Sánchez y los impuestos

El presidente de la CEO, Garamendi, en la firma en La Moncloa del acuerdo social con los sindicatos, recordó a Pedro Sánchez que no es el momento de subir los impuestos ante la situación de la economía productiva todavía en un rango de actividad que no supera el 60 por ciento.

El Gobierno de coalición socialista más podemitas repite sin embargo dos principios: que es el momento de lo público y que hay que subir los impuestos para que pague mas quien mas tiene. Y se agarran a estas dos frases como si hubieran descubierto el océano.

En primer lugar, España tiene un sector público potente. Lo que es realmente necesario para recuperar la devastación económica y social derivada de la pandemia y de la ineptocracia que nos gobierna ­- según feliz definición de John de Zulueta, presidente del Círculo de empresarios- es favorecer la recuperación de las empresas privadas, facilitar su actividad y aportar liquidez tras un año 2020 que va a registrar números rojo en importantes sectores de nuestra economía.

En segundo lugar, nuestra Constitución ya reconoce en los artículos 39 a 52 los principios rectores de la política social y económica, la subordinación de toda la riqueza del país, cualquiera que sea su titularidad, al interés general, así como la iniciativa pública en la actividad económica en su articulo 128. Y el artículo 31 en materia tributaria dispone que el sistema tributario será justo y progresivo, contribuyendo todos al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, pero sin alcance confiscatorio.

Si repasamos a los datos resulta que el 40 % de la recaudación el IRPF se obtiene de las rentas de mas de 60.000 euros que son las que declaran un 4% del total de contribuyentes. Cuestión distinta es la radiografía de las CCAA en relación con los tipos medios del IRPF, resultando que en Cataluña y Madrid, las regiones más dinámicas, tienen sus ciudadanos tipos medios entre el 18% y el 19%, mientras en el resto de las CCAA se mueven entre el 14 % y el 15%.

De los informes de la AEAT resulta que las rentas de los asalariados públicos es la que mas ha crecido en los años 2018 y 2019, en los dos años un 10,95, frente a las rentas de los asalariados privados, 10,5% y la de menor crecimiento la de los profesionales un 9,6%.El salario medio declarado en IRPF de los empleados públicos en 2019 es de 36.387 euros, superior al de los empleados privados que es de 23.683 euros y al de los profesionales que es de 33.372 euros.

En el estudio de Samuel Calonge, Desigualdad de la renta e IRPF en los hogares españoles durante la crisis económica en el periodo 2007-2015, Papeles de la economía española, FUNCAS, febrero de 2018, la última decila, es decir los contribuyentes con el tipo de IRPF más alto, soportan entre el 47% y el 50% de la carga tributaria, percibiendo entre el 25% y el 26% de la renta total antes de impuestos. Por tanto, el sistema tributario es suficientemente progresivo en cuanto a las rentas del trabajo y de las actividades económicas y profesionales. Llegando a la conclusión que el impuesto gravó con mas intensidad durante los años de la crisis 2007-2015 a la decila con mas renta que soportó mayor presión fiscal.

Toda la demagogia que nos ofrece el gobierno de la ineptocracia, aderezada de afirmaciones sin datos -austericidio, que pague mas el que mas tiene- es una cortina de humo que no se sostiene con rigor.

España necesita una reforma fiscal integral que Montoro durante su etapa como ministro de Hacienda encargó al catedrático Manuel Lagares, pero no aplicó ni en una décima parte. Ahora con la crisis destruyendo empleo y empresas, este país necesita incentivos fiscales al mantenimiento del empleo y a la inversión empresarial ligada a la mejora de procesos tecnológicos y medio ambientales que incorporen eficiencia en la producción. Y atraer inversión extranjera con un marco amable -friendly- que reafirme la seguridad jurídica, reduzca la burocracia en los procesos de inversión y sea adaptable y flexible ante los cambios y los riesgos exógenos a la economía.

De momento la capacidad de persuasión de Pedro Sánchez en la Comisión para la reconstrucción es muy limitada, como resulta del fracaso de unas conclusiones que no han sido respaldas por una amplia mayoría.

La estrategia de la factoría Moncloa asentada en la geometría variable -ahora pico con este y mañana con el otro-, trampeando semana a semana, genera serias dudas de que la legislatura tenga un largo recorrido. Todo se fía al programa de inversiones y transferencias de la UE que marcará las decisiones que puede adoptar el Consejo de Ministros.

En definitiva, el año 2020 pasará en España como el año perdido para la política y para la economía de numerosos sectores.

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