La convocatoria electoral como excusa absolutoria

Conforme se acerca el tramo final de esta semana, en la que debe constituirse en el Senado la Comisión y votarse en Pleno las medidas solicitada por el Gobierno en aplicación del artículo 155 de la Constitución, ha aumentado la incertidumbre.

Se dice que si Puigdemont convoca elecciones comprometiéndose en el pleno del jueves del Parlamento catalán, el procedimiento constitucional que habilita al Gobierno adoptar medidas para evitar mayores daños al interés general, decaerá o cuando menos quedará en suspenso.

Las declaraciones del Ministro de Justicia señalando que no basta con la mera convocatoria de elecciones, ha provocado un cierto desmarque del partido socialista, que se ha situado bajo el paraguas de las declaraciones del lunes de Sáenz de Santamaría que no ponía más condiciones a Puigdemont que la convocatoria electoral.

El PSOE no está cómodo con el artículo 155 evidentemente, y se arguye que el desembarco del Gobierno de Rajoy en la Administración catalana es mucho más complicado que el del día D en las playas de Normandía.

Los hechos probados y constatados hasta el momento son los siguientes. Puigdemont declaró en el Parlamento la independencia de Cataluña en forma de República y acto seguido suspendió sus efectos. Tras el pleno, los diputados secesionistas firmaron en el propio Parlamento un documento en el que se dice: CONSTITUIMOS la República catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social. DISPONEMOS la entrada en vigor de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República. INICIAMOS el proceso constituyente, democrático, de base ciudadana, transversal, participativo y vinculante.

Puigdemont no ha contestado al requerimiento previo del Gobierno y continúa aplicando la teoría de los juegos  Jhon Nash, que formuló el Dilema del prisionero, en el los actores interactúan y el destino de uno depende de las acciones del otro. Ha reiterado además que Cataluña no saldrá de esta situación humillada, lo que avala el pronóstico de que el Gobierno de Rajoy se puede encontrar con una convocatoria de elecciones insertada, de algún modo, en la declaración y el  documento firmado en el Parlamento por los secesionistas. Es decir, unas elecciones constituyentes que movilice al independentismo.

Es evidente que el Gobierno entra en las horas decisivas y los secesionistas tienen que mantener la tensión en forma de reto o desafío al Estado. El alargamiento del proceso forma parte del núcleo de la estrategia en el que el andamiaje está ya definido con las leyes del Referéndum y Transitoriedad, el propio referéndum del 1 de octubre y la declaración de independencia suspendida, únicamente en sus efectos, del día 10 de octubre.

El objetivo de los secesionistas está nítidamente definido, y a pesar de que se jalean algunas diferencias entre ellos puramente sintácticas, la voluntad de generar nuevos estadios de confrontación es unánime en los distintos partidos que conforman el bloque.

En el lado de la Constitución y el Estado de Derecho, la coalición PP-PSOE es fundamental para articular una respuesta jurídica y política desde la válvula de garantía constitucional que proporciona el artículo 155. Una respuesta que no puede simplificarse y limitarse a una convocatoria electoral apresurada que retrate nuevamente una Cataluña perdida en la bruma política de un independentismo que falsea la realidad a una sociedad discrecionalmente subvencionada y manipulada.

¿Será capaz Pedro Sánchez de aguantar el penúltimo arreón de los secesionistas y las dudas de sus homónimos del PSC?

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