¿Realmente se quiere reformar la Constitución?

El debate de la necesidad de reformar la Constitución se ha situado conjuntamente con el proceso fallido en Cataluña y con el mantenimiento del sistema de cupo para las Haciendas forales.

Al mismo tiempo el candidato del PSC, Miquel Iceta ha presentado una propuesta de asunción por Cataluña de la gestión de todos los impuestos sobre los que hoy tiene competencia la Agencia Tributaria del Estado. Un auténtico disparate equivalente al que pretende apagar un fuego con gasolina, producto de la condición eutrapélica del proponente que se bambolea  intentando recuperar el sitio histórico del PSC-PSOE en Cataluña.

Sin duda, demasiados componentes para cocinarlos todas en una olla bajo el nombre de reforma de la Constitución. Una proclama declarativa y generalista, es necesario reformar la Constitución dicen, sin que el declarante presente un índice de cuestiones concretas en el  texto normativo sobre las que debatir.

Para apoyar la tesis se dice que las generaciones jóvenes están alejadas de la Constitución y que no se consideran protagonistas ni integrados en el texto constitucional que se aprobó en una España que ha cambiado mucho. Hay en definitiva una corriente de opinión que  quiere hacer desmerecer la Constitución acudiendo a tópicos y  metáforas, como la que mantiene que le afecta  “una fatiga en los materiales constitucionales”.

La experiencia internacional demuestra que los países que tiene más estabilidad son los que eluden un proceso de revisionismo permanente de su estructura constitucional, escrita  o no escrita. Y que el aggiornamiento  de las normas constitucionales se puede realizar con éxito mediante la interpretación de los Tribunales que siempre deben interpretar las normas de acuerdo con la realidad  del tiempo en que han de ser aplicadas. Rotundamente 40 años de Constitución no son nada.

En el banco de pruebas, el temido y recelado articulo  155, ante el desafío de los secesionistas catalanes, ha demostrado que no hay fatiga de materiales y que un sistema normativo abierto y no opresivo, permite actuar con diferentes intensidades y políticamente con eficacia, como lo ha hecho el Gobierno de Rajoy.

En el diario ABC del domingo se recogen las declaraciones de Albert Rivera reiterando que considera necesaria la reforma constitucional y de Tomas Ramón Fernández, catedrático de gran prestigio, que firma un artículo  bajo  el titulo, “Una reforma necesaria, pero limitada”.

Este es el único método posible en el estado actual de la política española. El Consejo de Estado tiene un dictamen emitido hace años que determina, desde una perspectiva estrictamente jurídica, los artículos del texto constitucional que deberían ser reformados. Junto a estos artículos, podría haber un índice pactado por los partidos políticos de las cuestiones a estudiar y negociar sobre las que concurra un acuerdo de amplia mayoría para su reforma.

Sin embargo, pensar que este método básico y primario en toda negociación puede ser una realidad, me parece una entelequia en los tiempos actuales de la política española. Hay que ser muy ingenuo para afirmar que la simple estructura federal, o la mención específica de las Comunidades históricas, o una delimitación más exhaustiva de la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades,  o la integración del modelo financiero territorial en el texto constitucional, pueden ser el vademécum que resuelva todos los problemas y conflictos. Desde el secesionismo catalán, hasta la paz con la Hacienda estatal en la financiación autonómica.

Hoy, aquí en España, la apertura de un proceso de reforma de la Constitución, acotada o no acotada, empieza con una revisión de la monarquía constitucional y continúa con la pretensión de incorporar el derecho a decidir. Y lo que se planteará será una nueva Constitución.

Albert Rivera propone la reforma del sistema electoral y es cierto que nuestro sistema produce distorsiones en la traducción entre los votos y la representación otorgada. Sin embargo, sería posible algunas correcciones desde la Ley Orgánica que regula el sistema electoral y hay que afirmar la bicameralidad ha demostrado que permite una gobernanza en  minoría en el Congreso con estabilidad política.

En conclusión, señores representantes del pueblo. Trabajen ustedes en ponerse de acuerdo, abandonen el maximalismo y opten por el sentido común. Nos irá mucho mejor a los ciudadanos.

No olviden que el texto constitucional permite diferentes lecturas, lo que es un valor en sí mismo.

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