La dilución de la nación y la muerte civil

La historia juega cada cierto tiempo malas pasadas a este país que se llama España y que es una nación que está en la andadura de su sexto siglo de vida. Por mas que unos pocos no lo entiendan o duden de ello.

Un cierto canibalismo político quiere hacer prisionera a la realidad. Una antropofagia protagonizada por nacionalistas irredentos en busca de su propia historia que nunca hubo, creada de mitos artificiales y sustentada en particularidades menores y en su propia irrelevancia.  Sin historia veraz, la narrativa independentista es una ficción.

La modernidad del estado nación, a la que llegaron en el siglo XIX aquellos territorios europeos que todavía no la habían alcanzado como Italia, unificada en 1848 mediante el Estatuto Albertino, pasó de largo para catalanes y vascos cuya integración en España ya era plena desde los Reyes Católicos.

Solo quedaba del nacionalismo pequeños círculos aldeanos y tardos burgueses que rememoraban y añoraban lo que nunca llegaron a ser: una nación.

Cada cierto tiempo la izquierda española que fracasó en la Primera republica cantonalista y en la Segunda República que devino sin orden jurídico y revolucionaria, ampara el sistema caciquil y privilegiado de los nacionalistas, como modo de medio de pago para mantener su integración en España. Una integración de mala cara que exige a los ciudadanos también españoles una compensación por su permanencia, como si sobre todos nosotros pesase una eterna deuda que solo ellos, los nacionalistas, conocen.

Este preludio viene al caso ya que hay que apartarse de reflexiones interesadas sobre el caso del Rey Juan Carlos que se mueven en el medio ambiente del chismorreo y de las verdades de terceros investigados por la Justicia. Como el singular comisario de las mil andanzas Villarejo, hoy en prisión, y la señora Larsen, reclamada por la Fiscalía suiza y que ha perdido el noble apellido zu Sayn-Wittgenstein y el tratamiento de Su alteza Serenísima con el que se paseaba por el mundo tras su último divorcio.

Lo que tenemos sobrevolando el cielo de España es un proceso preparado, concertado, iniciado y parcialmente ejecutado de dilución de la nación en la configuración de Estado constitucional que quiere revertirse anulando los principios sobre los que se construyó en 1978.

El pacto constitucional que abarcó a la derecha y a la izquierda y del que solo quedaron fuera seis diputados que votaron en contra y 13 abstenciones, estableció un ordenamiento jurídico y un acervo común que no puede quedar resuelto por una vía de hecho vergonzante. El grupo político que pretenda modificar la Constitución que la incorpore a su programa electoral y se sujete a los mecanismos constitucionales previstos para su reforma.

Esta vía de hecho abierta por Zapatero al reconocer la bilateralidad a Cataluña en la reforma de su estatuto que no solo no apaciguó, sino intensificó el proceso secesionista, tiene la expresión mas desafiante con la declaración de Torra y las votaciones en el pleno del Parlament: “el único camino para sustituir este régimen monárquico es la constitución de la republica catalana.” Cataluña republicana y sin Rey, declara el Parlament ,  un acuerdo sin efecto jurídico ni competencias, en su reiterada vía folclórica de hecho que nos ofrecen sus diputados cada cierto tiempo, con tanto valor como si declarasen que quien resida en Cataluña debe tomar butifarra todos los días.

El episodio de la salida del Rey Juan Carlos vulnera la arquitectura de derechos constitucionales. Hasta el momento la relación de Felipe VI Rey y Jefe del Estado con su padre se había desenvuelto en el marco constitucional de la Casa Real, artículo 65, al retirarle la asignación que libremente distribuye y en la relación familiar al manifestar que renuncia a cualquier derecho económico hereditario futuro.

Ahora el gobierno de Pedro Sanchez ha requerido de Felipe VI, Rey y Jefe del Estado, que ejerza su relación filial con el fin de que su padre saliera del Palacio de la Zarzuela, en una actuación que no compete al Gobierno. Que se quitara de en medio en términos de la calle.

Esta presión del Gobierno que ha utilizado a la vicepresidenta Calvo como emisaria en su interlocución con el jefe de la Casa Real Jaime Alfonsín, estaba destinada desde la factoría Moncloa ante todo a favorecer a Pedro Sanchez para trasladar a la opinión publica un acto de ejercicio de poder y despejar su camino del desastre de la economía  y de la respuesta a la pandemia.

La presentación de la noticia coincidente con el resumen hagiográfico de la actuación del gobierno en el semestre covid 19 y su posterior salida de vacaciones a La Mareta – el asalto al palacio de verano- es una adaptación suave de episodios históricos de salida de Reyes.

Nulla poena sine lege y principio de contradicción rigen el derecho penal que derogaron la muerte civil que en la antigua Grecia determinaba que si se declaraba la persona carecía de derechos y de cualquier protección por parte de la ciudad-Estado.

Hemos dado tras el reconocimiento de Zapatero de la bilateralidad con Cataluña, el segundo paso en la dilución de la nación y del regimen constitucional.

Ambos protagonizados por dos diputados socialistas cuyas intervenciones en el Congreso solo son un vacío. Del primero dijo Rajoy que era un bobo solemne. Del segundo solo puede decirse que solo pretende hacer solemne la mentira.

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