Más Tobin, menos PAC y el coronavirus volando

Consejo de Ministros

La agricultura y el sector agroalimentario y pesquero representan en España más del 10 por ciento del PIB. Pero más allá de los fríos datos de la macro economía, la agricultura es el elemento más importante en la cohesión territorial y la preservación del medio ambiente natural en la mayoría de los territorios.

En España el 68 por ciento de la población reside en las 73 áreas urbanas funcionales, siguiendo la tendencia de un mundo crecientemente urbanizado en el que el 80 por ciento del PIB mundial se genera en las ciudades, con la previsión de que en 2050 dos tercios de la población mundial resida en áreas urbanas.

Joaquín Leguina en su etapa de Presidente de la Comunidad de Madrid decía que la mejor política medioambiental es un campo plantado de lechugas. El campo estructura territorialmente España que concentra su población en las zonas costeras y en las áreas metropolitanas de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Málaga. Baja densidad de población en términos absolutos y desequilibrio con envejecimiento de la población completan la foto de nuestro país.

Los informes advierten que media España se vacía y recogen la tremenda estadística de que 26 provincias han perdido población según el último informe del IE.

Europa encara la negociación del presupuesto de la UE para los próximos siete años que aborda una reducción de fondos en la política agraria comunitaria. Ante este efecto directo del Brexit no previsto, el campo ha salido la calle tras ver agravada su crisis estructural y haber sido zarandeado por la subida del salario mínimo aprobada por el Gobierno autodenominado progresista.

Un Gobierno cuyos primeros pasos son escasamente esperanzadores. Pedro Sánchez resiste emparedado entre los delirios de Torra que quiere fijar la agenda constitucional del Gobierno y por el dueto de Pablo Iglesias e Irene Montero, empecinados en condicionar la agenda legislativa del Consejo de Ministros. Centrad su actividad en la política gestual –como la reforma del Código penal para incorporar el sí es sí y el no es no- los problemas reales de los agricultores de la resistente e inmensa España vaciada se quedan aparcados en el desván del Consejo de Ministros.

El estado de nuestra política agrícola, cuyo índice de problemas se han intensificado con el recorte del presupuesto de la UE –desde las estructuras agrarias en el mercado hasta la ausencia de un marca España identificadora y potente- es una cuestión mucho más urgente que la reforma del tipo penal en los delito contra la libertad sexual, teniendo en cuenta la doctrina ya sentada por el TS en relación a los conceptos de violencia e intimidación en la denegación del consentimiento.

Pero el Gobierno progresista se ha instalado en las ocurrencias. Cuando no hay harina, todo es mohína. En el mismo Consejo de Ministros los chicos del Preu aprueban la tasa Google y la tasa Tobin, impuestos a la globalización y que están sujetos todavía a un largo e inmaduro debate en la OCDE y en las instituciones europeas.

Ninguna de las diez primeras empresas tecnológicas del mundo es europea. O son norteamericanas o chinas. Y el impuesto sobre las transacciones financieras va a recaer sobre el debilitado sector bancario al que la política monetaria expansiva de bajos tipos de interés le está exigiendo una reconversión integral.

Medidas, eso sí, aplazadas en su efectiva aplicación por un Gobierno que se ha convertido en los actores de una nueva serie de animación por la factoría de La Moncloa producciones.

Afortunadamente el principio de realidad y las incertidumbres supera a la ficción y define de hecho la agenda política con la reordenación presupuestaria de Europa, la alarma del coronavirus, las pensiones y el campo en la calle.

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