De la ensoñación a la realidad o del verde al amarillo

Las elecciones en las democracias no siempre tienen efectos taumatúrgicos. En el caso de Cataluña, el artículo 155 aplicado por el Gobierno el 27 de octubre de 2017 con el doble objetivo de restaurar la legalidad constitucional que el Gobierno y el Parlamento habían violado, y convocar elecciones ha decantado, cuando se van a cumplir dos años, en una reproducción agravada del mismo escenario político y social.

Tampoco las sentencias del TS ni del Tribunal Constitucional consiguen recuperar la normalidad democrática en Cataluña, que niega la legitimidad del poder jurisdiccional del Estado, reafirma el derecho de autodeterminación y se atribuye competencias constituyentes, como ha recogido la última resolución del Parlamento catalán.

El mal llamado procés - que es un proyecto político preparado, estructurado, coordinado y gestionado desde las instituciones catalanas - no responde a la mera representación de un sueño por su autores, los independentistas integrados en gobiernos o en instituciones sociales y económicas. Es un plan elaborado desde la aprobación de la reforma del Estatuto pactada por Zapatero y Artur Mas, que cuenta con financiación pública y privada y que se desenvuelve con arreglo a un calendario conscientemente predeterminado.

Cataluña ha ido incorporando en estos cuarenta años progresivamente nuevas competencias a su Estatuto. Desde la seguridad pública, la sanidad, la educación, pasando por los centros penitenciarios hasta la prosaica meteorología se ha dado forma a un modelo federal. Hoy ya no queda más camino que recorrer que ganar la soberanía y desmontar los últimos resortes del Estado: las Fuerzas Armadas, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. Y proceder seguidamente a la incautación de los bienes patrimoniales y demaniales del Estado, al despido de los funcionarios y jueces no integrados en la causa nacionalista y a levantar los pasos fronterizos con España.

Este proceso final fue aprobado por el Parlamento catalán mediante las denominadas leyes de desconexión, cuya lectura revela las distintas fases transitorias en la salida de Cataluña de España y la liquidación del Estado y de la Monarquía.

Desafortunadamente, la respuesta del Gobierno ante los nuevos pasos desarrollados en la ejecución del plan estratégico independentista fue contemplativa, tanto desde el punto de vista político como jurídico. Con la aprobación de las leyes de desconexión por el Parlamento catalán, la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República Catalana - “Cataluña se constituye en una República de derecho democrático y social” - registradas en el Parlamento en agosto de 2017 y la convocatoria del referéndum del 1 de octubre, concurrían ya todos los requisitos constitucionales para iniciar el procedimiento de aplicación del 155.

Incomprensiblemente la parodia del referéndum se celebró, y la imagen que se transmitió de España fue la de un Estado que reprimía una votación democrática.

Dos años después, en este mes de octubre confluyen la sentencia del TS, el vandalismo callejero en Cataluña protagonizado por los CDR, la reiteración del propósito independentismo, unas elecciones generales y el revisionismo de la transición democrática alimentado con la exhumación de los restos de Franco.

El acuerdo que hizo posible la Constitución de 1978 no goza de buena salud. Los errores de PSOE y PP y la crisis económica propiciaron la aparición de los nuevos partidos que minaron la posición hegemónica del bipartidismo, que ha acreditado una reiterada incapacidad para retomar acuerdos que den estabilidad y progreso al país.

PP y PSOE han realizado una profunda renovación de sus equipos de dirección. A partir del 10 de noviembre, sea cual sea el resultado, tendrán que demostrar su capacidad en el acuerdo de políticas de Estado que restablezcan la legalidad y la convivencia en Cataluña, con un plan que pueda contrarrestar y revertir el independentismo agresivo y montaraz que hoy no tiene otro objetivo que quebrar al Estado.

No hay otro modelo binario. O gana la legalidad constitucional o gana la legalidad constitucional. La alternativa es el abismo.

0 comentarios

Escribe tu comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Agradecemos tu participación.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *