Turistas, go home

Mariano Rajoy ha declarado que “los ataques a los turistas son un disparate”. Sin duda. Pero esta declaración la puede hacer cualquiera en el café del trabajo o dando un paseo  por la playa. A un Presidente del Gobierno hay que pedirle algo más que una frase de tertulia de amigos en una noche de verano.

Lo que ha sucedido con los ataques a autobuses turísticos o a empresas turísticas por los radicales de la CUP y los rescoldos de los abertzales en San Sebastián no es un simple incidente, más o menos irrelevante, sino que se inserta en una corriente radical de extrema izquierda intolerante, racista y profundamente antidemocrática.

La legitimación de la violencia como medio de acción política que no se puede tolerar, tiene sus precedentes recientes en los escraches patrocinados por círculos de Podemos y acciones más intensas como la protagonizada por el concejal de Jaén de apellido  Bódalo que fue encarcelado.

La subdivisión de la izquierda en la política española se ha apoyado intelectualmente durante la crisis en dos premisas:1. El PSOE es parte de la casta y está deslegitimado para conseguir el cambio social.2.Es legítimo recurrir a la violencia como un instrumento más para revertir la situación política y combatir la crisis.

La contradicción de estas acciones violentas patrocinadas contra el turismo y turistas es que afectan básicamente al turismo mayorista, no al de gran lujo y a las pequeñas y medianas  empresas y sus trabajadores que orbitan a su alrededor.

En 2016 el turismo en España dejó 74.083 millones de euros de ingresos, con mas de 2,139 millones de trabajadores afiliados en actividades turísticas, lo que representa el 13 por ciento del total de puestos de trabajo de trabajo de la economía española. En porcentaje del PIB en el último año alcanzó el 11,1 por ciento del total.

Las cifras son lo suficientemente relevantes para que el Gobierno promueva una iniciativa legislativa que establezca una regulación básica y general  del sector, sustentada en la unidad de mercado y en su relevancia para el interés general. Las competencias de las CCAA no pueden  convertir  el turismo en un mosaico de taifas en el que Ayuntamientos y Comunidades imponen sus particulares restricciones y visiones.

La última normativa aprobada fue la Ley 13/2016 de Turismo de la Comunidad Autónoma del País Vasco que se apoya sorprendentemente en las directivas europeas relativas al servicio del  Mercado Interior sin una sola referencia a la legislación del Estado.

Las nuevas formas de alojamientos turísticos en viviendas particulares, ofertadas desde plataformas de internet, deben tener una respuesta regulatoria que ordene un fenómeno imparable, pero que no puede sustentarse en la opacidad fiscal y en el incumplimiento de normas urbanísticas y de convivencia en la propiedad horizontal.

Dotar de transparencia la oferta, limitar el número de días en que una vivienda residencial puede ser destinada a este fin y no generar una multiplicidad de nuevos registros inconexos, sino utilizar el registro de la propiedad que es de ámbito nacional para dotar de la necesaria publicidad y garantías a los derechos de todos los afectados.

Además, es necesario activar la adormecida Marca España que debe conseguir que cada turista que retorne a su país de origen sea un agente activo de los activos de España. Y desactivar al mismo tiempo las campañas de desinformación interesada promovidas reiteradamente por lobbys de competidores.

El Gobierno de Rajoy  y el Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital tienen  para septiembre la tarea de activar las políticas normativas y de coordinación necesarias entre las Administraciones Públicas.

¿Cuánto tiempo hace que no se reúne una Conferencia Sectorial del Turismo en España?

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