Un Presidente de Gobierno inconcreto y perdido en circunloquios ha presentado un plan para la transición hacia una nueva normalidad, cuyo horrible nombre solo refleja con seguridad que hemos cumplido 7 semanas en la excepcionalidad democrática y que nos esperan 8 semanas más.

Al frente de este Plan está el SSI -Sánchez, Simón e Illa- es decir los tres responsables de que la pandemia haya causado en España el mayor número de fallecidos, el mayor número de infectados y el mayor número de sanitarios fallecidos teniendo en porcentaje a nuestra población. Preguntado el presidente Sánchez en la rueda de prensa por el número de sanitarios fallecidos, ni siquiera supo responder dando su número.

Al grupo de trabajo se suman ahora a los ministros que lo integraban, la factoría Moncloa-Iván Redondo y cia. cuya experiencia en pandemias debe estar basada en Wikipedia- los cuatro vicepresidentes y, por tanto, Pablo Iglesias que para no ser menos va acompañado de su jefe de gabinete, el ex Jemad Julio Rodríguez y de la ministra de sin trabajo que va a alcanzar el récord de ser la titular del ramo que en menos tiempo ha conseguido una estadística de paro inigualable en nuestra historia.

El documento responde al modelo de comunicación vigente, largas exposiciones vacías de contenido que hace que los ciudadanos, sufridos oyentes, acaben sumidos en muchas más dudas e incertidumbres que la que tenían antes de oír a Pedro Sánchez. Los espectadores tienen la misma sensación agradable cuando acaba su discurso cubano que la que sienten cuando para el ruido de una aspiradora.

Lo único cierto es que el Gobierno dice que la desescalada durará entre 6 y 8 semanas, afirmación que el propio documento desmiente ya que la normalización de las fronteras -fronteras exteriores cerradas y apertura progresiva y controlada- que figura en el cronograma que incorpora el documento, se extiende hasta el mes de octubre, así como la movilidad con restricciones decrecientes que se mantiene hasta la misma fecha.

El lenguaje utilizado es más propio de Cuba o de la desaparecida Alemania oriental y sirve para comprobar que el Gobierno no tiene otra estrategia que la del confinamiento o quédate en casa, haber si esto del coronavirus se soluciona con el calor, los rayos ultravioletas o el paso del tiempo.

Denominar a esta situación desescalada es un agravio a los alpinistas que bajan felices la montaña tras alcanzar la cima, como les recordaría César Pérez de Tudela. Los españoles bajaremos en las ocho semanas apesadumbrados por los fallecidos, hartos de las mentiras y simulaciones que hemos soportado y con una gran preocupación por el futuro de nuestro país dirigido por un Gobierno, incapaz, desconcertado y sin valores constitucionales.

La conclusión del documento presentado -un prontuario de imprecisiones y generalidades- es que solo es cierto que estamos en el punto cero, es decir en la nada. Dos ejemplos: Fase II. Bodas para un número limitado de asistentes. Velatorios para un número menos limitado de familiares. Fase III Bodas para un número menos limitado de asistentes. Velatorios para un número más amplio de personas.

¿Qué podíamos esperar del plan si al task force -el grupo de combate gubernamental- les han engañado en la compra de mascarillas y de test y vienen retrasando semana tras semana el estudio epidemiológico que no empieza nunca y que se presenta como el arca perdida que nos alumbrará en el plan de desescalada?

De este plan tampoco sabemos cómo se va a gestionar, pues se ha formulado y presentado sin acuerdo ni participación de los entes territoriales -Comunidades y Ayuntamientos- que se mantienen desapoderadas para adoptar las decisiones que les competen constitucional y estatutariamente.

Los cuatro principios generales de plan horribilis , además del mando único del poco confiable Ministro de Sanidad que tomará sus decisiones en base a criterios sanitarios y epidemiológicos, no especificados -no conocemos un solo informe o acta del Comité científico, cegado además el acceso del portal de transparencia- son  la simetría de territorios que según lo expuesto se refiere a las unidades provinciales, la colaboración con las Comunidades – se les contará el domingo lo anunciado el sábado por Sánchez- y la adaptabilidad a las circunstancias y a la evolución de los datos. Es decir, la indefinición y la discrecionalidad al poder. Y lo único claro y sólido es la reforma del Ministro de Fomento Javier de Burgo que organizó territorialmente España en provincias durante la regencia de María Cristina en 1833.

John Locke en el Segundo Tratado sobre el Gobierno civil, en 1690 escribió: Porque yo tengo razón cuando concluyo que aquel que quiere ponerme bajo su poder sin mi consentimiento, podría utilizarme a su gusto en cuanto me tuviera, y podría asimismo destruirme en cuanto le viniese en gana.