La plenitud democrática y los 100.000 muertos

El mes de febrero ha sido el segundo mes con mas fallecidos por SARS-CoV-2 tras el mes de abril de 2020, según los datos del Gobierno. Según los datos de organismos oficiales que determinan el exceso de mortalidad, hemos llegado a los 100.000 muertos en los catorce meses transcurridos desde enero de 2020

El país real, cerrado a las 6 de la tarde en la mayoría de los pueblos y ciudades, demuestra su capacidad de resistencia, sobreponiéndose a la pandemia y al debate político que protagoniza el Gobierno.

El doble sentido que se da a las palabras en la narrativa parlamentaria y la deformación del relato de la política que sube al proscenio lo mas prosaico, sirven como la mejor manera de anestesiar y encubrir la realidad.

Ciertamente, con mas de 100.000 muertes olvidadas y enterradas en la clandestinidad, sin explicaciones y sin el mas leve atisbo de contrición por los gobernantes, no puede reconocerse la plenitud democrática. Con España en estado de alarma desde el 14 de marzo 2020 y que continua vigente hasta el 9 de mayo de 2021, no puede hablarse de plenitud democrática. Con un vicepresidente del Gobierno que lidera un partido que se une a secesionistas, Bildu etarras y demás especies del folk político nacional para reafirmar que su objetivo es demoler la Constitución de 1978 y volar la soberanía nacional -sin ninguna respuesta por quien lo ha nombrado- no puede hablarse de plenitud democrática. Si la gestión y distribución de los fondos de la UE – el maná que todo lo va a resolver- no puede ser controlada por un organismo público independiente gracias al voto del PSOE, Unidas Podemos, PNV y VOX, -sin explicación alguna del vergonzante pacto y las contraprestaciones prometidas- tampoco hay plenitud democrática. Si las calles de Barcelona, Madrid, Valencia o Granada se convierten en un espacio dominado por los actos vandálicos de los seguidores de un delincuente que ha entrado en prisión y la policía no es respaldada por los gobernantes, el Estado de Derecho se transforma en la selva y desaparece cualquier atisbo de plenitud democrática.

Lo urgente y lo prioritario es salvar vidas, vacunar al mayor número de ciudadanos en el menor tiempo posible y ofrecer un pacto solido de los partidos que construyeron el modelo constitucional y creen en España como una nación de hombres y mujeres, libres e iguales ante la Ley y los poderes público. Y un proyecto común, reconstruir el país social y económicamente devastado por la pandemia y el autismo del Gobierno.

La plenitud democrática se realiza en un Estado de Derecho en el que se garantiza la separación de poderes, el control democrático de los gobiernos y los derechos sustantivos y formales de todos los individuos sin distinción.

Mientras la transición y la Constitución de 1978 fueron un proceso de avance y mejora continua en la calidad democrática de España y en el fortalecimiento de sus instituciones, con plena incorporación al proyecto Europa y al bloque de las democracias occidentales, los últimos 5 años, desde las elecciones del 20 de diciembre de 2015, el país ha entrado en una crisis que parece enquistarse.

Precisamente cuando se percibía la salida de la crisis financiera y del ajuste económico del plan de estabilización que exigió la UE, se concatenó una crisis institucional con un conflicto secesionista que niega el Estado-nación y una ruptura del bipartidismo que los nuevos partidos descalifican obteniendo un significativo apoyo. Transcurridos 5 años, la pretensión y el experimento de sustitución del modelo político vigente desde 1978 hasta 2015 es un túnel sin salida que refleja fracaso e incertidumbre.

Si las instituciones desde la Jefatura del Estado, pasando por el Consejo del Poder Judicial y los medios públicos de comunicación, estaban asentadas con discrepancias de rango menor en el debate público, hoy una minoría cuestiona y protagoniza todo el modelo sin ofrecer otra alternativa que su voladura y posterior ocupación.

Dos factores han contribuido a este proceso: los dos partidos nacionales PSOE y PP han entrado en una crisis de sustitución de sus liderazgos y equipos que han pretendido resolver comportándose miméticamente a los nuevos partidos; y han dimitido de su responsabilidad de impulsar y acordar las reformas con la misma intensidad con que se hizo desde 1978.

Felipe González, Alfonso Guerra y Alfredo Pérez Rubalcaba no tendrían nada que aprender de Zapatero o Sánchez. Como tampoco Manuel Fraga, José María Aznar o Rajoy de Pablo Casado, Inés Arrimadas o Santiago Abascal. Y Carrillo, Tamames o Anguita son incomparables a Pablo Iglesias, Irene Montero o Errejón.

Regeneracionismo y reformismo en unos y en otros, política ensimismada y dogmatismo maniqueo, tan presentes en nuestra historia como describió Unamuno.

0 comentarios

Escribe tu comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Agradecemos tu participación.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *