Cuarenta y cinco días en Madrid

Cuando vamos a cumplir cuarenta y cinco días desde el 20 de junio, cuando todavía están pendientes los grupos parlamentarios de distribuirse los pupitres del Congreso -los niños lo resuelven el primer día de clase-, Albert Rivera ha tenido una idea y le otorgará su apoyo a la investidura de Rajoy si pone su firma en el documento de las seis condiciones.

Previamente Maroto, de guardia esta semana en Génova, lanza el mensaje de que el PP “está dispuesto a ofrecer a todo” al líder de Ciudadanos. La negociación, en política o fuera de la política es la búsqueda de puntos de acuerdo intermedios y no parece razonable que la cuota menor reclame todo el precio de la transacción. Al menos no se hace así en las democracias avanzadas de Europa cuando es necesario acordar una coalición.

Pero estamos en el lenguaje de la ocultación y la ambivalencia. El partido bisagra, Ciudadanos, practica el escapismo y el escaparatismo, con una retórica que a los ciudadanos reales produce hastío y aburrimiento.

Las condiciones que propone-impone Rivera, según dice para la regeneración, responden al pasado y a un estado de opinión ya descontado: hoy por hoy no hay político que resista la presión social en su escaño o en su cargo tras ser imputado, hoy investigado. Y con la limitación de mandatos, a qué se refiere Rivera: a los cargos en el partido, a la condición de diputados y senadores -algunos tienen más trienios que el Tato- o a los cargos en los Gobiernos.

La supresión o reducción de los aforamientos también es una vieja demanda que se impone por la pura lógica y debería quedar reducida a los miembros de los gobiernos en relación con hechos realizados y acuerdos adoptados en el ejercicio de sus cargos, a fin de evitar querellas vacías y de pura finalidad política.

Carece sin duda de sentido el suplicatorio previo exigido para investigar a diputados y senadores y el aforamiento de acompañamiento ante el Tribunal Supremo. Y es un exceso el privilegio concedido a diputados de las Comunidades Autónomas que solo pueden ser juzgados por los Tribunales Superiores de Justicia.

El principio del juez ordinario y la no alteración de la competencia legal procesal, constituyen normas básicas de la justicia en un Estado de Derecho

Por mucho que lo adorne y hay que reconocer a Rivera una cierta capacidad para llenar con casi nada el espacio de la comunicación, hay que afirmar que el esfuerzo intelectual e imaginativo de Ciudadanos es bastante corto y lo único que tiene sentido es la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Una reforma que si quiere ser real y profunda exige una previa reforma constitucional, ya que los artículos 68 y 69 de la Constitución disponen para el Congreso un sistema de representación proporcional, sin decantarse por la aplicación de la ley D’Hont o otro sistema proporcional puro y fijan la provincia como circunscripción electoral. La composición del Senado y su sistema electoral también tiene sustento constitucional.

Por tanto, o reforma constitucional que tiene sus mayorías, procedimientos y tiempos o un simple maquillaje que sustituya el actual sistema ideado por el belga Victor D’Hont en 1878, por un modelo alternativo que respete la proporcionalidad.

Albert Rivera, donde ha metido el estoque hasta el corvejón es en el punto la Comisión de investigación Bárcenas o, literalmente, de la financiación ilegal del Partido Popular. Un herida no cerrada, en sede judicial, de la prehistoria política y que Ciudadanos en sintonía con el PSOE no quiere que cicatrice

A estas alturas y con unas actuaciones sumariales que desembocaran en los próximos juicios de los casos Bárcenas y Gürtel, en los que habrá leña, morbo y primeras planas, Ciudadanos pretende azuzar el fuego con una Comisión que será tan inoperante como la de los ERE en el Parlamento andaluz.

Si no ha sido posible hacerle a Rajoy una moción de censura por el PSOE y C’s en la investidura tras las elecciones, no hay que perder la oportunidad de recrearla en la Comisión de Investigación y recordarle que no es decente y tiene que salir de la política.

La impresión de toda esta estrategia es que seguimos en el juego que solo busca el objetivo de cortar la cabeza política de Rajoy o dilatar el proceso de investidura para que los juicios de la Gürtel y del caso Bárcenas entren en carga y disparen el mecanismo de eyección del líder popular.

Lo evidente es que una investidura sin una agenda política concertada de contenido económico fundamentalmente y que además pueda contemplar también una reforma institucional con contenido constitucional en el cierre de la legislatura -que incluya la cuestión electoral, la territorial y los ajustes que eliminen para el futuro la situación actual de bloqueo político – no es sino una investidura en vacío y un viaje a ninguna parte.

El país de la política vive al ritmo del mes agosto y la situación sigue reflejando una incapacidad de concertación real para gobernar sin mayoría.

Como sucede con la distribución de escaños en el Congreso, este país continúa en pre-escolar.

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