Justicia por puñetas

La dimisión del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, es la crónica de un cese anunciado. La presión no iba a cesar y la información de una propiedad en Madrid a nombre de una sociedad familiar radicada en Panamá ha sido la gota que ha precipitado su salida.

Como recordamos desde este observatorio, la mujer del César no solo tiene que ser honrada y si además tiene el patio revuelto y está inmersa en una  guerra corporativa en la Fiscalía Anticorrupción -las guerras corporativas son las más despiadadas- las apuestas sobre su salida del cargo casi no cotizaban.

El Gobierno, tanto en este caso como en el de expresidente de Murcia, ha actuado  con una negligente lentitud, ya que se pone en riesgo la gobernabilidad. Cuando han sonado las trompetas y se han soltado los perros en la cacería, hay que tener muy claro que la pieza va a resistir la carrera y se va  a salvar.

La política exige a veces tomar decisiones rápidas y favorecer que salten los cortafuegos. No cabe duda que hay abierta una brecha en la Justicia y el responsable del Ministerio debería tener preparadas medidas que desahoguen la presión exterior e interior que no favorece en nada ni al Presidente, ni al Gobierno.

En este contexto se enmarca la citación a Mariano Rajoy como testigo ante la Audiencia Nacional en el juicio del caso Gürtel.

La Sala ha tomado la decisión de que el Presidente testifique mediante su comparecencia personal y física y no ha aceptado la prueba testifical por video conferencia. Realmente la lectura del Auto -con algunos errores ortográficos en la utilización de minúsculas, Estado de Derecho  por ejemplo- no deja de sorprender por sus afirmaciones y excesos literarios.

La consideración de que Mariano Rajoy comparece como ciudadano y no como Presidente del Gobierno es inconsistente e irreal. El Tribunal debe pensar que la función del Presidente del Gobierno se ejerce en horario de oficina o que no hay  vinculación con su cargo. Lo cierto y probado es que no  han citado a testificar ni a todos los Presidentes del PP en los años coincidentes con hechos incorporados al sumario, ni a todos los Secretarios Generales de los mismos tiempos que tienen estatutariamente encomendada la función de ejecutar los acuerdos del Comité Ejecutivo, custodiar los documentos y redactar las actas de las reuniones. Más aun cuando no se juzga la responsabilidad penal del PP.

Causa una mayor sorpresa, después de citar al ciudadano Rajoy, la afirmación de que “el Tribunal  de la Audiencia Nacional se sitúa en el mismo plano en cuanto a los poderes del Estado que el ejecutivo…, en sana relación institucional”. Además de contradecirse con lo previamente expuesto, el Auto confunde el Poder Judicial, residenciado institucionalmente en el Consejo del Poder Judicial y representado por su Presidente que lo es también del Tribunal Supremo, con un Tribunal que integra la Jurisdicción penal.

La referencia a los mercados y otros foros en las campañas electorales y la valoración de la seguridad de la sede de la Audiencia Nacional que también refiere el Auto, es innecesaria e indudablemente ajena a cualquier fundamento jurídico. Solo hay que recordar al Tribunal que la comparecencia de ciudadanos, por seguir la misma terminología, en situación de internos en el sistema penitenciario, como los procesados Bárcenas y Granados, citados como testigos en otras causas, comparecieron por vídeo conferencia desde sus respectivo centros penitenciarios.

Le ha faltado explicar al Tribunal como en estos casos la comparecencia física  afectaba a la seguridad en la custodia de los internos y al mismo tiempo no dañaba los principios de inmediación y contradicción. Sería por el gasto del furgón policial.

Hay que pronosticar que la comparecencia del 26 de julio de poco servirá  para reforzar la percepción que de la Justicia tienen los ciudadanos y el epílogo será un circo mediático destinado a alimentar la derivada política. Y ello si no se producen los retrasos tan habituales que tienen lugar en la Audiencia Nacional en las pruebas testificales y le citan para otro día. El siglo XXI todavía no ha llegado a la Justicia.

Lo positivo es que Mariano Rajoy podrá solicitar tras su comparecencia al Secretario del Tribunal que le de un certificado de asistencia para justificar la ausencia de su lugar de trabajo. Y ya puesto, como ciudadano, debería llegar a la Audiencia Nacional en un Seat 600, conducido por él mismo.

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