Hipotecas: el problema es el impuesto

El Pleno del Tribunal Supremo ha resuelto conforme a Derecho la incertidumbre que él mismo ha causado por las contradictorias sentencia de la sección segunda de la sala que, además de haber modificado una jurisprudencia consolidada durante mas de 50 años, se fundamentaba en razonamientos jurídica y causalmente erróneos.

Con ello se vuelve a un escenario de seguridad jurídica que estaba afectando al mercado inmobiliario y ponía patas arriba la financiación hipotecaria con un primer perjudicado: los adquirentes de viviendas.

No hay que olvidar que el préstamo con garantía hipotecaria se concede cuando un ciudadano decide acudir a este medio de  financiación para comprarse una casa. Y se acude a esta financiación en razón a que se solicita  un plazo muy largo para la devolución del préstamo a fin de diluir el pago de una importante cantidad que suele ser el 80 por ciento del precio que se paga para  comprar la vivienda.

Mantener que los interesados en la constitución de la hipoteca son los bancos, además de no ser jurídicamente sostenible, es un absurdo en un razonamiento lógico. La alternativa en un escenario de restricción sensible del mercado hipotecario son préstamos con menos años para su pago y más caros. Por tanto, lo contrario a lo que latía  en la sentencia rectificada que se movía afectada por el populismo que desgraciadamente está también aromatizando ciertas decisiones de jueces y tribunales y ha llegado en mas de una ocasión al Tribunal Supremo.

Los problemas reales en el coste de la hipotecas y por su orden son los siguientes. En primer término la subida disparatada del impuesto de AJD , responsabilidad exclusiva de las insaciables CCAA que han triplicado el tipo aplicable desde el 0,50 al 1,50 por ciento lo que constituye, al recaer sobre el importe total de la responsabilidad hipotecaria, una primera cuota de amortización muy gravosa para los ciudadanos.

En segundo lugar, las comisiones y gastos vinculados – tasación, seguros, gestoría -que imponen  los bancos sin permitir a los clientes elegir libremente el tasador, la compañía de seguros y la gestoría, lo que abarataría si asi fuera el coste de formalización. Liberalizar y posibilitar un modelo con más competencia siempre mejora los precios y beneficia a los clientes.

No hay que olvidar que el mercado hipotecario que ha funcionando satisfactoriamente durante años, tiene un saldo vivo de préstamos de mas de medio billón de euros en España que ocupa el octavo lugar en el ranking mundial.

Lo que hay que pedir a nuestros representantes políticos es que asuman su responsabilidad de legislar –el Gobierno ha estado mudo en todo este embrollo- y dejen de trasladar mensajes populistas a los ciudadanos. Mensajes en los que lo que realmente  subyace detrás es una subida cierta de la presión fiscal para favorecer estrategias electorales.

En la oposición, el secretario general del PP ha desaprovechado la oportunidad de mostrar que efectivamente apuestan por una rebaja de impuestos y se ha subido al carro populista, lo que empieza a ser demasiado frecuente y demuestra una estrategia infantil en el modelo de comunicación.

La respuesta de Podemos está en su guión habitual. Demagogia mas agitación en la calle para recuperar los votos perdidos. Y Ciudadanos pide que se lleve el debate al proyecto de ley de transposición de la directiva de la UE relativa al crédito hipotecario que es lo mas sensato a fin de definir un marco estable que es lo que necesitan todos: los ciudadanos y los bancos.

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