Un ataque frontal a la política

La recientemente aprobada reforma constitucional no es un asunto menor, técnico, referido sólo a la economía. Es un ataque frontal a la política porque es un ataque frontal al principal instrumento que tiene cualquier gobierno como es el presupuesto anual.

Parece obvio pero es preciso recordar primero que es el instrumento central en manos de un gobierno precisamente para gobernar. Gobernar es optar, es decidir entre distintas alternativas. Hay que optar porque de un lado los recursos son finitos y segundo, porque los intereses, las demandas de los ciudadanos no coinciden, no son iguales. Esas decisiones gubernamentales se plasman en los presupuestos, en sus ingresos y en sus gastos y, como se dice coloquialmente pero de manera acertada, “lo que no está en el presupuesto no existe”.

La política presupuestaria, la política de déficit o superávit es un instrumento y como tal debe tener flexibilidad precisamente para, dentro de esos límites, quienes gobiernan, determinen sus preferencias. Precisamente, corresponde a los legislativos, expresión de la soberanía y voluntad populares, aprobar los presupuestos. Ese instrumento es un medio, no un fin y no confundir esto es muy importante.

Constitucionalizar el presupuesto, llevarlo a la ley suprema de un país supone dotar a algo que es un instrumento de una rigidez no conveniente.

Más que eso: constitucionalizar ese instrumento y fijar unos límites supone certificar la desconfianza absoluta hacia quienes, por mandato del pueblo soberano, legislan y gobiernan. Es un ataque frontal a la política y a los políticos considerados así, por teóricos como Buchanan, como seres banales, incluso pérfidos, que sólo buscan su provecho. Se dio un primer paso en este camino poniendo la política monetaria vía bancos centrales en manos de técnicos “independientes” que ante nadie responden, sólo ante ellos. Ahora se da un segundo paso y el siguiente será introducir las previsiones económicas de cada año en un ordenador, darle a un botón y que él tome las decisiones en cada momento. ¿Exagerado? No lo descartemos.

En nuestro caso, el asunto es mucho peor, con caracteres una vez más de vodevil. Se aprueba una reforma constitucional en un par de días por imposición externa, se olvida que para ese viaje ya teníamos alforjas porque hay normas para ese objetivo deseable de estabilidad del gasto público pero no se han querido aplicar, se rechaza discutir en el trámite parlamentario una serie de enmiendas, todo un proceso plagado de frivolidad e, incluso, irregularidades. Seguramente todo legal pero ¿legítimo?

Se justifica además el contenido y la urgencia por la necesidad de “tranquilizar a los mercados” y lo hacen quienes, hasta ayer, hablaban y siguen hablado de que la política debe dominar a esos mercados. Hablamos del gobierno y de su partido, claramente derrotados por el PP, como se pudo ver gráficamente al finalizar la sesión de las Cortes que cometió este desaguisado.