Wikileaks en Madrid

Sin duda que las filtraciones de documentos de la administración norteamericana por WikiLeaks supone un hito importante en la permanente búsqueda de una mayor y mejor democracia. Lo conocido, sin duda sólo parte de lo existente (los documentos Top Secret no se han divulgado), resulta suficiente para atisbar procedimientos al uso en la escena internacional. Julián Assange, el impulsor de la cosa, acepta un altísimo riesgo en el que su propia vida está en peligro. La reciente orden de busca y captura es sólo el comienzo.

WikiLeaks también, lo hemos ido sabiendo, ha estado en Madrid. Los principales actores: los sucesivos embajadores de Estados Unidos y ministros y altos representantes de la Justicia (así, con mayúscula) del lado español. El panorama resultante es desolador. No inesperado porque de todos es bien conocida la prepotencia del fuerte y el servilismo y la obsequiosidad de los que se saben más débiles. La desolación viene al ver confirmada, de buena fuente es decir de sus primeros actores, la sospecha de esos comportamientos.

En tres temas, el asesinato de José Couso, las torturas en la prisión ilegal de Guantánamo y los vuelos clandestinos de la CIA con prisioneros ilegales sobre territorio español, la embajada de EEUU despliega toda su capacidad de presión para evitar sorpresas desagradables en el campo, en principio menos controlado, de la justicia. No se trata sólo de que solicite información del estado de los expedientes, algo lógico y normal, sino que se trata de enormes presiones a varios niveles. En esa labor cuentan con un respaldo impagable que es el de ministros, incluso de la propia vicepresidenta entonces, así como del fiscal general del Estado y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Una cosa es transmitir información y otra es trabajar para archivar esos expedientes mientras que, por supuesto, se dice lo contrario a la opinión pública española y a los familiares de Couso. ¿Dónde queda la defensa de la justicia, la búsqueda de la verdad que se supone a esos servidores públicos? ¿Es tan fuerte ese deseo de satisfacer a los poderosos como para llevarles a ese tipo de acciones?

Las reacciones de esos servidores públicos han ido desde el silencio de algunos hasta declaraciones ridículas por parte de otros. Nos toman, a los ciudadanos de cuyos impuestos ellos viven, por tontos. Destaca lo dicho por el fiscal general Sr. Conde Pumpido que, generalizando sobre “la justicia española, los jueces y los fiscales”, afirma que “no se dejan influir por nadie”. Desenfocado, porque aquí y ahora no se juzga a esa generalidad sino la conducta de ese fiscal general y de algún otro. Recientes encuestas muestran que la mayoría de los ciudadanos españoles consideran positiva la actuación de WikiLeaks así como entienden que la administración española cedió a las presiones de Washington. Siempre es un (magro) consuelo.