El poder del 155 con los efectos necesarios

El Gobierno del Reino de España toma el control político y administrativo del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña y, obviamente, se suspenden expresamente las competencias del Parlamento de Cataluña en orden a la propuesta de candidato para su investidura como presidente de la Generalidad, el control de los actos del Gobierno del Reino de España en el ámbito de las competencias de su Estatuto de Autonomía y su capacidad legislativa en relación a cualquier proyecto de ley o iniciativa que pueda contravenir las medidas acordadas.

Esta es una síntesis de las 19 páginas del acuerdo del Consejo de Ministros de las que, las 11 primeras, relatan los antecedentes y jurisprudencia constitucional del artículo 155.

Primera conclusión. El Gobierno del Reino de España no ha suspendido el Estatuto de Autonomía que continúa vigente ni ha disuelto el Parlamento de Cataluña que es resultado de las últimas elecciones democráticas. Los diputados continúan en el ejercicio de su representación y, por lo tanto, mantiene su potestad legislativa y su competencia para debatir e impulsar la acción de gobierno, siempre dentro de la Constitución y del Estatuto.

Segunda conclusión. Se cesa al Gobierno de la Generalidad, desde su presidente hasta el último de los consejeros que, evidentemente, han reiterado desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional y cuya conducta puede determinar que están incursos en un delito de rebelión, cuando menos en fase de proposición, conspiración y provocación.

Tercera conclusión. La administración catalana se pone bajo las órdenes del Gobierno del Reino de España y se blinda a los funcionarios públicos y personal laboral que cumplen con la Constitución y el Estatuto frente a las represalias que puedan haber tomado previamente los órganos de la Generalidad. Por tanto se garantiza la seguridad jurídica de la Administración autonómica que, como todas, debe actuar bajo los principios de legalidad y neutralidad.

Cuarta conclusión. Se adoptan medidas singulares sobre ámbitos especialmente sensibles como son la seguridad y el orden público, la gestión tributaria y presupuestaria y las telecomunicaciones y comunicaciones que son los tres núcleos sobre los que se asentaba el golpe de Estado de los independentistas.

Quinta conclusión. Las medidas son transitorias y tienen como finalidad restablecer la estabilidad y la normalidad institucional mediante unas elecciones democráticas en el plazo máximo de seis meses.

El Gobierno de Rajoy ha aplicado el artículo 155 íntegramente, ya que no hay otra manera de actuar habida cuenta del momento en el que nos encontramos y la secuencia de acontecimientos. Podría haber anticipado un 155 con aplicación de lo que se ha encuadrado como medidas singulares en determinado ámbitos – orden público, presupuesto y tributos y comunicaciones y telecomunicaciones- en el tiempo en que el Parlamento aprobó la Ley del Referéndum y la de Transitoriedad, con la finalidad de no llegar al día 1 de octubre, utilizado y manipulado por lo secesionistas. Pero, ¿alguien podía garantizar que el Gobierno de Puigdemont volvería a la lealtad institucional y la legalidad democrática, si así se hubiera actuado por el Gobierno de España?

Como no estamos ante un incumplimiento de una obligación concreta y determinada sino ante un desafío secesionista total, la respuesta del Gobierno del Reino de España no puede ser otra que el restablecimiento de la democracia y del Estado de Derecho.

La declaración de Puigdemont, por vez primera en este desvarío, revela que ha sentido la respuesta del Gobierno de Rajoy. El juego tan artero que ha utilizado ya no era soportable por el interés general de España, de Cataluña y de los ciudadanos. Los daños directos y colaterales esperemos que se reparen en no demasiado tiempo.

0 comentarios

Escribe tu comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Agradecemos tu participación.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *