Partidos nuevos, congresos viejos

El 12 de febrero se celebrará el acto final de los Congresos del PP y de Podemos, coincidentes por la decisión de Pablo Iglesias de contra programar la reelección de Mariano Rajoy. Lo que no estaba previsto en la agenda de Iglesias era la bronca pública con Iñigo Errejón durante más de dos meses que ha amenizado las vacaciones parlamentarias.

La contra programación al PP se ha organizado con una sesión doble: primero por Pedro Sánchez que continúa aportando documentales bajo el título “Dando vueltas por España” y después por Iglesias y Errejón en un remake de “Dos hombres y un destino” con la producción cañí de La Tuerka. En el PP debe haber un empacho de palomitas.

Ciudadanos también ha celebrado su Congreso en la primera semana de febrero en el que ha fijado dos posiciones estratégicas: la definición ideológica como liberales progresistas y la decisión de entrar en los gobiernos en el plazo de dos años. Lo demás tratado por los militantes de Ciudadanos no ha servido más que para confirmar a su líder Albert Rivera, candidato único y ratificar el control absoluto de la organización con el voto favorable del noventa por ciento de los asistentes.

Los nuevos partidos han repetido tanto que venían a hacer una nueva política y a sustituir los vicios y malos modos de los viejos partidos que los españoles estábamos expectantes en comprobar el cambio en el comportamiento de sus organizaciones. De momento no hay nada nuevo: pugna por la acumulación de poder interno con un liderazgo hipertrofiado, esterilidad ideológica y nula confrontación de ideas, en un escenario preparado para el marketing publicitario sin ningún destello imaginativo. Más de lo mismo y nada nuevo bajo el cielo de un febrero desapacible.

La corrección ideológica de Ciudadanos, desplazándose desde la social democracia españolista al liberalismo progresista, sería un ejercicio interesante si se ratificase con un comportamiento político consecuente en los parlamentos en los que tiene representación. Y sobre todo si mantuviera siempre el mismo orden de los factores. Cuando habla para el ABC dice que es liberal y no apoya la subida de impuestos. Y cuando contesta a la SER se define progresista, liberal y constitucionalista, se supone que todos los partidos consideran necesaria una Constitución en el vértice del ordenamiento jurídico.

Por el momento, Ciudadanos no tiene otras acreditaciones que su posición estimable en Cataluña, donde ha hecho visible la defensa de los derechos de los ciudadanos que estaban acosados y arrinconados por nacionalistas e independentistas.

Fuera de Cataluña, es un partido con una limitada implantación territorial que hace valor su equidistancia de PP y PSOE en Andalucía y Madrid. Desde una tercera vía poco elaborada, reivindica y se atribuye un electorado joven, la defensa de las clases medias y la figura de Adolfo Suárez, en un ejercicio excesivo de auto estima. Ni hoy son reproducibles las excepcionales circunstancias históricas de la Transición, ni la figura de Albert Rivera y sus acompañantes es comparable con la de Adolfo Suárez y los cuadros políticos de la extinta UCD.

Cuando se pretende situar un partido en la ideología liberal, lo primero que hay que reclamar una estructura que proteja la discrepancia, no que la ahogue y, después, tener claro que el liberalismo se basa en los indeclinables derechos del individuo que no pueden ceder ni frente al colectivismo social ni frente a la razón de Estado, amparada por la apelación al interés público que unos pocos definen a su medida.

Liberalismo real y efectivo lo hay en EEUU cuando un juez suspende una orden ejecutiva del presidente Trump en 48 horas, lo que constituye un ejemplo para el sistema judicial español cuya velocidad de respuesta está a una distancia sideral.

Albert Rivera debería leer a Tocqueville, “La Democracia en América” y comprobar los orígenes de un sistema político que siendo federal y respetando la diversidad de los Estados no cuestiona el valor de su unidad, su bandera y la independencia de sus instituciones.

Y donde un Presidente elegido por el pueblo puede ser juzgado políticamente mediante el procedimiento del impeachment.

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