mejoría, se convierte en una crisis política mientras la crisis social permanece y parece de largo aliento.

Es en estas circunstancias cuando, hace una semana, la Comisión Europea reaparece con la propuesta de un giro social. Lo hace en víspera de la segunda vuelta de las elecciones francesas, con las negociaciones del Brexit asomando, con Italia con creciente malestar, con escepticismo europeo creciendo en varios otros países entre ellos el nuestro y, en síntesis, cuando la idea de Europa se asocia por sus ciudadanos cada vez más a mínimos avances sociales asociados a una construcción económica con cada vez más obstáculos y como máquina de producir progreso muy mal repartido. Quizá ahora sirva de algo el informe de ese Comité Pintasilgo en su día relegado a las estanterías del olvido.