Referéndum de todo a cien y estado de derecho

Estamos en el capítulo al que los independistas querían llegar: los catalanes son víctimas de la represión brutal de la policía del Estado que les impide hacer algo tan cívico y natural como votar. Bastaban dos imágenes: la del padre con el niño de la flor al hombro, delante de los antidisturbios de la policía nacional y la de las cargas policiales para desalojar  o cerrar algún colegio electoral.

En el primer caso, el padre manipula y expone a su hijo  en un ejercicio practico de adoctrinamiento, propio de las mas negras ideologías políticas. En el segundo, no había foto más deseada por los independentistas que la Policía Nacional y la Guardia Civil   sacando las porras y golpeando a pacíficos votantes.

La declaración de Mariano Rajoy en la tarde del domingo fue un buen discurso en defensa de  la democracia, la Constitución y el Estado de Derecho, pero las  TV y las fotos de los medios internacionales ya reproducían las imágenes anheladas.

Si no hay ninguna justificación ni democrática, ni histórica ni legal para declarar la independencia, era necesario un sustrato moral: la contraposición votación versus represión.

El Gobierno de España ha pecado de  una cierta ingenuidad en la estrategia del 1-O  que culminaba la primera etapa de un proceso que es una cadena de mentiras, engaños y manipulaciones desde el Gobierno de una Comunidad Autónoma.

La tesis de situar la reacción ante la convocatoria del referéndum en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y en la Fiscalía para que diese las ordenes como policía judicial a la Policía, la Guardia Civil y los Mossos, intentaba alejar al Gobierno del espacio represor de la secuencia de ilegalidades que se estaban cometiendo y se completarían el día del referéndum.

Pero ni los jueces ni los fiscales hacen política, ni los tiempos de la Justicia convergen con los de la política que exige, como en este caso exigía, anticiparse al movimiento y resultado que planeaban los secesionistas.

Aprobadas las leyes por el Parlamento y suspendidas por el Tribunal Constitucional, los sucesivos actos de gobierno de la Generalidad impulsando el “referéndum todo a cien”, eran flagrantes ilegalidades que justificaban en la semana previa el requerimiento del Gobierno para que acatase la legalidad como trámite previo para la aplicación del 155 de la Constitución con un contenido limitado y efectivo.

Por tanto, no era necesario suspender la Autonomía de Cataluña, sino avocar las competencias de las Consejerías directamente implicadas en la organización del referéndum. Y evidente situar a los Mossos bajo las ordenes directas de los cargos designados por el Ministerio del Interior, de acuerdo con su despliegue territorial, además de actuar como policía judicial en cumplimiento de las resoluciones de Tribunal, jueces y Fiscalía.

Hubiera sido más inteligente dejar que la farsa del referéndum todo a cien se cocinase en el ridículo de la urnas, papeleras de compresas de un mal bar de carretera y en la cuenta del recuento con resultado a ojo. Evidentemente levantado los Mossos acompañados de Policía y Guardia Civil, actas de identificación de los componentes de las mesas -que estaban accediendo ilegalmente a datos personales protegidos y suplantado a un autoridad electoral- y de los directores responsables de los Centros públicos que habían abierto las puertas. El espectáculo se descalificaba por sí solo y presentaba un Gobierno de Cataluña compuesto de actores de una opereta bufa.

A partir de ahora hay que resituar las posiciones  y ratificar que el Estado de Derecho no se desmonta con provocaciones y espectáculos pseudo democráticos vergonzantes.

Los constituyentes fueron previsores e incluyeron en el texto un artículo ante quienes incumplen manifiestamente sus obligaciones o causan  un daño al interés general. Con toda la tranquilidad de quien esta defendiendo la libertad, la democracia y el Estado de Derecho y toda la proporcionalidad que sea necesaria.

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