Política real y política virtual

El juego de los políticos en España desde las elecciones generales del 28 A ha conseguido disociar la realidad. Tenemos, como en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, un mundo real, con incertidumbres, nubarrones y retos y un mundo virtual, en el que se mueven los políticos, diletando, incapaces de establecer unos mecanismos de resolución de las elecciones que se asemeje a lo que es práctica aceptada en otros países que son democracias consolidadas.

En términos de comparación con el mundo real, pongamos que hablamos de la sucesión al frente de las empresas, sean o no sociedades mercantiles, su sistema estructural permite tomar decisiones inmediatas, siendo impensable unos periodos tan dilatados como los que aplica la política española.

Se imaginan ustedes lo que sucedería si una entidad financiera o gran empresa permaneciera mas de seis meses decidiendo el sucesor del presidente. Pero también en Europa, Gran Bretaña resuelve en poco tiempo la dimisión de la primera ministra Theresa May y su sustitución al frente del Partido y del Gobierno por Boris Jonhson. Y Francia tiene un sistema electoral de segunda vuelta, predeterminado, que soluciona la gobernabilidad del país, regiones y ayuntamientos.

Que tengamos que esperar en la Comunidad de Madrid, dos meses y medio para que se forme gobierno es una evidencia del mundo virtual en el que se mueven los políticos en una institución en la que, en una encuesta, la mayoría absoluta de los madrileños no sería capaz de citar a tres diputados de la Asamblea.

El legislador de 1978 no previó la disfunción del multipartidismo concurrente y, aunque la Ley D`Hondt propende a corregir la proporcionalidad, los plazos constitucionales son demasiados largos en la convocatoria ineludible de nuevas elecciones.

Desde el punto de vista democrático la convocatoria de una segunda vuelta es impecable y no hay que olvidar que las primeras elecciones en la democracia de 1978 se presentaron con el lema “habla pueblo, habla”. El error estructural se encuentra en la posibilidad constitucional de que el Rey proponga candidatos sucesivos en el ejercicio de una facultad regia que genera mas inconvenientes que ventajas, afectando a la propia Corona.

Este modelo constitucional que nos “italianiza”, encubre una pretendida función arbitral conferida al Rey resultando que la práctica constitucional desde 1978 se ha gestionado como una propuesta derivada directamente de la aritmética electoral.

Solamente cuando se ha quebrado el bipartidismo en el año 2015 ha entrado en acción la previsión electoral de una segunda convocatoria electoral que resolvió la gobernabilidad relativamente, ya que el Gobierno de Rajoy cayó con la moción de censura tras dos años de legislatura con presupuestos del Estado prorrogados.

Si la Constitución previera que la nueva convocatoria electoral tendría lugar si en la primera investidura ningún candidato logra una mayoría suficiente, es indudable que los tiempos de formación del Gobierno no serían tan dilatados. Además, la norma constitucional podría contemplar que en la sesión de investidura fuera posible que se presentara un segundo candidato siempre que fuera avalado por la firma de tantos diputados como los que tuviere el primer candidato, lo que beneficiaría en votación única la decisión del Congreso de los Diputados.

En el caso de que la investidura fuere fallida, celebradas segundas elecciones en caso de que no hubiera una mayoría absoluta el candidato con mayor número de votos sería investido presidente del Gobierno.

Esta necesaria reforma constitucional aportaría motivación a los diputados en la votación del presidente conformando una mayoría suficiente, lo que además favorecería la posición del Rey al despejar lo que se ha llamado impropiamente su función arbitral. En realidad, un caramelo envenenado que favorece un desgaste innecesario de la Corona en una situación provocada por terceros.

El último bluf que hemos leído este verano es que la investidura podría apoyarse por otros partidos con un candidato distinto del propuesto por el Partido Socialista. Esta boutade la inició Rivera dispuesto a atribuirse la prerrogativa de decidir qué líder político de los otros partidos le parece más conveniente, cuando recomendó sustituir a Rajoy.

Aquí a los partidos recomendaría lo que en Derecho Internacional Público se conoce como la doctrina Estrada: no intromisión en los asuntos internos y ocuparse con mayor sentido democrático de los propios.

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