La Justicia no es un cachondeo

La justicia chirría nuevamente como las vías al paso de un viejo tren. Los esfuerzos, hay que presumir que son sinceros, del Gobierno por reforzar la independencia, la neutralidad, la modernización y la profesionalidad de las estructuras funcionales y personales de la Justicia son por ahora un fracaso.

El fuego reavivado de la corrupción y al socaire de las actuaciones judiciales y de la Fiscalía, ha desatado una tormenta mediática y política, sustentada en la filtración de las grabaciones de las intervenciones telefónicas de los investigados. Una palabra, la de investigado, que fue incorporada en la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con la finalidad de reforzar el principio de presunción de inocencia y las garantías constitucionales. La realidad es que con las conversaciones intervenidas incorporadas al sumario publicado en los medios, la sentencia del pueblo ya se ha dictado y solo queda un largo camino para que el Tribunal fije la pena.

Los procesos por corrupción política compiten entre sí y se suceden las filtraciones dosificadas en los medios de comunicación que pescan en el, sin duda existente, mercado de compraventa de filtraciones de sumarios declarados secretos y en los que intervienen funcionarios públicos judiciales y policiales obligados por los deberes de reserva, secreto y fidelidad en la custodia de documentos.

¿Es tan difícil mantener fuera de los medios de comunicación  algo tan sensible como una investigación policial o el contenido de un sumario en beneficio del propio sumario y de la Administración de Justicia? Si además las asociaciones de jueces y fiscales responden simétricamente, según quien gobierne, al binomio Gobierno versus oposición, no cabe la menor duda que los procesos judiciales se han convertido desafortunadamente en una extensión de la confrontación política.

Se equivocan los jueces y fiscales que propagan el fuego -alguna fiscal tiene ya ganado el puesto de tertuliana-ya que perjudican gravemente a su función institucional y su valoración por la sociedad. Y se equivoca el Gobierno si piensa que el fuego se apagará solo, porque la mujer del Cesar además de ser honesta, debe parecerlo.

En la Fiscalía Anticorrupción hay desatada una lucha interna en la que concurren un alto componente corporativo y de intereses personales que ponen en solfa su organización jerárquica, cuyo ejercicio no es incompatible con la independencia profesional de cada fiscal.

Lo cierto es que el último fiscal Jefe de Anticorrupción, Antonio Salinas, ejerció su cargo y su autoridad sin polémicas. Nadie discutió ni su independencia política ni su competencia profesional. El  nombramiento de Manuel Moix o más bien las filtraciones de las escuchas del sumario Lezo, unido a la contestación interna de sus subordinados, le han colocado en una difícil situación.

Que algunos investigados hagan cábalas sobre el Fiscal Anticorrupción es un ejercicio inútil e incluso contraproducente para él mismo, vista la secuencia de las posteriores decisiones judiciales. Pero lo que sí es relevante es la previa participación  de jueces y fiscales en cargos políticos y su posterior intervención en procesos judiciales que afectan a miembros de los Gobiernos que les nombraron. Sea en Andalucía – el Magistrado incorporado al caso de los ERES fue secretario general de la Junta-, en Madrid o en Cataluña.

 Esta circunstancia que entra de lleno en las causas de abstención y recusación, está pendiente de una reforma legal que clarifique la reincorporación a su condición de juez o fiscal de ex cargos políticos y  tendrá, necesariamente que imponer restricciones en los destinos del funcionario público

En cualquier caso, intentar demostrar que hay una actuación concertada del Gobierno para proteger asuntos de corrupción del pasado de “los otros”  mediante nombramientos ad hoc, es una conclusión absurda para todos los que conozcan algo el funcionamiento de la Justicia, en la que los poderes y contrapesos internos se neutralizan naturalmente. Y más si se hace un repaso de los actores políticos investigados y del ADN  de Mariano Rajoy que rehúye los líos más que un gato escaldado.

El Ministerio de Justicia que no tiene otra competencia en el Poder Judicial que la propuesta de la iniciativa legislativa y la presupuestaria de dotación de los Cuerpos de funcionarios públicos, tendrá que hacer más pedagogía y reiterar que la Justicia se hace en los Juzgados y Tribunales. Con una independencia incuestionable, aunque en unos tiempos de duración inaceptables.

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