El Gobierno de la leyes de hierro

Las previsiones económicas para Europa para los próximos tres años no son positivas según nos informa Draghi desde el BCE. Se mantiene el tipo de interés en el 0% y se prevé menor crecimiento en un escenario de incertidumbres que se extienden dese el Brexit a Alemania pasando por Italia.

En España, el Gobierno de Sánchez continúa aplicando, después de convocadas las elecciones, medidas intervencionistas aprobadas mediante el procedimiento del real decreto-ley. El último, el número 7 de 2019, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, cuya exposición de motivos señala a las provincias de Madrid, Barcelona, Las Palmas, Málaga, Baleares y Santa Cruz de Tenerife como el exponente de la mayor subida de precios. A lo que añade el fenómeno del alquiler turístico, canalizado en plataformas p2p, y la subida en el porcentaje de tenencia de vivienda en alquiler que en el 2017 ha llegado al 22,9 por ciento.

Como medida para rebajar la subida de renta en el alquiler que está concentrada en áreas urbanas concretas y que responde fundamentalmente a la demanda de alojamientos turísticos, el Gobierno socialista, siguiendo la senda marcada por los podemitas, ha derogado las suaves medidas liberalizadoras aprobadas en 2013, y que precisamente han favorecido un moderado incremento en el régimen de tenencia de vivienda en alquiler, todavía alejado del porcentaje del 30 por ciento de la Unión Europea.

Si en España la relación entre personas físicas ofertantes de pisos en alquiler y sociedades con este objeto social es claramente favorable a las primeras, las medidas incorporadas por el Gobierno penalizan precisamente a las personas jurídicas, socimis y fondos de inversión dedicados a esta actividad, a los que se impone un plazo superior de prorroga del contrato hasta siete años e incluso una segunda prórroga de tres años más.

Después de impactar en el sector del automóvil las imprudentes declaraciones del Gobierno Sánchez, precisamente tras las cifras que revelaban una recuperación de las compras en la primavera pasada, se ha situado ahora el objetivo en el sector inmobiliario, alquileres, vivienda y financiación hipotecaria. Un sector que parecía levantar cabeza en algunas provincias tras años de reconversión y canibalización de las empresas por los Bancos durante la crisis, animado por la inversión extranjera y la recuperación de la demanda nacional en las grandes ciudades.

El Gobierno de Sánchez que fracasó en su proyecto de presupuestos, está sustituyendo su tramitación por los decreto-ley con una promiscuidad desorbitante que aprueba mediante la hipérbole del concepto de urgente necesidad. Ahora todo es urgente a sesenta días de las elecciones y se sustituye al Parlamento por la sala del Consejo de Ministros a puerta cerrada.

La solución y respuesta del Gobierno a los desequilibrios estructurales de nuestra economía, con alta taso de paro, escasa inversión de alto valor añadido y competitividad, tiene un modelo único basado en restringir e imponer leyes de hierro a sectores que están demostrando una cierta adaptación y flexibilidad ante los malos tiempos pasados.

Para este Gobierno la gobernanza se traduce presentar enemigos en realidad virtual a la sociedad. Los cazadores, los propietarios de vivienda que arriendan sus casas, los Bancos, los hombres, la sepultura de Franco en el Valle de los Caídos y por supuesto la oposición de centro y derecha que reúne a todo ellos. Al otro lado está Sánchez y compañía, el Gobierno del futuro país de las maravillas en estado contemplativo con los secesionistas, Bildu y con los demás dinamiteros de la Constitución a los que ampara en su actividad disolvente.

El último ejemplo es el del Parlamento catalán que según su Presidente, testigo ante el TS, es una institución no sujeta a Ley alguna, como el caballo del emperador Calígula. La última ocurrencia tras su acreditada deslealtad institucional, es la constitución de una comisión de investigación de la Monarquía y del rey Juan Carlos. Una iniciativa política de los secesionistas fuera de la legalidad y que es incoherente con su ideario, ya que si quieren independizarse de España se supone que les importará lo mismo la Monarquía que tenemos que la que tienen los británicos.

La experiencia sin embargo demuestra que cuando los gobiernos socialistas salen del poder la realidad vuelve y desnuda la propaganda basada en mentiras y ocultación de datos. Como ha sucedido en Andalucía, la Comunidad con más años de gobierno socialista, donde se ha revelado la escandalosa lista de espera en la sanidad pública en la que se ocultaban y manipulaban las fichas de 548.708 pacientes pendientes de operación o cita médica.

Eso sí durante sus años de gobierno penalizaron y hostigaron a la sanidad privada concertada y denunciaron la privatización de la sanidad pública en España por el Gobierno de Rajoy.

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