Las hipotecas y los impuestos

Por si no faltaban incertidumbres en nuestra querida España en el nuevo marco impositivo que el Gobierno de Sánchez va a hacer recaer formalmente sobre los Bancos – y que realmente pagaremos todos los ciudadanos – la sección segunda de la sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Supremo, lanzó un scoop informativo con la publicación de la sentencia que hacía recaer sobre los Bancos la condición de contribuyentes del impuesto de AJD que se devenga con la constitución de cada hipoteca.

La modificación del criterio jurisprudencial en orden a quién es el contribuyente en las hipotecas, criterio que lleva vigente 37 años desde la legislación del Impuesto aprobada después de la Constitución, en 1981 con la firma de Jaime Garcia Añoveros, Ministro  de Hacienda del Gobierno de la UCD, ha  causado un terremoto bursátil y un estado de inseguridad jurídica e incertidumbre en el mundo inmobiliario.

Y si nos retrotraemos hasta su antecedente en el  antiguo reglamento del Impuesto de Derechos Reales del año 1958, ya se hacia tributar la constitución de hipotecas al 1,20  por ciento.

La sentencia extensa y prolija modifica sentencias previas del TS de la misma sala  competente en materia tributaria que habían confirmado la condición de contribuyente del Impuesto de AJD en quién recibe el préstamo hipotecario. Recientemente, sin embargo , el 23 de diciembre de 2015, una sentencia de la sala de lo civil del TS había considerado abusiva la clausula que imputaba todos los gastos de las hipotecas y entre ellos el impuesto al consumidor, sin tener la sala competencia jurisdiccional en materia tributaria.

Para mayor confusión en  la sentencia que ha acusado el terremoto bursátil, el demandante es la Empresa Municipal de vivienda de Rivas que evidentemente, carece de la condición de consumidor y recurre una liquidación de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Al día siguiente de la sentencia el Presidente de la sala convoca plenario para atemperar el efecto producido –la sentencia es definitiva- lo que añade un plus más de incertidumbre. El efecto inmediato es  una lógica  paralización de las compraventas e hipotecas hasta que se decida el efecto de la sentencia que  la propia sentencia no ha determinado, dado que formula una interpretación de un concreto artículo, el 68 del reglamento vigente, artículo que no ha expulsado del ordenamiento jurídico.

Si vamos al fondo de la cuestión y dejamos  a un lado los vericuetos judiciales, lo fundamental es que el Impuesto de AJD es un impuesto manifiestamente obsoleto que convive en nuestro ordenamiento tributario después de la incorporación a la UE con el IVA, como un mecanismo residual o coche escoba para hacer tributar operaciones que están sujetas al IVA y ,como en el caso de los prestamos hipotecarios, exentas. En definitiva todo las escrituras notariales de transmisión de inmuebles o  constitución de derechos sujetas al IVA, se les hace pagar un segundo impuesto que es el de AJD.

Este Impuesto , como transmisiones y sucesiones, están cedidos en su gestión y recaudación  a las Comunidades Autónomas que han multiplicado  por tres el tipo impositivo en su voracidad recaudatoria, como sucede en Andalucía que empezó en 0,50 y hoy es el 1,50 por ciento.

La competencia legislativa para dictar la normativa del Impuesto la tiene el Estado y, por tanto, corresponde al Gobierno decidir los elementos fundamentales del tributo y específicamente el contribuyente.

Los diferentes gobiernos han podido derogar este impuesto  que penaliza la documentación pública incomprensiblemente frente a los documentos privados, sobre todo considerando el interés general en la transparencia  a efectos del  cumplimiento de las obligaciones  fiscales y de obstaculizar el blanqueo de capitales.

La reforma propuesta por la Comisión presidida por el catedrático Lagares ofreció distintas opciones al Gobierno en su momento, incluso en orden a la financiación autonómica, pero  acabó primando el efecto recaudatorio y el entonces ministro Montoro descafeinó el documento de los expertos y se limitó a maquillar con algunos retoques el modelo vigente.

En todo caso penalizar la financiación hipotecaria y hacer recaer sobre un contribuyente que quiere comprarse una casa un impuesto que supone el 1,5 por ciento de la responsabilidad hipotecaria – y pide un préstamo quién no tiene recursos- es un disparate y por mucho que argumenten los magistrados que es una manifestación de capacidad económica, lo que  realmente es una distorsión en el principio de neutralidad fiscal  con el sistema económico y los mercados.

De momento, lo único cierto que resulta de la época del Gobierno Sánchez es más impuestos y más incertidumbre.

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