Las hipotecas y su coste fiscal

El TS ha fallado a favor de los Bancos en el recurso de casación ante la jurisdicción civil a efecto de determinar el carácter abusivo del pago del impuesto de actos jurídicos documentados en las escrituras de constitución de hipotecas en garantía de préstamos o créditos.

La percepción en la calle es que en esta crisis, que comenzó como crisis financiera y desembocó en crisis económica, con efectos demoledores en mucho sectores laborales y empresariales, la mayor parte de la factura no ha sido pagada precisamente por los Bancos.

El Gobierno, con el ministro de Economía al frente, diseño un rescate financiero que salvase de la quiebra a la gran mayoría de Cajas de Ahorro. Para ello articuló un sistemas de subvenciones y beneficios fiscales a las entidades bancarias que fagocitasen a las Cajas de Ahorro, lo que ha generado un proceso de intensa concentración en el mercado iniciado en el año 2009.

El documento “Evolución y reforma de las Cajas de Ahorros” publicado por el Banco de España, 21 de febrero de 2011, describe como 40 de las 45 Cajas de Ahorro estaban en procesos de integración, con o sin ayudas del FROB, o directamente intervenidas.

No hay que olvidar que el diseño de esta política lo inicia el Gobierno de Zapatero con la ministra Elena Salgado y lo continua sin salirse del esquema Rajoy con el ministro Luis De Guindos que se ve obligado a apretar el acelerador cuando en 2011 ganan las elecciones y leen las cartas que había enviado la UE, el Banco Central Europeo y el FMI.

El diseño de la política, en su síntesis más radical, consistía en un proceso integral de reestructuración del sistema financiero con la finalidad del saneamiento de las entidades quebradas y la concentración en el sector.

Para ello se otorgaron en 2009, 2011 y 2012, mediante Decretos-Ley, todo un panel de privilegio y exenciones fiscales a los Bancos partícipes, destinatarios finales del proceso de concentración.

Es un discurso reiterativo que la culpa de la crisis la tuvo en solitario el mercado inmobiliario que había chapoteado en un ambiente de liberalización y desenfreno. Se olvida que las entidades financieras se subieron a la ola del momento con un falta de prudencia, profesionalidad y diligencia a la hora de conceder préstamos en muchos casos realmente asombrosa.

Como cuenta un abogado neoyorquino, se abrió la barra libre para el tequila y ya se sabe lo que pasa en estos casos.

Nadie se planteó entonces la cuestión de a quién correspondía pagar el impuesto de AJD o si una clausula suelo era abusiva o el control de transparencia material o formal de las hipotecas. El tequila fluía por todo el sistema. Y las Haciendas del Estado y de las Comunidades recaudaban más, las entidades financieras incrementaban sus beneficios y los responsables políticos y reguladores miraban y no tomaban ninguna medida preventiva ni de reforma. Se apuntaron al éxito del milagro España.

Como ha recordado el propio ministro Guindos, participó en el diseño de la política económica desde 1996 como Director general y luego Secretario de Estado. Y el Presidente Zapatero en estado de extasis, situaba al sistema financiero en la final de la Champions.

Evidentemente no se hicieron reformas estructurales que mejorasen protocolos de financiación hipotecaria e incorporaran buenas practicas en las entidades.

Hoy el impuesto de AJD es ante todo anacrónico, discriminatorio con la titulación pública que no hay que penalizar si se quiere incorporar mas transparencia al mercado y no genera ninguna de las dos equidades, vertical y horizontal, que persigue el sistema tributario. Solo sirve para recaudar impuestos en beneficio de las CCAA que han multiplicado por tres el tipo impositivo tradicional del 0,50 por ciento.

El Gobierno de Rajoy ha parcheado algunos puntos de fricción de las hipotecas en el orden procesal y ha caminado a remolque de las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE dictadas al amparo de la Directiva 93/13 de protección de los consumidores.

Ahora le toca el turno al Proyecto de Ley de crédito inmobiliario que pretende fomentar y subvencionar la modificación de hipotecas de interés variable a fijo, en base al interés de los Bancos de sanear sus carteras hipotecarias afectadas por el estrechamiento de los márgenes como consecuencia de la caída de los tipos de interés. Y además vulnerables por las sentencias de los Juzgados y Tribunales.

Lo que se debería hacer es suprimir el impuesto de AJD que es el mayor coste de formalización en las hipotecas y así favorecer, con efecto inmediato, la transparencia y combatir mas eficazmente el blanqueo de capitales que siempre circula con mas confort por la documentación privada.

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