El 8,5 por ciento

El déficit de las administraciones públicas españolas (Central, Comunidades Autónomas, Entidades Locales, Seguridad Social) en 2011 supone el 8.5 por ciento del PIB de ese año, según ha informado el ministro de Hacienda. Tenemos la cifra y hay que suponer que es la definitiva. Esa cifra supone 26.900 millones de euros sobre lo pactado con Bruselas. Son 2.5 puntos por encima del objetivo del 6 por ciento, más de un tercio más. Incluso por encima del 8.3 por ciento estimado a poco de tomar posesión el gobierno Rajoy. Atrás, muy atrás queda aquella insistencia del gobierno Zapatero de que se cumpliría ese objetivo del 6 por ciento. Nadie lo creyó, incluso ni ellos.

La mayor responsabilidad del desastre, no hay otra manera de calificarlo, recae en las Comunidades Autónomas. Han sido incapaces de reducir ni una centésima su déficit sobre el de 2010. Ha sido de 2.94 por ciento, más del doble de su objetivo y compromiso del 1.3 por ciento.

Recordemos que para este año de 2012 el objetivo y compromiso, todavía vigente, es de un déficit máximo del 4.4 por ciento del PIB. Alcanzar eso obliga a un recorte de unos 44.000 millones de euros, lo que supondría una caída del PIB por encima de la prevista. Ello a su vez, reduciría los ingresos presupuestarios por debajo de los previstos con lo que esa proporción empeoraría lo que obligaría a nuevos recortes y vuelta a empezar. ¿Recuerda ese panorama lo que está ocurriendo en Grecia con plena vigencia de ese círculo vicioso, camino de un indudable y doloroso fracaso con terribles costes sociales? Bruselas, digamos Bruselas aunque debemos decir Bonn, tiene que demostrar que tiene dos dedos de frente y suavizar ese calendario.

Segunda consideración: quien siembra vientos, recoge tempestades. Acabada en nuestro país la época de abundancia (en gran parte ficticia y edificada sobre arena), los enormes pasivos de un estado autonómico basado en las duplicidades y el despilfarro (y otro tanto sucede con las entidades locales) han salido a la luz y de eso no hay que culpar ni a Bruselas ni a Bonn. Ese es un problema nuestro que hay primero que reconocer y después encararlo seriamente y con voluntad política para asumir costes muy altos que, eso sí, hay que repartir equitativamente. Austeridad sí, pero austeridad selectiva y protegiendo a los más débiles.

Parece que el actual gobierno, en gran parte por presiones externas (hoy hasta China conoce esos lastres de nuestro peculiar Estado), reconoce que existe ese problema. Es un paso adelante porque hasta ahora el único partido que desde su fundación, hace cuatro años, ha clamado en el desierto con este tema es UPyD. Hoy ese desierto lo es un poco menos. Pero falta lo segundo y es lo que el actual gobierno (cuyo partido tiene una cuota de poder político nunca alcanzado en democracia) tiene que demostrar: que es capaz de resolver este problema lo que supone enfrentarse con muy poderosos intereses de los instalados en amplísimas redes clientelares de las que obtienen muy jugosos dividendos que no estarán dispuestos a perder.