Respondamos todos a los independentistas

Ciertamente, como dice el máster de sabuesos Marcello, el debate  político en España es una desolación que se mueve entre el absurdo y la irrelevancia, más propio de una comedia de Miguel Mihura que de un país europeo con una relevante historia.

Esta inconsistencia de los actores principales de la oposición sucede  mientras la canciller Merkel advierte que Europa no podrá contar con sus aliados de Estados Unidos y Gran Bretaña, tras la cumbre el G7 y la secuencia de atentados indiscriminados del yihadismo patentado por el Estado Islámico se cobra víctimas  teenagers en Manchester, generando una amenaza real y constante ante cualquier acontecimiento.

Empezando por la derecha geográfica de España, el espectáculo  de Puigdemont  y los conmilitones independentistas podría describirse como ridículo, si no fuera porque están jugando con la estabilidad del país y de tantos ciudadanos que viven, trabajan o tienen  a familiares, amigo o intereses en Cataluña. Empresarios, trabajadores,  funcionarios, profesionales, estudiantes, pensionistas o simplemente ciudadanos que observan con preocupación el modelo de ruptura que pretenden imponernos los independentistas, resultado de un ejercicio de acoso y descalificación a quienes no comparten su pretensión. Es radicalmente faso que haya una voluntad de diálogo en los secesionistas. Solo de imposición a los catalanes no independentistas y a todos los españoles.

Bajo la apariencia de un proceso sustentado en la voluntad democrática de los catalanes – sin mayoría acreditada- y en una Historia que se falsifica sistemáticamente, el independentismo sostiene parlamentariamente a Convergencia, el partido de Pujol y su familia, hoy disimulado bajo las siglas PD de Cat. La escalada independentista no  es más que el método para encubrir e indultar el saqueo estructurado que durante años se ha practicado en Cataluña, tolerado como peaje por su colaboración con la Constitución de 1978.Un colaboración que, cuando ha transcendido  la realidad de la corrupción que subyacía en el pacto catalán –nacionalismo sin terrorismo-, está rota.

El denominado proceso de Cataluña toma impulso con la reforma del Estatuto pactada por el  Gobierno del PSOE  presidido por Zapatero,  momento en el que se le aporta un contenido jurídico relevante cuando los socialistas dan su conformidad al principio de bilateralidad en la relación Estado-Cataluña. A partir de la aprobación de la reforma estatutaria,  los catalanes solo se reconocen como parte de España en base a una voluntad paccionada que es reversible y revisable.

Por tanto, la misma voluntad  puede iniciar el proceso de secesión que conduce a la desconexión.

Puigdemont y los independentistas solo reconocen al Gobierno de Rajoy capacidad para pactar la fecha del referéndum, el calendario de desconexión y el acuerdo de liquidación. Coreado por la prensa afín, la estrategia del independentismo  ha sido hábil: 1.Conseguir que se instale en la opinión pública la tesis de que se está larvando un choque de trenes imputable al tancredismo de Rajoy. 2. Relativizar cualquier otra cuestión de Gobierno o de corrupción en Cataluña en el marco independentista, bajo cuyo mantra todo se diluye.

Ambas premisas son pos verdades, es decir  corrupciones de la verdad.

El Gobierno de Rajoy ha respondido en una primera fase, con una estrategia jurídica exclusivamente preventiva. Y en esta legislatura, desposeído de la mayoría absoluta, con un intento acercamiento político, reflejado en las reuniones de la Vicepresidenta con el líder de ERC, Oriol Junquera, la mano que mece la cuna. En los dos momentos el Gobierno ha protegido los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos catalanes  – al borde de una autentica suspensión de pagos- a través de las líneas de financiación del Fondo de liquidez Autonómico.

El  reto del listón de los independentistas va subiendo cada cierto tiempo para mantener el encendido el fuego purificador. No podía ser de otra manera. Ello contribuye a mantener el riesgo de la estabilidad política y perjudica a todo el país, no solo a Cataluña. Un riesgo que podría hacer descarrilar la recuperación económica que es una realidad afortunadamente en términos de empleo, de financiación y de entrada de capitales.

El desvarío independentista nos concierne a todos, no solo a los catalanes. Todos tenemos una cuota de propiedad en Cataluña. La iniciativa del Gobierno de Rajoy  de invitar  Puigdemont a un debate en el Congreso de los Diputados es muy acertada y debería darle continuidad e impulsar  la propuesta.

Un debate en el Congreso, en la sede de la soberanía popular, con Puigdemont o sin él, sobre el reto independentista de Cataluña, sería la primera respuesta que las Instituciones del  Estado  deberían dar. Impulsar la implicación de toda la sociedad civil en la respuesta. No solo la de los empresarios catalanes.

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