Lo peor de lo peor

Así ha definido el gobernador del Banco de España la situación de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) añadiendo que era posible que se perdieran fondos públicos del orden de 2.800 millones de euros cifra que, a no dudar, será superada.

A pesar de intentar mirar los toros desde la barrera, alguna responsabilidad tendrá en este desastre la entidad que él dirige y él mismo. El banco cuenta con un acreditado servicio de inspección pero uno tiene la sospecha de que, al menos en algunos casos, sus informes se pierden en los vericuetos de la cúpula de la entidad, trufada de intereses y clientelas políticas. Con el resultado de no aplicarse una serie de medidas a su debido tiempo. O la máxima autoridad reguladora y supervisora no conocía este desastre (y otros en el sector de las Cajas) o bien lo conocía y no actuó a tiempo y debidamente. Escoja el lector.

Sería injusto atribuir estos desastres ocurridos en parte de lo que un día Zapatero definió como “el sistema financiero más sólido del mundo”, sólo a la autoridad monetaria. Las autoridades de las Comunidades Autónomas, responsables de la tutela de las Cajas, son también culpables por nombrar y mantener gestores incapaces excepto para su beneficio propio y por impulsar fusiones dentro de sus territorios para mantener “sus” Cajas, sumando entidad mala a entidad mala. Finalmente pero no menos responsable, el gobierno de la nación (sic) que no ejerció aquí, como en tantas otras materias, su cada vez más débil poder. Otro pasivo más del lamentable Estado de las autonomías.

Principales culpables, los gestores que, aparentemente, son “profesionales”, eso sí aupados por sus padrinos políticos a cambio de que luego la caja de turno operase como banquero de la autonomía. Ahora nos vamos enterando (y saldrán más casos escandalosos, estemos seguros) de sus grandiosos sueldos y multimillonarias jubilaciones e indemnizaciones tras dejar sus entidades reducidas a escombros. Pero nadie, ni el gobierno autonómico de turno ni el Banco de España, parece ser responsable de esto. Uno echa el muerto al otro. Antes, se peleaban por las competencias. Hoy, una vez más, dicen que no son competentes (es cierto, son unos incompetentes).

Pasará el escándalo, aparecerán otros de diverso pelaje, nadie desde los poderes públicos ejercerá acción alguna contra estos depredadores y el tema se olvidará y ellos seguirán en su retiro dorado con nuestro dinero. Porque ya sabemos el final de esta historia que acaba como siempre: las juergas de unos pocos, esos que se lucran, las paga el sufrido contribuyente.