El puzle de la financiación autonómica

Llevamos hablando del proceso secesionista de Cataluña desde el mes de agosto. Cinco meses en los que la política española ha girado exclusivamente  en torno al desafío de los independentistas a España, a la democracia y al Estado de Derecho, quedando aparcada la agenda política y parlamentaria que transita, sin el  habitual debate de presupuestos, entre el sopor y la indiferencia.

El país real ha vivido observando este segundo semestre  al margen de los distintos momentos protagonizados por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña, que pasará a la historia como uno de los mejores ejemplos de la capacidad autodestructiva desde la política y de la incapacidad desde el ejercicio gubernamental.

El ejemplo de la reconducción de un proceso de ruptura traumática por una alternativa de separación paccionada que han dado Theresa May y Junker, Gran Bretaña y la UE, salvando la sustancial diferencia del supuesto con Cataluña, permite afirmar que tenemos aquí en España, en las Comunidades Autónomas una clase política intelectualmente jibarizada.

Prorrogado el sistema de financiación de las Autonomías vigente desde 2009, se ha abierto la Caja de Pandora con el objetivo de aprobar un nuevo modelo de financiación.

Todas las Comunidades, excepto Euskadi y Navarra que tiene Haciendas forales, alegan inmediatamente que su financiación es insuficiente para a tender los servicios transferidos. Participación en el IRPF y en el IVA del 50 por ciento,  del 58  por ciento en los impuestos especiales, un Fondo de Garantía, otro de Suficiencia y los dos de Convergencia -Competitividad y Cooperación- , además de los impuestos cedidos en gestión y los tributos propios, conforman una cesta de recursos para las CCCAA.

Unas CCAA que no dan otra explicación para  excusar sus respectivos errores en políticas cotidianas que la insuficiente financiación. Si en el curso escolar, las clases empiezan en barracones  es que  no hay financiación del Gobierno. Si hay listas de espera en los hospitales es que no hay financiación del  Gobierno. Y si no hay asistencia a los dependientes es que tampoco hay financiación del Gobierno.

Tenemos un sistema político en el que está federalizado el gasto en las Autonomías y centralizada la recaudación de los impuestos básicamente en el Estado. Y no hay ninguna valoración analítica de costes en la producción de servicios sociales  que está pidiendo a voces un estudio objetivo del coste por individuo que permita comparar la eficiencia de cada Gobierno autonómico.

En cada territorio se han aplicado con demasiada frecuencia criterios provincianos y localistas a la hora de fijar el lugar de un nuevo hospital, la sede una facultad universitaria u otra inversión pública. E incluso muchas decisiones han estado sustentadas en intereses electorales del partido, para favorecer a un candidato o penalizar a un contrario.

El ministro Solbes calificó de sudoku la resolución del modelo de financiación, aun cuando hoy habría que añadir que el problema se ha convertido en un sudoku killer, cuya complejidad sube exponencialmente.

En toda esta cuestión hay un error del Gobierno de España que abordó al principio de la legislatura de 2011 la reforma fiscal encargada al Comité de expertos dirigido por el profesor Lagares de manera independiente y segregada de la financiación autonómica.

Mientras se mantenga la alergia de los Gobiernos autonómicos a establecer y recaudar sus propios tributos, para no presentar la cara desagradable a los electores y no se aborde una reforma fiscal vinculada a la financiación autonómica, seguiremos en el bucle que atribuye todos los males de la Autonomías al déficit financiero. Eso sí, explicado desde sus propios gobiernos que aportan continuamente diversos hechos diferenciales de sus territorios para desvirtuar la sencilla aritmética del modulo de financiación por habitante.

La pregunta final es evidente. ¿Tendremos un nuevo modelo de financiación autonómica antes de las próximas elecciones?

Se admiten apuestas.

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