Devolver el Estado a los ciudadanos

Puede parecer extraño, fuera de lugar hablar de nacionalizar el Estado ¿Hay algo más nacional, más colectivo, en el sentido de defender y representar los intereses generales de una sociedad que un Estado, esa superestructura que reúne y se divide en los tres tradicionales poderes de Montesquieu, ejecutivo, legislativo y judicial que se contrapesan unos a otros como garantía precisamente de libertad y democracia, frente a la concentración de poderes en las dictaduras?

En la teoría política todo eso es cierto. La realidad es otra, incluso en las democracias más avanzadas, que siempre presentan activos esplendorosos y pasivos vergonzantes.

Echemos un vistazo a lo que ocurre en nuestro país donde la democracia tiene abundantes e importantes agujeros. Ya no cabe invocar eso de la joven democracia, aunque lo sigue siendo respecto de los principales países de Occidente. Se han instalado y enquistado una serie de defectos e insuficiencias en su funcionamiento fruto de una transición llena de vicios y, desde luego, menos brillante de lo que proclaman historias oficiales y apologetas. Precisamente la profunda crisis socioeconómica y ética actual los está sacando a la luz.

No nos referimos solamente a las graves imperfecciones en el funcionamiento de esos tres poderes tradicionales tanto en su acción como en sus relaciones. Algunas cuestiones: ¿tiene alguna independencia el legislativo respecto del ejecutivo o, simplemente, cumple sus órdenes en un régimen de mayoría absoluta? El reparto de puestos en órganos jurisdiccionales o aledaños desde el Constitucional hasta el Consejo General del Poder Judicial pasando por el Supremo ¿no atenta a la independencia del poder judicial? Los partidos políticos, salvo mínimas excepciones, antítesis de la democracia interna, con su ocupación por cuotas de las instituciones, ¿no obstaculizan la democracia real?

Todo eso es aplicable al poder económico, para muchos el auténtico poder (aunque suene a antiguo vale la pena recordar la frase de Marx de que “El poder político (es decir el Estado) es el consejo de administración que rige los intereses de la clase burguesa”.) Aceptando o no el literal de la frase, lo cierto es que el poder económico tiene importancia clave en todo sistema político, incluyendo el nuestro. Es uno de los “poderes fácticos” de los que se habló en la transición, época de prudencias y eufemismos. Negar eso es negar la realidad.

El poder económico está ahí y con enorme fuerza como está demostrando por ejemplo en las políticas adoptadas por el actual Gobierno en la “solución” de la crisis. El rescate al sistema financiero, ejemplo de socializar pérdidas y sin castigo alguno a los culpables ( lo último, por ahora, el regalo del Banco de Valencia a CaixaBank, verdadero expolio); la vergonzante “reforma” del sector energético, ejemplo de no atreverse ante un poder ” tradicional ” en nuestro país; la pervivencia de situaciones monopolísticas o gremiales, ejemplo máximo ese sector energético; una reforma laboral que desequilibra más el terreno entre empleadores y empleados con el resultado previsto de más paro y menos salarios; una absolutamente ineficaz acción contra el fraude fiscal; un sistema autonómico y municipal que produce una extractora simbiosis entre autoridades y grandes empresarios locales. Es el poder económico quien define la agenda a aplicar por los poderes del Estado. No toda se aplica, sí en gran parte.

Fuerte con los débiles, débil con los fuertes. Por eso, este Estado ocupado por el poder económico debe ser rescatado y devuelto a la ciudadanía, debe ser nacionalizado, deben crearse poderes compensatorios. Se trata de lograr un reparto menos injusto de los costes de la brutal crisis. Solo a partir de ahí se podrá hablar de una auténtica democracia.